Fiscal Luciani pedirá al menos 10 años de prisión para Cristina Kirchner

EN EL BANQUILLO

Al concluir su alegato en el juicio por corrupción más importante de los últimos años, el fiscal federal Diego Luciani pedirá hoy, lunes, que la vicepresidenta Cristina Kirchner sea condenada a una pena de prisión de cumplimiento efectivo de entre 10 y 12 años, según especularon jueces y fiscales federales, aunque otros llevaron esa cifra hasta los 14 años de cárcel, considerando la fama de “duro” del acusador.

El fiscal Luciani, consultado por La Nacion dijo que no iba a adelantar el pedio de pena y que lo iba a exponer en la audiencia por lo que se consultaron a jueces y fiscales de tribunal oral con larga experiencia (ajenos al proceso) que viene siguiendo el juicio.

Además del pedido de condena de cumplimiento efectivo, elevada, el fiscal pedirá su inhabilitación perpetua para el ejercicio de cargos públicos y el decomiso de sus bienes hasta una suma que aún no está clara.

Hoy, cuando se conozca el monto del perjuicio al Estado con el fraude por el que Cristina Kirchner es juzgada, se podrá tener una idea del monto de dinero que la fiscalía pretende incautar.

Si el tribunal decide condenar a Cristina Kirchner (el veredicto se conocería a fin de año) la pena de prisión efectiva solo se cumpliría si el fallo queda firme, es decir una vez que lo revise la Corte Suprema de Justicia, lo que lleva años. Lo mismo cabe con la inhabilitación para ocupar cargos públicos, en caso de que se le imponga ese castigo, por lo que no tendría inconvenientes para postularse a un cargo electivo en 2023.

La fiscalía acusa a Cristina Kirchner de ser jefa de una asociación ilícita, una banda constituida por su marido Néstor Kirchner en el Estado, e integrada como organizadores por el ex ministro Julio de Vido, y los ex funcionarios José López, Nelson Periotti, y el empresario Lázaro Báez y del delito de fraude contra la administración pública, ambos en concurso real, por lo que las penas que puede pedir el fiscal van entre los 5 y los 16 años de prisión.

El fiscal entendió que regía el “beneficio de la duda” para acusar al primo de los Kirchner, Carlos Santiago Kirchner, como integrante de la asociación ilícita, por lo que dijo que no lo iba a acusar por ese delito, aunque seguramente lo acusará de ser partícipe del fraude al Estado.

Los jueces y fiscales consultados por La Nación explicaron que el monto de la pena se fija por la escala penal con que castiga el Código Penal para cada delito pero que se calcula según una serie de agravantes y atenuantes que están previstos en los artículos 40 y 41 del texto.

De este modo si hay agravantes y casi ningún atenuante es más probable que la pena que pida el fiscal se acerque al máximo permitido para el delito (16 años) o por el contrario si hay atenuantes se baje el monto de la condena solicitado.

Se consideran atenuantes la falta de antecedentes penales. En el caso de Cristina Kirchner no los tiene. Si bien hay varias acusaciones abiertas, no hay ninguna condena y mucho menos una condena firme, por lo que ese es un atenuante importante, dado que difícilmente se pida o se aplique el máximo castigo a un imputado si no tiene antecedentes penales.

Los agravantes en este caso podrían ser varios: la naturaleza del delito, la extensión del daño al patrimonio del Estado y al sistema democrático derivados de los delitos de corrupción a los que la Argentina se obligó por tratados internacionales a castigar. También puede ser un agravante la condición de Presidente. Y a partir de aquí ya juegan cuestiones de valoración personal que puede hacer el fiscal. La fiscalía suele ser dura en el pedido de condena, y Luciani tiene esa fama, y las defensas, al contrario, plantear elementos que lleven a pedir la absolución o en su defecto una pena de ejecución condicional.

A la hora del veredicto, el tribunal integrado por los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso deberán decidir entre uno y otro punto de vista. Deberían moverse en la escala penal con los máximos establecidos por el pedido del fiscal. Hubo algún caso donde jueces (sin que hubiera querellantes particulares) impusieron una pena por encima del pedido fiscal, pero es una decisión que generó controversia en los tribunales porque el fiscal es el dueño de la acción pública.

Los jueces y fiscales consultados observaron que, en una causa conexa, como la de la ruta del dinero K, Lázaro Báez fue condenado a 12 años de cárcel, por blanquear estos fondos. Ahora, en la condena por este caso, que se trata del delito precedente que generó los fondos a lavar, el fallo puede ser similar, proporcional, aunque en rigor, son dos delitos distintos: antes el blanqueo y ahora asociación ilícita y fraude.

Otra hipótesis que ensayó una de las fuentes fue comparar el pedido de pena por este caso de corrupción con la escala penal para el homicidio, que se castiga con 8 a 25 años. Por lo que un indicio de la gravedad de esta conducta sería pedir una pena por encima de la mínima prevista para el homicidio. Y finalmente un juez de tribunal oral de los más severos, dijo que el pedido de pena -en este escenario- podría llegar a los 14 años de prisión. No 16, que es el máximo, porque la imputada no tiene antecedentes. Por el contrario, otro juez, con mirada crítica sobre las acusaciones contra el kirchnerismo, arriesgó en caso de una condena, la imposición de una pena de entre 6 y 8 años.

Luciani continuará hoy con la parte final del alegato, que en esta etapa analiza la conducta de cada uno de los imputados, es decir si el hecho ocurrió, que pruebas hay de ello y si la persona es responsable o no por ese suceso. Si es así si es responsable primario o secundario.

Se analizará lo que hizo cada uno, y si lo que hicieron tiene un encuadre penal y su responsabilidad como coautores o partícipes, es decir si esa conducta es castigada por el Código Penal.

Más de 500 intendentes del interior de Argentina se expresaron a través de una carta contra una supuesta “persecución judicial” a la vicepresidenta Cristina Kirchner.

Los mandatarios locales aseguraron que hay una “utilización” del sistema para “estigmatizar” y que con esta “práctica violatoria de los derechos humanos” se busca “anular políticamente” a la vicepresidenta y apuntaron también a parte de la prensa.

El documento llega en medio del alegato de la causa Vialidad, que la tiene a la antes mandataria como una de las acusadas. “Los intendentes del interior del país manifestamos nuestra preocupación frente a la utilización del sistema judicial como un mecanismo de estigmatización, de condicionamiento y disciplinamiento social”, dice el escrito.

Y sigue, con énfasis en la situación de la dirigente del Frente de Todos: “La persecución judicial sobre la vicepresidenta de la Nación (...) constituye una práctica violatoria de los derechos humanos bajo el maquillaje de la aplicación de la justicia”.

También La Cámpora y otros sectores de la terminal K del Gobierno -que entienden que el procedimiento judicial responde a maniobras de lawfare- aumentaron la presión a la Justicia.

“No jodan con Cristina” o “si la tocan a Cristina”, fueron algunas de las advertencias contra los jueces, a quienes tildaron de “macristas”.