POLÉMICA
La sanción de destitución emitida en diciembre de 2003 se basó en “criterios de discrecionalidad política, lo que afectó el principio de independencia judicial”, dijo agente de la CIDH.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) comenzó ayer lunes una audiencia de tres días sobre una demanda contra el Estado de Paraguay acerca de la destitución de dos ministros de la Corte Suprema de Justicia en un juicio político en el año 2003, lo que habría violado la independencia judicial.
La demanda presentada ante la CorteIDH por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señala que el Estado es responsable por una serie de violaciones a los derechos de Bonifacio Ríos Avalos y Carlos Fernández Gadea, quienes fueron destituidos sin motivos. El agente de la CIDH, Edgar Ralón, explicó en la audiencia que entre los derechos vulnerados se encuentran el de contar con una autoridad competente, el derecho de defensa, el de garantías judiciales y el de contar con un juez imparcial.
“En 2003 luego de que el presidente de la República (Nicanor Duarte) realizó declaraciones indicando que si hacía falta se tenía que pulverizar el Poder Judicial corrupto, las víctimas fueron sometidas a un juicio político ante la Cámara de Diputados, el primero en la historia de Paraguay”, detalló Ralón.
El agente afirmó que en este caso, la sanción de destitución emitida en diciembre de 2003 se basó en “criterios de discrecionalidad política, lo que afectó el principio de independencia judicial”.