EFE
Aileen M. Cannon, nacida en Cali (Colombia) y nombrada en 2020 por el entonces presidente Donald Trump para un puesto de juez en los tribunales federales del Distrito Sur de Florida, es la encargada del caso de los documentos clasificados. Cannon, que tiene orígenes colombianos y cubanos, fue seleccionada al azar para este caso entre cuatro jueces federales en el sur de Florida.

Aunque el juez Jonathan Goodman fue quien presidió ayer la lectura de los cargos a Trump, Cannon tendrá la autoridad para revisar la decisión del juez a petición de cualquiera de las partes, según la televisión hispana Telemundo.

Nacida en Cali, en 1981, Cannon estudió en la Universidad Duke y en la Facultad de Derecho de la Universidad de Míchigan.

La jueza comenzó su carrera como asistente del juez federal de apelaciones en Iowa, y luego en las oficinas de Gibson, Dunn & Crutcher, una firma de abogados de élite con sede en Washington D.C.

En 2013, Cannon regresó a Florida, donde comenzó su trabajo como fiscal federal en el Distrito Sur de Florida en las divisiones de delitos mayores y apelaciones.

Con fuertes vínculos con la comunidad hispana del sur de Florida, Cannon se convirtió en el centro de atención en septiembre pasado cuando supervisó los procedimientos judiciales que el FBI encontró en la residencia de Trump en Mar-a-Lago, en Florida.

En su fallo, Cannon denegó al Departamento de Justicia una moción para continuar revisando e investigando material incautado en Mar-a-Lago, al tiempo que nombró al juez Raymond Dearie, como perito independiente.

Por su decisión de aceptar la designación de un perito independiente para revisar los documentos hallados en Mar-a-Lago, como pidió Trump, Cannon recibió numerosas críticas.

Pero más tarde la Corte de Apelaciones del Undécimo Circuito en Georgia “rechazó rotundamente los fallos anteriores de Cannon a favor de Trump”, puntualizó ayer martes MSNBC.

La investigación, que lidera el fiscal especial Jack Smith, se inició en 2022 a raíz de un registro realizado en Mar-a-Lago.

Allí, el FBI encontró más de 11.000 documentos oficiales, entre los cuales había un centenar catalogados como secretos o “ultrasecretos”.