Investigan esterilizaciones de mujeres durante el fujimorismo

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Micaela Flores recuerda vívidamente el día en que, junto con otras 15 campesinas de comunidades del Cusco, la llevaron con engaños a un centro de salud, las encerraron bajo candado y la operaron para dejarla estéril.

"Me llevaron adentro jalándome entre dos. `Vamos a hacerte un chiquito corte, asisito`", le dijeron, según la mujer, quien hoy tiene 54 años. "Yo dije, `no señora, yo no puedo hacerme eso`... Brava me he puesto ahí dentro, me agarraron, tumbaron, me amarraron los pies, las manos con (ligas de) jebe, me pusieron la anestesia``, dice.

Flores es una de 2.000 mujeres que denunciaron haber sido esterilizadas contra su voluntad, como parte de un programa de "planificación familiar" emprendido por el gobierno de Alberto Fujimori en 1996. El programa consistió en la esterilización forzada de unas 300.000 mujeres, según información del gobierno.

El caso ha sido asignado a la fiscal Edith Alicia Chamorro, titular de la Primera Fiscalía Penal Supraprovincial, que tiene facultades para realizar una investigación a nivel nacional. La fiscal se limitó a declarar por teléfono que estaba "evaluando el expediente", un voluminoso legajo compuesto por 62 cuadernos.

Chamorro dijo que no se le ha asignado ninguna asistencia especial y que se maneja con el equipo legal con el que habitualmente trabaja.

"¿Por qué razón el señor fiscal, el ministro de Salud, la Defensoría del Pueblo nos han cerrado la puerta? Me da una pena que nos hagan estas cosas``, dijo Flores con tristeza.

Activistas afirman que, además de ser forzadas, las esterilizaciones se realizaron en condiciones insalubres, con seguimiento escaso o nulo, y tienen documentados 18 casos de mujeres que fallecieron por infecciones.

El plan. Estos programas de esterilización funcionaron a finales del siglo pasado, con el objetivo de reducir la cantidad de personas con escasa inteligencia y, sobre todo, de enfermos mentales. La idea era purificar la raza dominante.

"El objetivo era reducir la natalidad en las poblaciones más pobres. El Estado implantó todo un programa. Podemos decir que lo que sucedió fue un crimen de lesa humanidad por la escala y la sistematicidad con la que se llevó a cabo", agregó Alejandra Cárdenas, asesora Legal del Programa para Latinoamérica y el Caribe del Centro de Derechos Reproductivos.

El propio Fujimori anunció en 1995, en un congreso mundial de mujeres en Beijing, que su gobierno emprendería un plan nacional de planificación familiar para que las peruanas pudieran decidir el número de hijos que querían tener.

Fujimori, hoy de 72 años, cumple una condena de 25 años de cárcel por dos matanzas cometidas por militares en su gobierno. Hasta ahora no ha sido investigado en relación con las esterilizaciones.

Luego de comenzada su aplicación, la prensa reportó la realización de campañas de ligaduras de trompas, a manera de ferias, en las comunidades campesinas en las zonas altoandinas del país, y empezó a recoger denuncias de mujeres que afirmaban haber sido esterilizadas sin su conocimiento, a la fuerza o bajo coerción.

"Esto fue algo dirigido y de conocimiento de las más altas autoridades", afirmó Jeannette Llaja, directora de la organización no gubernamental DEMUS, que ha impulsado la denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

En 2003, desde su autoexilio en Japón, tras haber abandonado Perú por un escándalo de corrupción, Fujimori destacó en un mensaje grabado el "éxito" del programa de esterilizaciones, que, aseguró, permitió que Perú redujera su tasa de crecimiento demográfico de 2,3% a 1,7% en "tan solo una década".

"Nuestro programa funcionó pese a los detractores que nunca faltan y con seguridad habríamos avanzado aún más si no se hubiera magnificado algunos casos aislados``, dijo el exgobernante.

Sin fin. El caso llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que suscribió en 2003 un acuerdo de solución amistosa con el gobierno peruano por el cual éste se comprometió a indemnizar a los deudos de la víctima, garantizarles educación primaria y secundaria completas y acceso a atención médica gratuita.

No obstante, siete años después la Comisión concluía que Perú había cumplido solo parcialmente el acuerdo.

Ante la insistencia, un representante del gobierno peruano anunció a fines de octubre en una sesión en Washington que la Fiscalía reabriría el caso de las más de 2.000 denuncias de esterilizaciones, cerrado anteriormente en 2009.

En la nueva investigación, dijo, las esterilizaciones serán tipificadas como delitos de lesa humanidad, lo que implica que no podrán prescribir.

De momento no se conoce ninguna conclusión o avance en las investigaciones sobre las esterilizaciones.

La congresista Hilaria Supa, una indígena representante del Cusco y quien fue una de las primeras denunciantes de las esterilizaciones forzadas que se cometían en su comunidad, dijo que los "(operadores de salud) tenían la política de decir `te vamos apoyar si te vas a esterilizar` o le decían `es una ley, es un mandato del gobierno` y lo tienen que cumplir porque es la orden del gobierno".

Lima n Los principales acusados en el expediente de esterilizaciones que fue archivado fueron los ministros de Salud de la época, Antonio Yong Motta, Marino Costa Bauer, y Alejandro Aguinaga, así como otros funcionarios de rango medio.

Aguinaga, el único que habló en público del tema, solo ha alegado en su defensa que el caso fue archivado y atribuye la reactualización del expediente Alberto Fujimori a intentos por distraer a la opinión pública de casos de corrupción que aparecieron recientemente en el gobierno de Ollanta Humala.

Los ministros argumentaron en la época de aplicación del plan de esterilizaciones que éstas fueron absolutamente voluntarias y que los casos denunciados por la prensa fueron hechos aislados.

2.000 mujeres denunciaron haber sido sometidas a esterilizaciones forzosas; para el gobierno peruano las víctimas son 330.000.

18 mujeres fallecieron durante las intervenciones de esterilización; muchas de ellas denunciaron las condiciones poco higiénicas.