El régimen de Nicaragua ordena cerrar otras 26 ONG

Daniel Ortega. Foto: AFP.
NI4011. MANAGUA (NICARAGUA), 08/11/2018: El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, habla en un discurso durante un homenaje al fallecido comandante Carlos Fonseca Amador hoy, 08 de Noviembre de 2018, realizado en la plaza de la revolución en Managua (Nicaragua). EFE/Jorge Torres.
Jorge Torres/EFE

POLÉMICA

Con este paso se elevan a 75 las ONG a las que el gobierno de Daniel Ortega ha pedido su ilegalización en lo que va de mayo, y 212 desde 2018.

El Gobierno de Nicaragua, a través del Ministerio de Gobernación, ordenó el cierre de otras 25 ONG nicaragüenses, informó el Poder Legislativo. Con ello se elevan a 75 las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) a las que el Ejecutivo de Daniel Ortega ha pedido su ilegalización en lo que va de mayo, y a 212 desde diciembre de 2018.

En Nicaragua, con el voto de los diputados sandinistas y sus aliados, que son mayoría en la Asamblea Nacional (Parlamento), se ha cancelado la personalidad jurídica al menos a 187 ONG desde diciembre de 2018, ocho meses después de que estallara una revuelta popular -originada por unas controvertidas reformas a la seguridad social- calificada como intento de golpe de Estado por Ortega.

Según el Gobierno de Nicaragua, las ONG han incumplido con las leyes de la materia, lo cual ha sido rechazado por los afectados.

En la nueva lista, figura la Fundación Pro-Rescate de los Jóvenes en Pandillas, la Fundación Civil para el Apoyo a Mujeres Víctimas de la Violencia y a la Asociación Centro Alternativo para Mujeres Sobrevivientes de Violencia Izel.

Otras ONG que aparecen son la Fundación Puntos de Encuentro, Fundación Centro de Orientación para la Exportación de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Coemipyme), y Fundación de Mujeres y Desarrollo y la Democracia en Nicaragua.

Denuncias

Los representantes de ONG canceladas, entre estas la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), denuncian que se trata de una pasada de cuenta por su posición crítica.

Se trata de ONG que defendían los derechos humanos, médicas, feministas, educativas, universidades, ambientalistas, indígenas, de periodistas y centros de pensamiento.

El Ejecutivo también ha cancelado los registros y números perpetuos de cuatro ONG estadounidenses y seis europeas.

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