Cada día, cerca de 400 uruguayos solicitan desde España el certificado de Antecedentes Judiciales (de buena conducta), documento que presentarán ante las autoridades de ese país para ampararse al proceso de regularización de ilegales que comienza el 7 de febrero y se extiende por 90 días.
"Estamos desbordados por una demanda extraordinaria", reconoció ayer a El País el Ins. Mayor Washington Curbelo, subdirector de Policía Técnica, organismo encargado de expedir los certificados. Curbelo agregó que las solicitudes comenzaron a crecen en los primeros días de enero y continúan en aumento.
Pese al incremento y a que se presenta en una "época de licencias", el jerarca aseguró que hasta el momento no han tenido "graves inconvenientes" para procesar el trabajo.
En los últimos días hubo una reunión entre los tres organismos públicos afectados por la demanda: la Dirección de Asuntos Consulares de la Cancillería (DAC), Dirección Nacional de Identificación Civil (DNIC) y Policía Técnica. Asistentes al encuentro aseguraron a El País que el encuentro se realizó "para unificar los criterios" en cuanto a la expedición.
Si bien el documento lo otorga Policía Técnica, para los casos en que se tramita desde el exterior también participan la DACC y DNIC como receptor del pedido y certificador de huellas respectivamente (ver nota aparte).
Diversas fuentes reconocieron que la demanda ha tomado por sorpresa a los actores y en los primeros días reinaba la confusión en cuanto a la complejidad del trámite.
CONSULADOS. Algo similar sucede con la mayoría de los países latinoamericanos, cuyos consulados en Madrid y otros ciudades españolas han "colapsado" por la afluencia de interesados en tramitar el certificado.
"Miles de inmigrantes "sin papeles" hacen cola día y noche ante los consulados extranjeros en España para obtener el certificado de antecedentes penales de su país de origen", informó ayer el periódico El País de Madrid.
El documento es imprescindible para que los empresarios, patrones de los inmigrantes, puedan tramitar la regularización. Además, del certificado de buena conducta debe presentarse contrato de trabajo y constancia de arribo a España antes del 7 de agosto de 2004.
Ante los diversos problemas que han tenido los consulados, el gobierno español decidió admitir una constancia de solicitud del certificado de buena conducta para iniciar la regularación. Será aceptada la solicitud siempre y cuando presenten el certificado definitivo en un plazo no superior a 15 días.
El caso más llamativo es el de Ecuador, de donde procede la tercera parte de los inmigrantes que viven en España. El embajador de ese país, Francisco Carrión, ha anunciado la llegada de un cónsul general y tres vicecónsules, la contratación de 12 administrativos y la ampliación del horario de atención al público. A pesar de ese esfuerzo, las colas son cada vez más largas, tanto frente al consulado de Madrid como al de Barcelona, donde por ahora sólo disponen de cuatro funcionarios.
Otro caso crítico es el de la representación consular de Marruecos en España. El presidente de la Asociación de Trabajadores Inmigrantes Marroquíes en España (ATIME), Mustafá El Mirabet, declaró indignado: "La ley marroquí dice que el certificado debe ser solicitado en Marruecos por el interesado en persona. Pero como existe gran demanda, algunos consulados, como el de Madrid, lo expiden en España. Otros sólo emiten poderes autorizando a familiares para que lo recojan en Marruecos".
Movimiento en Madrid
Contrastando con lo ocurrido en delegaciones diplomáticas de otros países, no se han formado aglomeraciones de gente en el Consulado de Uruguay en Madrid. "Hay gente haciendo consultas y se nota movimiento en las cercanías de la sede, pero no se forman colas", dijo a El País Ernesto Maidana, inmigrante uruguayo en la capital española.
Por su parte Juan Sotelo, al igual que Maidana integrante del Centro Uruguayo en Madrid, señaló que por información o inicio de trámites por el certificado de buena conducta, "se acercarán unas 15 personas por día al consulado". El costo de comenzar el trámite en España es de 61 euros más el costo de validar la documentación en Uruguay.
Sin embargo, Maidana señaló que muchos están tratando de conseguir el certificado sin pasar por el consulado, a través de amigos o familiares en Montevideo.
Tramite
Básicamente, hay dos maneras de tramitar el certificado de Antecedentes Judiciales o de buena conducta desde exterior.
Una posiblidad es que el interesado se presente ante el consulado uruguayo a que certifiquen la validez de su documento de identidad y sus huellas digitales. Luego, vía correo tradicional, esa información es enviada a un familiar o apoderado en Uruguay, que inicia los trámites directamente en Policía Técnica. De allí el documento pasa a la Dirección de Asuntos Consulares que certifica su validez para el exterior y entonces puede ser enviado al solicitante.
Otra posiblidad es que el solicitante delegue en el familiar en Uruguay todo el trámite. Con el número de cédula de identidad. la persona se presenta ante Policía Técnica y este organismo pide a la Dirección Nacional de Identificación Civil (DNIC) las huellas digitales del inmigrante. A partir de allí, el trámite toma el mismo rumbo que en la vía anterior.
El certificado de buena conducta sólo se otorga a personas que no tengan "causas abiertas" con la Justicia uruguaya.