Disturbios en Francia: gobierno asegura que son "actos de delincuencia" y no un estallido social

EFE, AFP
El Gobierno francés se esfuerza en subrayar que los disturbios que sacuden al país en estos días no son una revuelta social de los barrios sensibles del país, sino un desencadenamiento de violencia de grupos de delincuentes jóvenes. Desde el martes, tras la muerte del joven Nahel en manos de un policía durante un control de tránsito, los suburbios de París y las principales ciudades de Francia se han visto covulsionadas.

“No es el fracaso del modelo francés”, subrayaron ayer fuentes del Ejecutivo, que insisten en que lo que está ocurriendo ahora es una situación que se ha vivido también en otros países de Europa.

Las fuentes refutan algunas de las ideas que han circulado, sobre todo en el extranjero, para explicar estos altercados asegurando que “no es una revuelta de los barrios” sensibles.

En primer lugar, porque la inmensa mayoría de sus habitantes están en enojados con este desencadenamiento de violencia.

Ellos son los primeros damnificados, remarcaron, por la destrucción de cientos de edificios de servicios públicos, como ayuntamientos, escuelas, bibliotecas o comisarías, pero también por el saqueo de comercios y por el incendio de miles de sus coches.

Otro de los hechos en donde se podría estar expresando ese rechazo a las protestas es en el fondo de apoyo económico a la familia del policía, que recaudó hasta ayer lunes casi 1,1 millones de dólares, mientras que la colecta en apoyo a la familia de Nahel contaba con una cifra significativamente menor: casi 218.000 dólares.

“Apoyo para la familia del policía de Nanterre, Florian M. que hizo su trabajo y que está pagando un alto precio”, dice el texto que acompaña la colecta para el policía, creado por Jean Messiha, un exvocero del político ultraderechista Éric Zemmour.

En resumen, detrás de estos disturbios, lo que hay son “actos de delincuencia” con autores muy jóvenes, asegura el gobierno, y aseguran como prueba que la edad media de los manifestantes es de 17 años, mientras que un tercio de los más de 3.400 detenidos en los últimos días son menores de edad.

En cuanto a las acusaciones de racismo y de actitudes discriminatorias por parte de la policía, el Ejecutivo niega que puedan generalizarse.

El Gobierno también ha querido matizar algunas cifras que se han comentado mucho en los últimos días, al calor de la muerte de Nahel.

Sobre todo, la de los 13 muertos que hubo el pasado año a manos de la policía cuando forzaban controles. Un número que es muy superior al de los dos años anteriores (habían sido dos y cuatro, respectivamente), pero también a la tendencia de 2023, con tres muertos en el primer semestre.

Más allá de constatar que la virulencia de los disturbios ha menguado en las dos últimas noches, en particular en la del domingo al lunes -hubo 157, frente a los 400 de la noche anterior-, el Ejecutivo reconoce que este estallido “está lejos de estar acabado”.

Y aunque reconoce que estos episodios pueden favorecer los discursos populistas, en particular los de la extrema derecha, repite que la respuesta política debe ser “responsable” y que, por su parte, no quiere ni estigmatizar a determinados grupos sociales ni fracturar el país.