EFE
La Cámara de Diputados y Diputadas de Chile rechazó ayer la solicitud de iniciar un juicio político de diputados de derecha contra el ministro de Vivienda, Carlos Montes, por su presunta responsabilidad en una trama de presuntas subvenciones irregulares que sacude al país. Con 79 votos a favor, 61 en contra y una abstención, el pleno de la Cámara dio validez a la defensa de Montes y frenó así la acusación constitucional, que había generado duras críticas por parte del gobierno y de los partidos oficialistas.
“Tengo las manos y la conciencia muy limpias. Nunca pensé en dar un paso al costado”, dijo Montes, quien aseguró que la votación dejó claro que la acusación constitucional “no tenía ni fundamento político ni técnico”. El ministro, un histórico del socialismo chileno, contó con el apoyo de todos los partidos de la coalición de gobierno y sectores de la oposición, como la Democracia Cristiana, el Partido de la Gente, Amarillos y Demócratas.
La solicitud de juicio político fue apoyada, en cambio, por la coalición de derecha Chile Vamos, el ultraderechista Partido Republicano y el Partido Social Cristiano. Se trata de la quinta acusación constitucional que presenta la oposición en contra de un ministro del gobierno del progresista Gabriel Boric, pero ninguna se ha aprobado.
La oposición lleva semanas pidiendo la renuncia de Montes, sobre todo, tras la detención de dos de los protagonistas que dieron origen al llamado “Caso Convenios”, y endureció el tono tras la derrota en el plebiscito constitucional del pasado 17 de diciembre, cuando una mayoría rechazó en las urnas una propuesta constitucional conservadora.
Daniel Andrade, representante legal de una fundación ligada a uno de los partidos del gobierno, y Carlos Contreras, exsecretario regional del Ministerio de Vivienda de Antofagasta están acusados de malversar subvenciones públicas por 426 millones de pesos (cerca de 530.000 dólares).