ENTREVISTA

De nacionalidad argentina y con base en Roma, Juan Matías Gil es coordinador de Médicos Sin Fronteras (MSF). Es economista, máster en Derechos Humanos, con entrenamiento de rescate. Ingresó a MSF en 2008 para encargarse de temas financieros y desde 2015 se embarca y gestiona proyectos, algunos en momentos críticos. Hoy es responsable final de operaciones de rescate. En el momento de esta entrevista con El País, Gil y su equipo estaban a bordo del Geo Barents con 101 migrantes que habían rescatado al noreste de Libia el 23 de abril. Luego nos informó que, tras 6 días de pedir puerto a las autoridades italianas, atracaron en Sicilia, el 2 de mayo.

-¿Cuál es la situación del barco Geo Barents de MSF; cómo les ha ido hasta ahora?

-Con el Geo Barents tenemos un año de operaciones. Este barco se suma a los primeros siete que tenemos a partir de 2015. Son barcos que no estamos orgullosos de tener; si los tenemos es porque la situación no va bien y hay alguien que no cumple con sus obligaciones, en este caso, los Estados miembros de la Unión Europea.

Estamos cubriendo un hueco que ellos están dejando, no están cumpliendo con las obligaciones de las convenciones internacionales marítimas que han firmado, con las convenciones de Ginebra de los refugiados y de derechos humanos.

Aplican una política migratoria cruel, tratando de mantener a personas con necesidades lo más lejos posible del territorio europeo y financiando cuerpos, como la Guardia costera libia, que retorna a la gente a ese país (Libia) totalmente quebrado institucionalmente, con violaciones de derechos humanos, muertes, torturas, secuestros extorsivos, una lista larga. Entonces, literalmente, tenemos que estar en el mar, rescatando a las personas y buscando protección internacional a la que están sujetas y tienen derecho.

Con este barco hemos rescatado, en este primer año que cumplimos en mayo, más de 850 personas.

- ¿Qué dice la ley sobre que los Estados de la Unión Europea están obligados a ayudar?

-La legislación, que básicamente son las convenciones de derecho marítimo, dice que un rescate se finaliza en un lugar seguro; y lugar seguro es donde la vida de las personas no corre riesgo, y no son perseguidas por cualquier motivo.

Ese no es el caso de Libia, donde hace casi una década es un embudo de las violaciones a los derechos humanos más vergonzosas de la humanidad. Todas las rutas migratorias convergen en ese país, donde hay un círculo vicioso de violencia montado, donde milicias han cambiado sus negocios con petróleo a tráfico de seres humanos.

Europa mantiene políticas a partir de 2017, con un acuerdo entre Libia e Italia, (a través del cual) Italia se compromete a donarle a Libia embarcaciones, entrenamiento, tecnología y así interceptan a las personas en alta mar para devolverlas al lugar de donde huyen.

Hay reportes de las Naciones Unidas, de periodistas, de organizaciones no gubernamentales que han documentado las situaciones, que son las historias que lamentablemente escuchamos todos los día con cada uno de los sobrevivientes que recatamos en el mar. Todo está financiado por Estados miembros (de la Unión Europea) que no cumplen con la ley marítima, ni con la convención marítima sobre refugiados de Ginebra.

- ¿Qué estarían financiando los Estados miembros de la UE?

-Hay distintos fondos de financiación europeos para construir instituciones en Libia -que tiene una reputación muy dudosa, es un estado fallido-, y un sistema creado sobre todo para financiar a la Guardia Costera libia y al Directorado de Controles de Inmigración Clandestina.

Europa financia estas instituciones en Libia, que devuelven a las personas a un círculo de violencia, donde entran a centros de detenciones, algunos oficiales y otros de cautiverio. Hay dos maneras de salir de esos lugares: una es pagando a traficantes en el marco de las instituciones estatales, y la otra es escapando con riesgo de ser baleado, apresado, torturado.

-¿Qué países que financiarían esas instituciones libias?

-El acuerdo directo es entre Italia y Libia. Pero no es el único, porque también Italia y Malta tienen una operación que pide a la Unión Europea -con su agencia de control de fronteras de la Unión Europea, Frontex-, hacer vuelos en el mar tunecino y libio, donde tienen responsabilidad para hacer búsqueda y rescate. Y esos vuelos pasan información a las instituciones libias para que manden sus barcos de la Guardia Costera y devuelvan a las personas a su país (a Libia).

Hay otros fondos, como el African Fund, que también controla el flujo de las personas en la frontera sur entre Libia y Niger. En Europa, el que está más en esta gestión es el gobierno italiano, sin duda.

-¿Cuáles son los países de origen de los migrantes que MSF suele rescatar en el mar?

-Vienen de muchas partes, el año pasado hemos recibido muchas personas de Bangladesh, Paquistán, palestinos, sirios, algunos de Yemen y africanos de África del Este, como Eritrea, Etiopia. En Eritrea hay una dictadura cruel y la gente joven se escapa. Hoy el 50% de los eritreos que tenemos a bordo son menores de edad. También de Gambia, Senegal, Burkina Faso.

- ¿Cuántas personas hay en el barco Geo Barents ahora?

- Tenemos 101 personas a bordo, la nacionalidad mayoritaria son eritreos, 77 de allí, 11 de Etiopía, algunos de Senegal, Gambia, Burkina Faso. Estamos frente a las costas sicilianas esperando que nos asignen un punto de desembarco.

El desembarco debería ser automático; en el momento que hacemos un rescate en el mar y lo reporto, deberían asignar un puerto para proteger a las personas. Pero estamos tardando una semana para desembarcar. Una traba para obstaculizar nuestras actividades y exponer a las personas.

-¿Cuál era la condición de los migrantes al ser rescatados?

-Era una embarcación precaria, estas personas estaban totalmente hacinadas. En el grupo, hay siete mujeres, una de ellas embarazada y una madre con tres hijos de 7, 4 y dos años. Por suerte este rescate no fue crítico como los últimos dos que realizamos, cuando teníamos una barca hundiéndose, personas el agua; si hubiéramos llegado unos minutos más tarde los hubiésemos perdido. El mes anterior también rescatamos a 25 personas en el momento en que la barca se daba vuelta.

-¿Qué dice Italia para no autorizar desembarcos rápidos?

-Dice que no es su competencia, que tenemos que contactar a las autoridades libias para que coordinen, ya sea el rescate o la asignación de un puerto seguro. Obviamente en Libia ningún puerto es seguro. Nosotros contactamos a las autoridades como manda la ley y ni siquiera responden. Siguiendo el procedimiento apropiado, nos comunicamos con el puerto más cercano; Malta dice que no es de su competencia.

-Al final, ¿les terminan asignando un puerto?

-Exactamente, esto viene pasando desde 2017 cuando se implementaron los acuerdos de los que hablamos. Potencian los cuerpos de un Estado fallido como Libia y pretenden que la gente no llegue más a Italia. Pero la gente va a seguir lanzándose al mar, porque obviamente escapan de condiciones subhumanas. Muchos dicen que prefieren morir en el mar que continuar en Libia.

-¿Cómo son los operativos de los barcos de MSF una vez que hacen los rescates?

-Cuando las personas suben a bordo, inmediatamente les hacemos un screening médico, muchos llegan con emergencias médicas, otros exceden nuestras capacidades. A bordo tenemos un médico, dos enfermeras, una matrona y una psicóloga. En ciertos casos, tenemos que pedir evacuación médica en helicóptero. Después les damos los servicios básicos: comida, abrigo y condiciones sanitarias.

Muchas veces estas personas no se han dado una ducha por muchos meses. Restituimos un poco la dignidad tratando de aliviar el sufrimiento (...)

Estamos aquí cubriendo un gap que dejan los Estados, nadie debería morir en el mar y deberían haber canales seguros y legales para no arriesgar vidas. Es necesario sensibilizar al público en general y a los que toman las decisiones importantes.