PARÍS | Cada tres semanas, Nicolas Sarkozy organiza reuniones en El Elíseo para preparar la remontada electoral de cara a las presidenciales de 2012. El Ejecutivo ha puesto en marcha la máquina, al anunciar una serie de medidas destinadas a luchar contra la delincuencia. El mandatario no ha dudado en mezclar los temas de seguridad ciudadana e inmigración, dos temáticas muy populares entre el electorado de la extrema derecha. La ofensiva ha provocado la indignación de muchos, pero los primeros sondeos apuntan a una remonta en la popularidad del presidente.
El viernes, varios miembros del partido gubernamental han tenido que salir a defenderse de las últimas críticas, articuladas esta vez por el Comité de la Naciones Unidas para la eliminación de la Discriminación Racial, que esta semana ha analizado la situación de Francia.
En concreto, en el centro de las críticas del comité se encontraba la política del gobierno con la comunidad gitana, en particular con los alrededor de 15.000 de origen extranjero. Las anunció el ministro del Interior, Brice Hortefeux, en respuesta a los disturbios registrados en Saint-Aignan tras la muerte de un joven gitano a manos de la policía. Hortefeux prometió desmantelar unos 300 poblados ilegales de romaníes en tres meses, la mayoría habitados por rumanos y búlgaros, y la expulsión "casi inmediata" de todos los que hubieran cometido delitos.
Dos días más tarde, el presidente anunciaba en Grenoble -escenario de otros disturbios y también a consecuencia de la muerte de un joven-, otra batería de medidas, entre las cuales, su intención de modificar la ley para poder retirar la ciudadanía a los franceses nacionalizados que atenten contra algún representante de la autoridad pública. El proyecto, denunciado como anticonstitucional por las asociaciones de Derechos Humanos, será debatido en septiembre en la Asamblea Nacional. EL PAÍS DE MADRID