Fiscalía de la Nación de Perú denuncia al presidente Pedro Castillo ante el Congreso

POR DELITO DE ORGANIZACIÓN CRIMINAL

El presidente peruano, Pedro Castillo, enfrenta otro vez una posible destitución. La Fiscal de la Nación de Perú presentó esta semana en el Congreso una denuncia constitucional contra Castillo por el delito de organización criminal, una acción que puede llevar a la suspensión en el cargo del mandatario izquierdista.

“Formulo denuncia constitucional contra José Pedro Castillo Terrones, en su condición de presidente de la República, como presunto autor de los delitos contra la tranquilidad pública en la modalidad de organización criminal agravada por su condición de líder”, señaló Patricia Benavides en un documento difundido en la cuenta Twitter de la institución.

La denuncia incluye a dos exministros acusados de tráfico de influencias: Juan Silva, extitular de Transportes y Comunicaciones, y Geiner Alvarado, extitular de Vivienda.

“Se han hallado indicios graves de la presunta existencia de una organización criminal enquistada en Palacio de Gobierno con la finalidad de copar, controlar y direccionar procesos de contrataciones para obtener ganancias ilícitas”, informó Benavides en redes sociales.

El Congreso deberá debatir en los próximos días la denuncia que puede llevar a la suspensión de Castillo, para lo cual necesita 66 de los 130 votos de la cámara.

El futuro del mandatario se torna sombrío, ya que la alianza de izquierda que lo apoya en el Congreso solo cuenta con un tercio de los escaños, insuficiente para frenar la suspensión, que conlleva la separación del cargo hasta el final del mandato, en julio de 2026, aunque mantendrá la inmunidad, una figura que no evita que pueda ser investigado.

Castillo acumula seis indagaciones en su contra desde que asumió el hace 15 meses. No hay antecedentes de que la fiscalía haya denunciado a un presidente de Perú en ejercicio.

Desde su llegada al gobierno, Castillo ha vivido bajo el cerco de la fiscalía y el asedio de un Congreso, dominado por la oposición.

“Se ha iniciado la ejecución de una nueva modalidad de golpe de Estado en el Perú, un golpe de Estado con libretos creados utilizando al Ministerio Público políticamente y (para) hacer creer al país que mi persona lidera una red criminal”, denunció el presidente la noche de martes, en su primera reacción ante la denuncia.

La denuncia se presentó el mismo día en el que la fiscalía allanó la vivienda de una hermana de Castillo en busca de un sobrino suyo, a quien acusan de pertenecer a la supuesta banda criminal liderada por el mandatario.

En el operativo se registraron también las casas de doce investigados más en la misma causa.

El presidente protestó tras conocer la operación en la vivienda de su hermana, situada en el populoso distrito de San Juan de Lurigancho, en Lima, en la que se buscaba a su sobrino Gian Marco Castillo Gómez.

El gobernante alegó que su madre se recupera en esa vivienda de una intervención quirúrgica, y acusó a la fiscalía de perjudicar su salud.

“La Fiscalía ha ingresado a la casa de mi hermana. Mi madre se encuentra ahí. Este acto abusivo ha afectado su salud. Responsabilizo a la Fiscalía de la Nación por la salud de mi señora madre”, tuiteó.

Su madre fue trasladada a un hospital tras sufrir una descompensación.

La tesis de la fiscalía es que el mandatario dirige una red de corrupción de lavado de activos y de concesión de contratos de obras públicas integrada por su entorno familiar y político.

Una cuñada de Castillo, Yenifer Paredes, de 26 años, cumple 30 meses de prisión preventiva desde el 29 de agosto por supuestamente integrar dicha red. La primera dama, Lilia Paredes, y dos de sus hermanos, Walter y David, también son investigados y afrontan un pedido para prohibirles salir del país por tres años.

El Congreso de Perú anunció ayer miércoles que decidirá en dos semanas si abre un juicio al presidente.

“Tenemos 10 días hábiles para determinar si procede o no”, dijo Lady Camones, quien encabeza la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, a la que compete la decisión.

Esta subcomisión es la primera valla que debe superar en el Congreso la denuncia de la fiscal general.

Camones anunció que el viernes empezarán a evaluar el pedido. Si es declarado procedente se iniciará un antejuicio político a Castillo, que puede durar entre dos y tres meses.