GOLPE DE ESTADO

Militares advierten a manifestantes en Myanmar que podrían recibir disparos en la cabeza

Una transmisión en el canal de noticias MRTV dirigida a los manifestantes dijo: "Deben saber (...) que pueden estar en peligro de recibir un disparo en la cabeza y la espalda".

Los manifestantes sostienen carteles de apoyo al Movimiento de Desobediencia Civil (MDL) en una movilización contra el golpe militar en Myanmar. Foto: AFP.
Los manifestantes sostienen carteles de apoyo al Movimiento de Desobediencia Civil (MDL) en una movilización contra el golpe militar en Myanmar. Foto: AFP.

La junta militar de Myanmar advirtió de que sus fuerzas podrían disparar a los manifestantes en la cabeza, según la televisión estatal, en momentos en que activistas antigolpe han llamado a una gran demostración de desafío el sábado en el Día de las Fuerzas Armadas del país.

Una transmisión en el canal de noticias MRTV dirigida a los manifestantes dijo: "Deben saber (...) que pueden estar en peligro de recibir un disparo en la cabeza y la espalda".

Al menos 320 personas han muerto en semanas de disturbios desde que los militares tomaron el poder el 1 de febrero, según cifras de la noche del jueves del grupo activista Asociación de Asistencia a Prisioneros Políticos (AAPP).

Sus datos muestran que al menos el 25% de los que murieron recibieron disparos en la cabeza, lo que generó sospechas de que fueron deliberadamente un blanco para matar.

La represión violenta de las protestas continuó este viernes, con al menos tres muertos en las últimas horas tras la sangrienta jornada de la víspera, en la que murieron 12 civiles en varias ciudades del país, según el recuento del diario digital Myanmar Now.

La primera víctima mortal ocurrió el 8 de febrero, pero la mayoría de las muertes se produjeron en el mes de marzo, principalmente el día 14, cuando fallecieron al menos 78 en la jornada más sangrienta hasta el momento.

La víctima más joven es la niña de 7 años que murió tras ser alcanzada en el estómago por un disparo de los uniformados que invadieron su vivienda en Mandalay el pasado martes.

A pesar de la represión, los birmanos continúan saliendo a diario a las calles para protestar contra la junta militar y pedir la liberación de los líderes detenidos, incluida la jefa del Gobierno depuesto y Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi.

Sanciones contra los intereses birmanos

Como parte de la respuesta internacional a la brutalidad de la Junta, Estados Unidos y Reino Unido anunciaron el jueves nuevas sanciones contra intereses militares birmanos.

El Departamento del Tesoro de EE.UU. sancionó a los enormes conglomerados Myanmar Economic Holding Limited (MEHL) y Myanmar Economic Corporation (MEC), que incluye firmas locales de transporte, turismo, tabaco y minería, entre otros sectores, y que están controlados por los jefes castrenses birmanos.

En una acción coordinada, el Reino Unido anunció sanciones contra el conglomerado de empresas birmano MEC "con el objetivo de cerrar las fuentes de financiación" de la junta militar "para sus campañas de represión contra civiles".

Las medidas de Washington y Londres llegaron después de que la Unión Europea aprobara el pasado lunes sancionar a 11 personas relacionadas con el golpe de Estado, entre ellas al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Min Aung Hlaing.

Las sanciones fueron celebradas por el llamado gobierno civil birmano, formado por cargos electos depuestos por la junta militar, que agradecieron el gesto, pero fueron criticadas por el relator especial de la ONU, Tom Andrews, por su escasa contundencia.

Andrews, advirtió este jueves de que el alcance de la respuesta internacional al golpe militar "no están a la altura de lo que se requiere para evitar una crisis cada vez más profunda".

"Las limitadas sanciones impuestas por los Estados miembros no cortan el acceso de la junta a los ingresos que ayudan a sostener sus actividades ilegales, y la lentitud de la diplomacia no está en sintonía con la gravedad de la crisis", apuntó Andrews en un comunicado.

Los uniformados justifican el golpe por un supuesto fraude electoral en los comicios del pasado noviembre, en los que arrasó el partido de Suu Kyi, como ya hiciera en 2015. Las elecciones fueron consideradas legítimas por los observadores internacionales.

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