TENSIÓN

La Justicia de Bolivia decidió anoche enviar a la expresidenta interina Jeanine Áñez y a sus exministros Álvaro Coímbra, de Justicia, y Rodrigo Guzmán, de Energía, a prisión preventiva durante cuatro meses bajo la acusación de dar un golpe de Estado, en 2019, contra el exmandatario Evo Morales.

La Fiscalía había solicitado ayer domingo seis meses de cárcel preventiva para Áñez, por el caso en el que también se la acusa de “sedición, terrorismo y conspiración”, en la crisis de 2019 a raíz de las fallidas elecciones que derivaron en la renuncia de Morales.

Pero, en definitiva, la Justicia optó por procesarla con una pena de cuatro meses de prisión

Áñez, de 53 años, fue detenida el sábado en la ciudad de Trinidad, capital del departamento amazónico de Beni (noreste), después de sus dos ministros de Justicia, Álvaro Coímbra, y de Energía, Rodrigo Guzmán, los tres denunciados por sedición, terrorismo y conspiración.

Tres fiscales firmaron la imputación para la aplicación “de medidas cautelares consistente en la detención preventiva [...] por el tiempo de seis meses” en cárceles de La Paz, dice el documento divulgado.

Áñez, abogada, política y expresentadora de televisión, permanece detenida en un cuartel de la policía desde el sábado tras ser detenida mientras se escondía en un baúl en la casa de un familiar. La rocambolesca y sorpresiva detención se produjo en Trinidad, 600 km noreste de La Paz, donde residía.

En este operativo policial que dirigió el ministro de Gobierno (Interior), Eduardo del Castillo, arrestaron en la misma ciudad a los dos exministros y fueron trasladados en avión a La Paz el sábado de madrugada.

El nombre de Áñez, que dejó el poder en noviembre, figura en una denuncia que hizo en diciembre la exdiputada del gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS) Lidia Patty contra el líder cívico de la rica región de Santa Cruz, el derechista Luis Fernando Camacho, gobernador electo del departamento en las recientes elecciones locales.

La imputación formal de la Fiscalía, de 17 páginas, precisa que Áñez y sus dos ministros deben ser detenidos de manera preventiva por seis meses, mientras prosigue la investigación y se buscan a otras personas implicadas en este caso.

El documento señala que estas detenciones se enmarcan en una supuesta conspiración para llevar a cabo “un presunto golpe de Estado” desde el 21 de octubre de 2019, tres días después de las elecciones presidenciales calificadas de fraudulentas en favor del expresidente izquierdista Evo Morales, que tras 14 años en el poder buscaba un cuarto mandato.

En la demanda figuran cinco exministros de Áñez, y jefes policiales y militares y civiles, sobre quienes pesan órdenes de captura.

Mientras, la influyente Conferencia Episcopal de Bolivia exigió “la inmediata puesta en libertad de los detenidos”. Y acotó que como institución no pueden “permanecer pasivos, mientras se persigue a ciudadanos que han servido a Bolivia, con sus limitaciones, en difíciles momentos de su historia y buscando caminos de pacificación”.

La detención de Áñez fue rechazada en bloque por los principales partidos opositores, que niegan que haya habido un golpe de Estado en noviembre de 2019. Arguyen que hubo primero una reacción popular contra los resultados de las elecciones presidenciales, debido a los señalamientos de un supuesto fraude.

Las protestas derivaron en un motín policial y en un pedido de las Fuerzas Armadas para que Morales diera un paso al costado, lo que obligó al mandatario a dimitir y a salir exiliado a México, antes de trasladarse a Argentina como refugiado. Áñez, entonces segunda vicepresidenta del Senado, asumió la presidencia.

La detención de Jeanine Áñez divide a Bolivia entre los que ven esta situación como una persecución política y los oficialistas, del lado de las víctimas de la crisis de 2019 que forzó la renuncia de Evo Morales a la presidencia, que consideran que se está haciendo justicia.

Áñez consideró que su detención obedece a un “amedrentamiento político” promovido por el partido oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) del presidente Luis Arce y de Evo Morales (2006-2019).

Carolina Rivera, hija de la expresidenta, dijo que lo que se ha hecho con su madre “es un abuso, una injusticia lo que hace el Gobierno del MAS, que es tan autoritario”.

La presidenta de la Asociación de Víctimas de la Zona Sur, Frida Conde, señaló que espera que Áñez “pague por todo lo que ha hecho y ahora le espera un proceso largo”.

El expresidente Carlos Mesa (2003-2005) y líder del mayor partido opositor dijo que con las detenciones se busca “legitimar el fraude”.

Con información de EFE