Mañana en La Haya

La Haya - La Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya examinará mañana y el viernes las medidas cautelares presentadas por Argentina para suspender las obras de construcción de las plantas de celulosa de Botnia y ENCE en Fray Bentos.

Durante dos días, representantes de los dos países sudamericanos explicarán ante 15 expertos de este tribunal.

En esta ocasión, la CIJ deberá decidir únicamente si debe paralizarse la construcción de las dos plantas de celulosa, con el fin de realizar un estudio profundo sobre el impacto medioambiental que provocarían.

Sólo después, la Corte entrará en el tema de fondo: la demanda argentina basada en la supuesta violación por parte de Uruguay del estatuto del Río Uruguay de 1975, un proceso jurídico que podría durar unos cuatro años.

Argentina decidió en mayo llevar este conflicto ante el tribunal de La Haya, un organismo creado hace 60 años para resolver los diferendos entre los Estados, en vista del total fracaso de las negociaciones bilaterales en esta crisis que enturbió gravemente las relaciones en el Mercosur.

Los expertos argentinos, dirigidos por la consejera legal de la Cancillería, Susana Ruiz Cerutti, intentarán demostrar ante la CIJ el poder contaminante de estas fábricas. No obstante, a media voz, fuentes diplomáticas de este país reconocen la dificultad de que la CIJ se pronuncie a favor de esta medida cautelar.

Mañana, cada país dispone de tres horas para exponer sus argumentos ante el tribunal y el viernes, otras dos. La decisión de la CIJ sólo se dará a conocer a mediados o finales de julio.

Según Argentina, "si la construcción de las papeleras continúa, la situación sería irreversible y Uruguay presentaría ante la CIJ los hechos consumados" cuando el tribunal estudie el caso.

Para el embajador uruguayo en Francia, Héctor Gros Espiell, encargado de la defensa de su país ante la CIJ, su país "siempre" ha respetado el medio ambiente y ha previsto que en estas fábricas se apliquen las técnicas más modernas con el fin de no ensuciar las aguas del río.

"Uruguay sostendrá que estas medidas cautelares no corresponden. Creemos que las obras no entrañan ningún peligro ni violan ningún derecho de forma irreversible. Además, sólo están empezando y la contaminación es imposible", estimó a la AFP.

Sin embargo, para Argentina, la construcción de las papeleras viola el estatuto del Río Uruguay que estipula la utilización racional y eficaz del río, la conservación, utilización y explotación de sus recursos naturales, y la prevención de la contaminación.

Según los expertos de Buenos Aires, estas fábricas, situadas frente a la ciudad argentina de Gualeguaychú, afectarán negativamente a una población de más de 300.000 personas.

"Económica y socialmente, para mi país esta inversión significará un impulso y un paso adelante en la lucha contra la pobreza y el desempleo. Uruguay tiene derecho a desarrollarse", se defendió Gros Espiell.

La CIJ, organismo solicitado a menudo por la ONU para dar consejos sobre cuestiones jurídicas, emite veredictos definitivos que no se pueden apelar. Sin embargo, el tribunal no tiene los medios de obligar a los países a que los apliquen.

En base a AFP