Más de 200.000 menores en España habrían sufrido abusos de religiosos católicos, según informe independiente

AFP / EFE
Más de 445.000 personas habrían sufrido abusos sexuales por parte de religiosos católicos en España desde 1940 y entre estos, más 200.000 eran menores, según un primer informe independiente divulgado este viernes 27 de octubre.

"Hay gente que se ha suicidado (...), gente que no ha recompuesto su vida jamás", dijo en rueda de prensa el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, quien entregó el reporte de 777 páginas, titulado "Una respuesta necesaria", al Congreso español, que se lo había encomendado en marzo de 2022.

El informe no ofrece una cifra exacta, pero recoge una encuesta realizada con una muestra de 8.000 personas, según la que un 0,6% de la población adulta española —que totaliza unos 39 millones de personas— afirmó haber sufrido abusos sexuales por miembros de la Iglesia católica cuando eran menores. La cantidad aumenta a 1,13% de adultos, equivalente a más de 445.000 víctimas, si se cuentan los abusos cometidos por laicos en ámbitos religiosos, especificó Gabilondo, quien coordinó la comisión independiente que trabajó por año y medio.

Gabilondo, un exministro de Educación socialista, señaló que hay casos que remontan a la década del 1940, pero que la gran mayoría ocurrió entre 1970 y 1990. Una época que abarca desde el inicio de la dictadura franquista (1939-1975), que tenía en la Iglesia uno de sus pilares, hasta un período con la transición democrática ya bien asentada.

Además, la comisión de expertos entrevistó a 487 víctimas, quienes subrayaron "los problemas emocionales" que sufrieron a lo largo de sus vidas, expuso Gabilondo.

A diferencia de Francia, Alemania, Irlanda, Estados Unidos o Australia, España, país de arraigada tradición católica, nunca había llevado a cabo una investigación sobre la pederastia en el clero. En Francia se contabilizaron 216.000 menores víctimas desde 1950, en Alemania 3.677 casos entre 1946 y 2014 y en Irlanda más de 14.500 personas recibieron compensación financiera.

En la Iglesia católica española "durante muchos años ha predominado cierta voluntad de negación de los abusos (...), de ocultamiento o de protección de los abusadores", denunció Gabilondo, quien criticó el traslado de religiosos denunciados a otras parroquias o países.

Las críticas del Defensor no se limitaron al ámbito eclesial, sino que también denunció que los poderes públicos carecieron de procedimientos para prevenir, detectar y reaccionar frente a los abusos sexuales de menores en los centros escolares de la Iglesia y solo a partir de 2021 se introdujeron mecanismos de prevención y detección.

Entre sus recomendaciones, el informe pide "la creación de un fondo estatal para el pago de compensaciones" a las víctimas y garantizar que se les preste atención psicológica el tiempo que sea necesario.

La Iglesia católica, que por años se negó a cualquier pesquisa exhaustiva, declinó participar en la comisión, aunque finalmente facilitó documentos. Consultada por la AFP, la Conferencia Episcopal Española (CEE) indicó que sentará posición el lunes en una asamblea extraordinaria. Ante el aumento de la presión política, la Iglesia anunció en febrero de 2022 una auditoría propia, que un despacho de abogados tiene previsto finalizar antes de que termine el año.

La Iglesia afirmó haber implementado protocolos de actuación ante abusos e instalado oficinas "de protección de menores" en sus diócesis.

"Hoy somos un país un poco mejor porque se ha dado a conocer una realidad que todo el mundo sabía desde hace muchos años, pero de la cual nadie hablaba", se congratuló desde Bruselas el presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez.