Estudiantes chilenos intensifican medidas contra el gobierno

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AFP

Los estudiantes de las universidades estatales chilenas formalizaron el quiebre del diálogo con el gobierno, convocaron a un paro nacional de dos días y a no iniciar el segundo semestre académico, informaron la madrugada del domingo.

El presidente Sebastián Piñera, desde su lugar de descanso en Futrono, en el sur, llamó a los alumnos a que "vuelvan a la mesa de diálogo´´, que se rompió el miércoles ante la insistencia del gobierno en que es imposible que en Chile exista educación gratuita para todos los alumnos, como demandan los dirigentes estudiantiles.

La decisión de no retomar las negociaciones con el gobierno fue adoptada en la víspera por la Confederación de Estudiantes de Chile, Confech, que agrupa a los 36 dirigentes de las 25 universidades estatales, movilizados hace cinco meses para exigir cambios drásticos en la educación.

Los cambios incluyen gratuidad y calidad en la educación, fin del lucro en las entidades que reciben aportes del Estado, mayores aportes fijos a las universidades y la devolución del control de los colegios secundarios desde los municipios al Estado.

Camila Vallejo, vocera de los universitarios, insistió en que el quiebre del diálogo se debió a "las declaraciones del presidente Piñera contra la gratuidad en la educación, la ´ley maldita del ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter´, y la suspensión de becas en algunas universidades".

La referida ley alude a un proyecto enviado por Piñera al Congreso que criminaliza las movilizaciones estudiantiles y las ocupaciones por la fuerza de escuelas y campus universitarios. Los estudiantes atribuyen la autoría de la ley a Hinzpeter.

En Valdivia, 800 kilómetros al sur, al término de una prolongada asamblea, David Urrea, dirigente de la Universidad Arturo Prat, en el norte, dijo a la prensa que "hemos decidido hacer un llamado a todos los estudiantes de Chile a que pongan el mayor esfuerzo posible, a no comenzar su segundo semestre, a radicalizar la movilización y a prepararse para tiempos difíciles", añadió Urrea.

La asamblea del sábado en Valdivia ratificó la decisión del comité ejecutivo que el miércoles decidió no seguir dialogando con el gobierno porque rechaza la gratuidad en la educación.

Vallejo reiteró que "no fuimos nosotros los estudiantes o los actores sociales los que quisimos romper la mesa, sino que fue el mismo gobierno, porque no tenía la capacidad política y la voluntad para atender a las demandas de la gran mayoría de nuestro país".

Urrea, considerado uno de los dirigentes más radicales del movimiento, dijo que la Confech también resolvió convocar a un paro nacional para el 18 y 19 de octubre.

Pese a que aun continúan tomados o paralizados varios campus universitarios, la mayoría de los estudiantes se las arregló para cerrar el primer semestre académico con un vacío de cuatro meses sin clases, luego que el gobierno advirtió que quienes no terminaran el primer semestre perderían las becas o los créditos de la banca privada, a tasas del 6%.

El miércoles no solo concluyó un incipiente diálogo, sino que la autoridad regional rechazó que los estudiantes marcharan al día siguiente por la principal arteria de la ciudad por segunda vez desde el comienzo de las caminatas el 28 de abril, que fue una de las ocasiones en que la represión policial se desató con mayor violencia.

Laura Palma, líder de los universitarios de la Universidad de La Serena, en el norte, anunció que si el gobierno conservador de Piñera insiste en radicar el problema en el congreso, mediante el envío de proyectos de ley relacionados con la educación, emplazarán a la oposición de centroizquierda para que no los tramiten.

Los universitarios, muchos distantes de la coalición opositora, critican a los cuatro gobiernos de centroizquierda que sucedieron a la dictadura militar, en 1990, por no haber realizado intentos serios por cambiar el modelo educacional.

La ex presidenta Michelle Bachelet (2006-2010), que antecedió a Piñera, se defiende al señalar que la oposición derechista a su gobierno no dio los votos para introducir reformas.

AP

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