SÉRGIO MORO

"No se pueden convertir los cargos públicos en mercancía"

Responsable de la primera condena de un ex Presidente de Brasil por corrupción, y por el encarcelamiento de políticos y empresarios poderosos, el juez federal Sérgio Moro fue elegido Personaje Latinoamericano de 2017 por los directores y editores de los once diarios del Grupo de Diarios América.

"La corrupción afecta la economía y tiene impacto en la calidad de la democracia". Foto: AFP
"La corrupción afecta la economía y tiene impacto en la calidad democrática". Foto: AFP

Sostiene que la corrupción se globalizó, pero que otros países que recibieron pruebas de corrupción de la constructora Odebrecht tienen la oportunidad de profundizar las investigaciones y descubrir nuevos casos. Estima que la población ya no tolera ciertos comportamientos como la corrupción, y está más vigilante ante las conductas que son ilegales.

—¿La operación Lava-Jato logró reducir la corrupción en Brasil o solo la hizo más visible?

—Es muy difícil dimensionar la corrupción. No se sabe cuántos casos reales existen, y lo que se tiene, normalmente, son medidas de percepción de la corrupción. En los índices de Transparencia Internacional, Brasil no se encuentra en una posición muy buena. Lo que los casos judiciales revelan es que la percepción que teníamos, de que la corrupción era muy grande en Brasil es, de hecho, real. Son hechos graves y grandes. La corrupción no se va a acabar, pero si la impunidad estimula la corrupción, la disminución de la impunidad debe acarrear igualmente la disminución de la corrupción. Pero, sería oportuno que hubiera reformas más generales por parte del gobierno y del Legislativo, contra los incentivos y las oportunidades de corrupción. Y eso es algo que está casi totalmente inerte.

— ¿Cómo Brasil puede superar ese escenario, en el que la corrupción se esparció por casi todo el gobierno?

—Es importante que los procesos judiciales funcionen y sean efectivos, que no tengamos impunidad. Pero, más que eso, precisábamos de un discurso firme por parte de nuestros líderes políticos contra la corrupción, que fuesen acompañados de acciones consistentes con ese discurso. Eso involucra no solo un cambio en la legislación procesal y penal, sino que también para disminuir incentivos y oportunidades de corrupción. También que el gobierno dé el ejemplo con un comportamiento honesto. Porque, cuando no existe eso, se termina desincentivando a las personas comunes, a la sociedad en general, a comportarse de forma honesta".

—El Supremo Tribunal Federal ha sido escenario de divergencias y polémicas en relación a los investigados con fuero privilegiado. ¿Usted esperaba más de las investigaciones en el Supremo?

—Por mejor que sean las buenas intenciones de los jueces, magistrados y ministros involucrados, esos procesos son complejos y avanzan mejor ante los jueces comunes. La primera instancia tiene mejores condiciones de trabajar en esos procesos que en los tribunales superiores, normalmente sobrecargados de los casos más diversos. Una lección que se tiene que extraer de eso: si el fuero privilegiado funciona, en la práctica, como blindaje de agentes públicos, este debería ser simplemente eliminado o reducido significativamente".

— ¿Cómo evalúa el avance de las denuncias?

—Si pensamos en un precedente importante, que fue la acción penal 470, el Mensalão, en que pese a todos los méritos del STF, el caso llevó años desde la recepción de la denuncia hasta el juicio, sería mejor si hubiese llevado menos tiempo. En los nuevos casos, lo que se tiene es el padrón del Supremo. El ministro (Edson) Fachin ha hecho un buen trabajo, tomado decisiones firmes, rápidas, pero el ritmo de los tribunales superiores es más lento que el de las instancias ordinarias".

—La condena de Lula puede dejar fuera de las elecciones un presidenciable importante, que lidera las encuestas. ¿Cómo se siente frente a la posibilidad de haber influido directamente en la disputa de 2018?

—El papel del juez es cumplir la ley. El juez cumple la ley y juzga los procesos según las leyes. Las consecuencias fuera del proceso no son responsabilidad del juez. Si eventualmente esa situación ocurre, no fue porque el juez así lo decidió. Alguien cometió un delito, la ley prevé inhabilitaciones, y eso puede ocurrir".

—¿Usted ve un riesgo de retroceso en la legislación anticorrupción?

—Lo que me preocupa en lo inmediato, en ese esfuerzo anticorrupción, es que hubo una decisión muy importante del Supremo Tribunal Federal, que previó que a partir de una condena en segunda instancia se puede ejecutar la condena. Veo con preocupación alguna señal de que el Supremo podría revisar ese precedente. Yo entiendo que ese precedente, debería ser considerado un punto de no retorno. Sería un tremendo retroceso. Y de cierta manera esto ilustra una cierta zona de incertidumbre. Brasil, ¿va a avanzar, buscaremos construir un ambiente de mayor integridad en la gestión de lo público, o estamos aquí pensando en retroceder y retomar la impunidad como regla, algo que teníamos hace no mucho tiempo? Sería terrible que algo de esa especie ocurriera".

— ¿El tema de la segunda instancia es el más peligroso?

—No sirve de nada tener una mejor regulación de caja 2 (donaciones y pagos irregulares no contabilizados) como delito, no sirve de nada cortar brechas en la legislación penal, si un proceso no llega a su fin. Necesitamos tener un proceso que llegue a su fin en un tiempo razonable. Y para eso fue fundamental esa decisión del Supremo. Lo que teníamos en el pasado, salvo grandes excepciones, eran procesos que involucraban delitos de corrupción y que nunca se terminaban".

—Lula, que fue condenado a nueve años y medio de cárcel por usted, realizó críticas contundentes a la investigación y dice que es víctima se persecución política. ¿Cuál es su respuesta a esa crítica?

—Yo ya dicté la sentencia, y todo lo que yo tenía que decir sobre el caso está ahí. Las pruebas que consideré, los hechos. No me corresponde hacer comentarios adicionales. Todo lo que yo tenía que decir está ahí, y la sentencia es pública. Hoy está sometida a recurso de apelación. Los jueces del TRF son personas absolutamente serias, y ellos pueden confirmar o reformar la sentencia. Estoy absolutamente tranquilo sobre lo que decidí y ante lo que ellos pueden decidir, ya sea confirmando o modificando la sentencia".

—Petrobras fue víctima del reparto de cargos entre partidos políticos, como sigue ocurriendo ¿Cómo cambiar este escenario?

—La repartición de cargos es uno de los principales males que necesitan ser remediados en Brasil. Es el origen de los delitos en Petrobras y es uno de los males que debemos impedir mediante reformas más incisivas de las prácticas políticas y administrativas. La Ley de las Estatales, aprobada en 2016, pese a que es loable, es insuficiente. No se pueden cambiar cargos públicos por poder político o monetario. No se puede convertir las posiciones públicas en mercancias.

—Miembros de la Lava-Jato dijeron que estuvo a punto de encarcelar a Lula varias veces. ¿Si él es condenado en segunda instancia, esa posibilidad es real?

—Esa pregunta no me corresponde contestarla. Corresponde a la segunda instancia.

Es necesario una actitud más íntegra de privados.

"No. Lo que he dicho y reiterado —y creo que ese es mi papel, debido a la visibilidad que los casos alcanzaron—es recordar la necesidad de que, además de tener una Justicia que funcione, son necesarias reformas más generales para disminuir incentivos y oportunidades de corrupción. También me he manifestado en el sentido de que el sector privado también tiene responsabilidades en estos esquemas criminales. Una actitud del mundo empresarial más íntegra ya hace una gran diferencia".

Moro respondió de esa manera a la pregunta de si Lava-Jato mostró que la Justicia, por sí sola puede cambiar la realidad y si eso lo anima a él a tener una actuación política de futuro.

No quiso responder la pregunta de qué significaría para Brasil un eventual retorno de Lula al poder.

Respecto de que el caso Odebrecht reveló una red de corrupción que involucra a gran parte de la clase política, Moro consideró que "existe siempre la expectativa de que en un ambiente de libertad y democracia los países avancen. Y aquellas personas identificadas con la práctica de ocrrupción, y hasta los partidos, tiene que sufrir las consecuencias. En el caso de las personas, tienen que ser alejadas de la vida política. En el caso de los partidos, tienen que reconocer sus errores y hacer los cambios necesarios internamente para que puedan proseguir. De lo contrario, lo mejor es que el partido también sea alejado de la vida política. Falta la percepción de que los propios partidos tienen su responsabilidad".

"Ya no se toleran ciertos comportamientos de gobernantes".

Sergio Moro señala que "en algunos de los países vecinos, que también tenían tradición de impunidad, empezamos a ver que pasan cosas, con encarcelamientos y procesos relevantes en Perú, Argentina, Colombia, y Ecuador. Hay un movimiento anticorrupción y creo que eso tendrá un impacto significativo en Brasil. Vivimos en un mundo cada vez más competitivo y globalizado". Asimismo, estima que "la corrupción extendida como estaba —o como tal vez aún lo esté— es algo que impacta la eficiencia y la productividad de nuestra economía, además de disminuir la calidad de la democracia. Hay dudas si las empresas brasileñas van a competir si siguen sometidas a tasas e impuestos escondidos de sobornos, de corrupción".

Respecto de la sombra de la constructora Odebrecht en América Latina, señala: "Así como la economía es globalizada, muchas veces la práctica corrupta también se globaliza. Sin embargo, es importante tener en cuenta que si Odebrecht pagó a agentes públicos o políticos de otros países, probablemente otras empresas también pagaron. Y me refiero no solo a las brasileñas, sino a las extranjeras y probablemente a las empresas de los respectivos países".

Al ser preguntado si falta revelar algo más del caso Odebrecht en América Latina, responde: "Brasil ha adoptado una postura de cooperación jurídica internacional. Cuando recibimos pedidos de cooperación e intercambio de pruebas, la postura usual ha sido acceder a ese intercambio. Cuando las pruebas provienen de personas que hicieron un acuerdo de cooperación (con la Justicia), hemos puesto condiciones para protegerlas de eventuales procesos en el exterior, lo que me parece natural. Las pruebas pueden ser utilizadas pero no en contra de esas personas. Observada esa condición, no se ha escondido nada".

Advierte que "no es tan simple una acción política que entierre las investigaciones. Existe una democracia que es cada vez más informada y más demandante. Yo creo que, a pesar de estar bajo la sombra del retroceso, es muy difícil volver al statu quo anterior. Las personas ya no toleran ciertos comportamientos de sus gobernantes y quieren que las instituciones den respuesta. Parafraseando el precio de la libertad es la eterna vigilancia, diría que el precio de la integridad es la eterna vigilancia de parte de los gobernados. Riesgos existen, pero eso no significa que la sociedad vaya a permitir retrocesos.

Afirma que "es una ilusión creer que la corrupción dejará de existir. No va a ocurrir. Y puede ser que estén ocurriendo casos graves. Lo importante es que las instituciones den una respuesta y funcionen". Agrega que "eso no se cambia por esfuerzos voluntaristas de algunos individuos, pura y simplemente. Si las instituciones hacen en serio su trabajo, si nuestros representantes electos toman en serio las responsabilidades que resultan del hecho de haber sido elegidos en un régimen democrático, hay condiciones para avanzar mucho y tener niveles de corrupción mucho más bajos. No existe una enfermedad latinoamericana asociada a la corrupción".

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