Juez argentino ordenó libertad de ex represores bajo arresto

BUENOS AIRES | AFP

El juez argentino Rodolfo Canicoba Corral dispuso la libertad de 39 militares y un civil detenidos a fines de julio acusados de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, luego de que el gobierno de España desistió de pedir su extradición.

"He ordenado la libertad de todos aquellos que estén en condiciones de ser liberados, esto es, que no registren orden de captura de otro tribunal, en cuyo caso deberían ser puestos a disposición de estos jueces que los requieran", dijo el magistrado a los periodistas que desde tempranas horas hacían guardia frente al edificio de Tribunales.

En cuanto a los que ya estaban detenidos por otras causas, el juez precisó que quedan a disposición de los magistrados, como el caso de los ex dictadores Jorge Videla y Emilio Massera, y el general de división del Ejército, Carlos Guillermo Suárez Mason.

También el capitán de corbeta Jorge Eduardo Acosta, el jefe del Estado Mayor al mando de operaciones navales Rubén Franco, el teniente de navío Juan Carlos Rolón y el oficial de la Prefectura Naval guardacostas Héctor Febres Méndez.

Todos ellos están detenidos por sustracción de bebés y de identidad, delitos que no amparaban las leyes de amnistía que fueron aprobadas por el Congreso durante la presidencia de Raúl Alfonsín.

CASO ARCHIVADO. En tanto, recobra la libertad el ex capitán de fragata, Alfredo Astiz, una figura emblemática de los grupos de tareas de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), condenado en ausencia en Francia por el asesinato de dos monjas de esa nacionalidad.

De la lista de los 45 militares y un civil requeridos por el juez español Baltasar Garzón, 3 estaban fallecidos y otros 3 estaban prófugos.

Canicoba Corral explicó que de acuerdo al documento que le había enviado la Cancillería, "el Consejo de Ministros de España decidió no continuar con el procedimiento de extradición" y, por ello, había dispuesto las libertades.

Agregó que el caso queda archivado, pero aclaró que "en el futuro España podría solicitar las extradiciones", en declaraciones a la AFP.

Consultado si no pensaba que todo no había sido en vano a partir de la decisión del gobierno español, Canicoba respondió: "¿Pérdida de tiempo? No, actué cumpliendo mandato legal y también cumpliendo mandato legal he dispuesto la libertad y el archivo del juicio de extradición".

ENOJO. Quienes sí recibieron con desaliento lo ocurrido fueron los organismos de derechos humanos y partidos de izquierda, que desde muy temprano se reunieron frente a los Tribunales capitalinos para exigir que los detenidos no fueran puestos en libertad.

Estela de Carlotto, titular de las Abuelas de Plaza de Mayo, encabezó la delegación que se reunió con el juez de mañana. "Pediremos al doctor Canicoba Corral que sin transgredir lo que corresponda por ley, mantenga en prisión a los militares ya detenidos, hasta que podamos hacer justicia en nuestro país", expresó.

Desde España, el juez Baltasar Garzón pidió ser denunciante ante la justicia argentina, en una carta que le envió a su par argentino vía Interpol. Sobre este pedido, Canicoba reveló que le había dado el curso correspondiente para que un juez tuviera la última palabra.

FIN DE PROCESO. El fallo del magistrado señala "que si bien no se ha agotado el plazo de 40 días previsto en el Tratado (de Extradición) para recibir los recaudos de la extradición, la resolución adoptada por el Consejo de Ministros de España (...), pone fin de hecho a este proceso de arresto preventivo".

Se agregó que corresponde "en consecuencia disponer la inmediata libertad de los detenidos en caso de no registrar pedidos de captura emanados de otros tribunales —en los que no deberá tomarse en cuenta el librado por el juez Garzón— y dejar sin efecto los pedidos de captura de (los prófugos) González Naya, Arrechea y Vildoza".

De todos modos, los responsables de violaciones a los derechos humanos podrían terminar siendo juzgados en Argentina, tras la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final y la decisión del presidente Néstor Kirchner de "juzgarlos o extraditarlos".

BUENOS AIRES

La Justicia argentina reabrió ayer dos causas contra militares de la última dictadura, a raíz de la anulación de las leyes de amnistía y tras la liberación de decenas de detenidos por la decisión de España de bloquear las extradiciones.

La Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires abrió las causas para volver a investigar lo ocurrido en los centros clandestinos de detención de prisioneros, que funcionaron en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) y en el Primer Cuerpo de Ejército, dijeron a la AFP fuentes del tribunal.

La Cámara Federal porteña fue la que en 1985 llevó a cabo el histórico juicio a las Juntas de la dictadura, y que había ordenado luego investigar a los autores materiales de secuestros y torturas, pero estos procesos fueron frenados por la sanción de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, en 1986.

La reapertura de esas causas se deriva entonces de la nulidad de esas normas decidida por el Parlamento el 21 de agosto pasado, aunque varios juristas cuestionaron la decisión al sostener que la anulación de las leyes es una facultad exclusiva del Poder Judicial.

La Corte Suprema tiene pendiente un fallo sobre la inconstitucionalidad de esas leyes, declarada por jueces de primera y segunda instancia.

Al reabrir las causas, la Cámara Federal rechazó la competencia militar en estos delitos y citó a la Convención Interamericana sobre Desaparición de Personas, entre otros puntos.

A partir de su reapertura, la jueza María Servini de Cubría estará a cargo de la causa sobre la ESMA, en tanto el juez Sergio Torres seguirá la causa del I Cuerpo de la fuerza terrestre. AFP