En otoño, mientras los arrozales de este valle maduraban convirtiéndose en alfombra dorada, llegaron inspectores para verificar la contaminación radioactiva. Onami se ubica 56 kms al noroeste de la destruida planta nuclear Fukushima Daiichi
Los inspectores del gobierno declararon al arroz de Onami seguro para el consumo después de probar sólo dos de sus 154 granjas productoras del grano. Luego, unos días después, un agricultor escéptico en Onami, que quería confirmar que su arroz fuera seguro para su nieto que estaba de visita, sometió su cultivo a pruebas, sólo para encontrar que contenía niveles de cesio que excedían el límite de seguridad del gobierno. En las semanas que siguieron, más de una docena de otros agricultores también encontraron niveles inseguros de cesio. El consiguiente pánico obligó al gobierno a intervenir, con promesas de someter a pruebas a más de 25.000 granjas arroceras en el este de la prefectura de Fukushima.
El alboroto subraya cómo, un año después de que un terremoto y un tsunami provocaran una triple fusión en la planta Fukushima Daiichi, Japón sigue luchando por proteger su suministro alimentario de la contaminación radioactiva. El descubrimiento del arroz contaminado en Onami y un caso similar en julio que involucró a carne de res contaminada ha dejado a los funcionarios luchando por rellenar las grietas expuestas en las medidas de revisión de alimentos del gobierno, muchas de las cuales fueron introducidas apresuradamente tras el accidente.
Las repetidas fallas han hecho más que despertar dudas de que algunos japoneses quizá hayan estado expuestos a niveles de radiación inseguros en sus alimentos. También han tenido un efecto corrosivo en la confianza pública en los esfuerzos para monitorear los alimentos, y un creciente segmento del público, e incluso muchos expertos, ha llegado a creer que los funcionarios han subestimado o encubierto la extensión real del riesgo de salud pública para limitar el daño económico y el tamaño de los potenciales pagos de compensación.
Críticos dicen que los funcionarios agrícolas y de salud se han apresurado a permitir que los alimentos lleguen al mercado sin someterlos a pruebas adecuadas, o han ignorado los llamados de los consumidores de revelar por completo los resultados de las pruebas.
"Desde el accidente, el gobierno ha tratado de continuar su enfoque de normalidad subestimando la gravedad del accidente e insistiendo en que sabe lo que hace", dijo Mitsuhiro Fukao, un profesor de economía de la Universidad Keio en Tokio que ha escrito sobre la pérdida de confianza en el gobierno. "Pero la gente se está enterando por Twitter de que el sistema de monitoreo de los alimentos del gobierno simplemente no es creíble".
Un resultado ha sido un estallido de activismo cívico, raro en una nación cuya sociedad civil depende de sus burócratas de élite más que de grupos ciudadanos para salvaguardar los intereses nacionales, incluida la salud pública.
Sin confiar ya en que el gobierno esté viendo por sus intereses, recién formados grupos de consumidores e incluso agricultores están iniciando sus propios esfuerzos de monitoreo de la radiación.
Más de una docena de estaciones de prueba de radiación, principalmente operadas por voluntarios, han aparecido en toda Fukushima y hasta en el sur de Tokio, a 240 kilómetros de la planta, para ofrecer una red alternativa de exámenes de radiación que trata de ser más estricta y transparente que el monitoreo del gobierno.
"Nadie confía en los estándares de seguridad del gobierno nacional", dijo Ichio Muto, de 59 años de edad, quien cultiva champiñones orgánicos en Nihonmatsu, 40 kilómetros al noroeste de la planta Fukushima Daiichi. "La única manera de recuperar clientes es decirles todo, para que decidan por sí mismos qué comprar".
Muto es uno de 250 agricultores en Nihonmatsu que iniciaron un centro de pruebas de radiación improvisado en una parada de camiones local. En una mañana reciente, él y media docena de agricultores más se reunieron en la diminuta cocina de la parada de camiones. Ahí, cortaron en cubos daikon, puerros y otros productos agrícolas antes de ponerlos por separado en un aparato de pruebas con valor de 40.000 dólares que fue donado por un grupo no gubernamental.
Fukao: "El gobierno
subestima la gravedad
de lo sucedido; insiste en
que sabe lo que hace".