BAGDAD | AP, ANSA Y AFP
El primer ministro iraquí, Nuri al-Maliki, realizó ayer sus primeras declaraciones oficiales y públicas, desde la muerte de Saddam Hussein, sobre la ejecución. El premier defendió el proceso judicial precedente, al que calificó de "asunto interno".
Al-Maliki añadió que su gobierno "podría verse obligado a revisar sus relaciones con todos los Estados que no han respetado la voluntad del pueblo iraquí". Esta reacción ocurrió durante los festejos por el 85° aniversario del Ejército de ese país.
"Rechazamos y condenamos las reacciones, oficiales o a través de los medios de comunicación, de ciertos gobiernos", añadió.
El primer ministro no aludió a ningún gobierno en particular, pero el tono parecía apuntar a los países de la región debido al declararse "estupefacto" por las reacciones de "llorar la suerte del déspota" con el "pretexto" de que fue ejecutado en un día santo del Islam, "mientras que él (Saddam Hussein) siempre violó las fiestas santas".
Saddam fue ahorcado el sábado 30 de diciembre, en medio de las celebraciones del Aid.
Otras críticas a la ejecución provinieron del bloque de la Unión Europea (UE) y el Vaticano; con matices, los gobiernos de Estados Unidos, Gran Bretaña, Israel e Irán mostraron su conformidad con el proceso judicial y la muerte de Saddam.
"La ejecución del dictador Saddam Hussein la consideramos como un asunto interno que sólo concierne a los iraquíes", enfatizó.
El ex dictador iraquí fue condenado a la horca el pasado 5 de noviembre por la muerte de 148 aldeanos chiitas, acusados de atentar contra su vida, en 1982 durante el evento conocido como "la masacre de Dujail".
Por ese mismo hecho, otros dos altos colaboradores del régimen de Hussein -su hermanastro Barzan al-Tikrit y el ex presidente del tribunal revolucionario Awad al Bandar- también habían sido condenados a la horca. La ejecución de éstos iba a ser el pasado jueves (ver nota aparte), pero la conmoción provocada por la muerte de Saddam, la difusión de un video de su ejecución y la presión internacional obligaron a su postergación, presumiblemente para hoy.
seguridad. Al-Maliki también aseguró ayer que las tropas de su país lanzarán un nuevo esfuerzo para controlar los vecindarios de Bagdad castigados por ataques de milicianos y la violencia sectaria.
Justamente, la muerte de Saddam es considerada como un posible agravamiento de esa violencia. El ex dictador era sunita, al igual que la mayoría del mundo musulmán. El actual gobierno de Irak, apoyado por Estados Unidos, se basa en una coalición de mayoría chiita.
"El plan de seguridad de Bagdad está listo ahora y contamos con nuestras fuerzas armadas para implementarlo, con el apoyo de las fuerzas internacionales", expresó el primer ministro.
Los soldados iraquíes comenzarán a asaltar a los milicianos barrio por barrio de la capital en este fin de semana, un primer paso de la estrategia de la Casa Blanca para contener a los insurgentes sunitas y a los escuadrones de la muerte chiitas, según expresaron consejeros clave del primer ministro.
Al-Maliki prohibió a las instituciones políticas practicar cualquier actividad partidaria basada en sus milicias, al tiempo que afirmó que castigará a cualquiera que dude en seguir las directivas basándose en sus orígenes étnicos.
Esta medida surge de una conversación que al-Maliki mantuvo el jueves con el ex presidente de Estados Unidos, George W. Bush. Este, a su vez, en los próximos días detallará la nueva estrategia en Irak.
Sin embargo, ayer en Bagdad la presencia militar era la habitual así como los niveles de violencia.
Dos coches bomba, detonados ayer, causaron la muerte a cuatro personas.
Doble ejecución en duda
Barzan al-Tikrit, ex jefe de Inteligencia del régimen de Hussein, y el magistrado Awad al Bandar iban a ser ejecutados en la horca el pasado jueves. Pero la subida al patíbulo fue suspendida por "presiones internacionales", según reconocieron fuentes gubernamentales. El diputado chiita Baha al Araji, uno de los más influyentes del gobierno, aseguró el jueves que las mismas iban a realizarse hoy, pero Bagdad no emitió ningún comunicado al respecto, dejando en duda el destino de ambos condenados a muerte. Las presiones internacionales continuaron: el Consejo de Europa pidió a Irak poner fin "inmediatamente" a las ejecuciones.