AFP, EFE
La Corte Penal Internacional (CPI) autorizó ayer martes a su fiscal a reanudar la investigación sobre crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela durante el régimen de Nicolás Maduro.

El régimen venezolano sostiene que las denuncias de violaciones de derechos humanos registradas desde 2017, cuando manifestaciones antigubernamentales dejaron más de un centenar de muertos, deben dirimirse en el marco de su propio sistema judicial.

Sin embargo, La CPI, con sede en La Haya, indicó que si bien “Venezuela está realizando algunas diligencias de investigación, sus procesos penales nacionales no reflejan suficientemente el alcance de la investigación prevista por la Fiscalía”.

Los jueces, por tanto, decidieron autorizar a fiscal Karim Khan a reanudar la investigación sobre la situación en Venezuela.

“En cuanto a los factores que la Sala consideró determinantes para su conclusión, encontró que Venezuela no parece estar investigando las alegaciones fácticas que subyacen a los elementos contextuales de los crímenes de lesa humanidad”, señala el comunicado de la CPI.

“Las investigaciones nacionales en general parecen centrarse en los perpetradores directos y/o de rango inferior”, agrega.

El texto también apunta que “Venezuela parece haber tomado medidas de investigación limitadas” y que en muchos casos “parece haber períodos inexplicables de inactividad investigativa”.

Activistas en Venezuela celebraron la decisión de la CPI. Alí Daniels, director de la ONG Acceso a la Justicia, la calificó en Twitter como “una victoria para las víctimas”.

“Las víctimas de los crímenes siguen exigiendo justicia ante la impunidad del sistema nacional venezolano”, expresó por su parte un mensaje de Provea, otra ONG de derechos humanos.

Por su lado, el régimen de Venezuela manifestó su desacuerdo con la decisión de la CPI de autorizar la reanudación de la investigación por crímenes de lesa humanidad.

Venezuela “manifiesta su desacuerdo con la decisión adoptada por la Sala de Cuestiones Preliminares” y “recurrirá esta decisión (…) al tiempo que continuará haciendo uso de las acciones previstas en el Estatuto de Roma”, dice un comunicado del Gobierno venezolano.

Según el estatuto de Roma, tratado fundacional de la CPI, un Estado miembro puede oficialmente pedir que el fiscal de la CPI se ciña a la investigación del Estado en su propio territorio.

El régimen insistió en que existe una estrategia, liderada por Estados Unidos, que busca “instrumentalizar los mecanismos de la justicia penal internacional con fines políticos”, para sacar del poder al presidente Nicolás Maduro.

En el escrito, difundido por la Cancillería venezolana, el régimen “lamenta que esta decisión se preste para alentar y contribuir con esta maniobra, que claramente desnaturaliza la razón de ser de la CPI y mina su credibilidad como organismo de justicia internacional, a pesar de toda la información que ha sido puesta a su disposición”.

La justicia venezolana inculpó y condenó a agentes de las fuerzas del orden por la muerte de manifestantes durante las movilizaciones de 2017 y otras violaciones de derechos humanos, pero los opositores al régimen de Maduro consideran que esas medidas fueron tomadas únicamente para evitar un proceso ante la CPI.

En noviembre de 2021, en Caracas, el procurador de la CPI anunció al lado de Maduro que pasaba de una investigación preliminar abierta en 2018 a una investigación formal.

“Esta conclusión no impide que Venezuela proporcione material en el futuro para permitir que la Fiscalía o la Sala determinen la inadmisibilidad sobre la base de la complementariedad”, puntualiza el comunicado de la CPI.

La Sala estuvo integrada por los jueces Péter Kovács como presidente, Reine Adélaïde Sophie Alapini-Gansou y María del Socorro Flores Liera.