El Tribunal Supremo español ha condenado a dos años de inhabilitación y a una multa de 7.200 euros al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de datos reservados en relación con la filtración de un correo con la admisión de un fraude a Hacienda de la pareja de la presidenta de la región de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
El alto tribunal adelantó ayer jueves el fallo, justo una semana después de que acabase un inédito juicio que sentó por primera vez en el banquillo al responsable del Ministerio Público español.
El fallo incluye el voto particular discrepante de dos de los siete magistrados que componen el tribunal que juzgó a García Ortiz.
Cinco de los siete magistrados consideran que el fiscal general del Estado incurrió en un delito de revelación de datos reservados recogido en el artículo 417.1 del Código Penal, que castiga a “la autoridad o funcionario público que revelare secretos o informaciones de los que tenga conocimiento por razón de su oficio o cargo y que no deban ser divulgados”.
Según adelantó el Supremo, la sentencia impone también al fiscal el pago de una indemnización de 10.000 euros por daños morales a la pareja de la presidenta madrileña, el empresario Alberto González Amador, y el abono de las costas procesales del juicio.
El fallo supondrá la salida de Álvaro García Ortiz de la jefatura de la Fiscalía General del Estado, adonde llegó en julio de 2022.
Fuentes del Gobierno de Pedro Sánchez expresaron su respeto a la decisión del Supremo, aunque no la comparten, y anunciaron que se pondrá en marcha el relevo del fiscal.
Agencia EFE