Un juez del Tribunal Supremo español acordó ayer lunes el ingreso en prisión y sin fianza para el exsecretario de Organización del Partido Socialista (PSOE), Santos Cerdán, por su “específico papel” en una trama corrupta, con indicios de que recibió y repartió “mordidas” (comisiones) de constructoras por adjudicaciones irregulares.

El juez Leopoldo Puente atendió la petición de la Fiscalía Anticorrupción y de las acusaciones, y respecto al ex número tres socialista considera que existe un “homogéneo y consistente conjunto de indicios (...) verdaderamente extraordinario” de delitos, en los que presuntamente incurrió, de integración en organización criminal, cohecho y tráfico de influencias, según explica en su auto.

La Fiscalía Anticurrupción, en su escrito de acusación, asegura que Cerdán es “el jefe de una organización criminal” que buscó “penetrar en el Gobierno”, de la mano del exministro de Transportes socialista Jose Luis Ábalos y el exasesor de éste Koldo García, para amañar obras públicas.

Cerdán, que declaró ayer ante el tribual, negó haber participado en repartos de comisiones o en presuntas adjudicaciones irregulares y atribuyó la apertura de esta causa judicial a una persecución política por haber negociado la investidura del presidente Pedro Sánchez con los partidos nacionalistas vascos PNV y EH Bildu.

El magistrado acuerda la medida más gravosa desde que abrió la causa, ya que tanto Ábalos como García tienen como medidas cautelares la prohibición de salir de España, retirada de pasaporte y comparecencias quincenales.

La razón, según el magistrado, es el “peligro fundado” de que el ex número tres del PSOE pueda “ocultar, alterar o destruir” pruebas, a diferencia de los otros investigados, y tampoco se ha practicado aún “la indispensable investigación acerca de su verdadera situación patrimonial”, ya encargada a la Guardia Civil.

El juez destaca el “específico papel” que tendría Cerdán en la trama, cuyos integrantes podrían haber conformado una organización orientada “a obtener indebidamente premios económicos por la ilícita adjudicación de obra pública” y Cerdán sería “el encargado en la organización de distribuir entre sus miembros los ilícitos frutos”.

El magistrado destaca el total de obras adjudicadas a la constructora Acciona que están bajo sospecha, de unos 537,2 millones de euros, y sostiene que “el botín indiciariamente obtenido por, o comprometido para” Ábalos y García se sitúa en torno a un millón de euros, lo que “refuerza” la idea de que más personas, “físicas o jurídicas” se puedan haber lucrado.

Este caso de desarrolla a partir de “explicitas” conversaciones que durante cuatro años grabó Koldo García, en las que intervienen Cerdán y Ábalos, y cuyo “inequívoco contenido” el exdirigente socialista no cuestionó, sino que señaló que no recuerda haberlas mantenido.

EFE