CRISIS EN NICARAGUA
La acusación, inhabilitación y arresto de la opositora Cristiana Chamorro Barrios mereció esta semana la condena de la comunidad internacional.
El régimen de Daniel Ortega sigue dando motivos para que Nicaragua se mantenga, junto a Cuba y Venezuela, dentro de lo que Estados Unidos ha llamado la “troika de la tiranía” en América Latina. La acusación, inhabilitación y arresto de la opositora Cristiana Chamorro Barrios mereció esta semana la condena de la comunidad internacional.
La ONU aseguró que las medidas contra Chamorro Barrios pueden “empeorar la confianza” en las próximas elecciones presidenciales de noviembre en Nicaragua. “Estamos muy al tanto de las recientes acciones legales tomadas contra Cristiana Chamorro”, aseguró el portavoz de la ONU, Stéphane Dujarric, que recordó que esto llega en medio de un período de “tensiones” entre el régimen de Ortega y la oposición.
Dujarric dijo además que Naciones Unidas ha tomado nota de las reformas electorales aprobadas el mes pasado y de las preocupaciones que han expresado al respecto actores nacionales e internacionales, entre ellos la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, que alertó sobre medidas contra candidatos y periodistas independientes.
Entre esas medidas está la apertura de una investigación penal contra Chamorro Barrios, acusada de lavado de dinero, y que finalmente ha sido inhabilitada por la Justicia para participar en la contienda electoral bajo el argumento de “no estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos”.
Chamorro Barrios, de 67 años, es hija de la expresidenta Violeta Barrios, que le ganó a Ortega en las elecciones de 1990, y del periodista Pedro Joaquín Chamorro, opositor a la dictadura de Anastasio Somoza y asesinado en 1978.
Chamorro Barrios, vicepresidenta del diario La Prensa de Managua, es la figura de la oposición nicaragüense con mayor probabilidad de ganar las elecciones de noviembre, en las que Ortega busca un quinto mandato consecutivo.
Su cuenta oficial de Twitter, @chamorrocris, sigue activa, aunque sin publicar mensajes desde la noche del pasado 1° de junio, cuando escribió: “No soy candidata oficial y pretenden inhibirme. Qué miedo le tienen al cambio. Unida, Nicaragua volverá a ser República”.
La Policía de Nicaragua registró el miércoles su vivienda y la mantiene ocupada.
El caso de lavado de dinero se habría producido en la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, que cerró en febrero.
La Fiscalía, que dirige la exguerrillera sandinista Ana Julia Guido, pidió la inhabilitación luego que Chamorro Barrios solicitara esta semana a la opositora Alianza Ciudadanos por la Libertad (CxL) su inclusión como precandidata presidencial para las elecciones del 7 de noviembre.
Según la Fiscalía, la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, dedicada a la protección y promoción de la libertad de prensa y de expresión, “incumplió gravemente sus obligaciones ante el Ente Regulador, y del análisis de los Estados Financieros, período 2015-2019, se obtuvieron claros indicios de lavado de dinero”, por lo que se “ha informado al Ministerio Público para (abrir) la investigación correspondiente”.
La Fiscalía ha llamado a declarar en calidad de testigos a una veintena de periodistas, y también al escritor, novelista y exvicepresidente de Nicaragua Sergio Ramírez Mercado en su calidad de representante legal de la ONG Fundación Luisa Mercado, que mantuvo relación con la Fundación Violeta Barrios de Chamorro.
Hora de sanciones.
En Estados Unidos, el senador demócrata Bob Menéndez, que preside el Comité de Relaciones Exteriores, considera que “es hora” de utilizar las herramientas provistas por el Congreso para sancionar a quienes socavan la democracia en Nicaragua. En una declaración enviada a EFE, Menéndez condenó las “acciones autoritarias” de Ortega contra Cristiana Chamorro.
A juicio del senador de origen cubano, Ortega demuestra “un desprecio absoluto por el estado de derecho y la piedra angular de cualquier democracia: elecciones libres, justas y transparentes”.
“Viendo como el régimen desesperado de Ortega cada vez está más resuelto a convertirse en la tercera dictadura de América Latina, estoy más comprometido que nunca en trabajar con el secretario (de Estado, Antony) Blinken y la administración Biden para asegurar elecciones democráticas que permitan a los nicaragüenses tomar el control de sus propios procesos políticos y de sus oportunidades económicas”, agregó.
Menéndez recordó que en 2018 “el Congreso promulgó herramientas políticas para implementar sanciones selectivas contra funcionarios nicaragüenses que socavan la democracia, perpetúan la corrupción y violan los derechos humanos”. “Ya es hora de utilizarlas”, afirmó.
Por su parte, Blinken dijo este miércoles en Costa Rica que Nicaragua va en la “dirección opuesta” a lo que pueden ser unas elecciones justas y libres. En una entrevista con el diario La Nación, aseguró que Nicaragua no solo preocupa a Estados Unidos, sino que también al hemisferio en general.
Por su parte, la OEA advirtió que Nicaragua se encamina “a las peores elecciones posibles”, al calificar como un “nuevo atentado a la democracia” la inhabilitación de Chamorro Barrios, que imposibilita “más aún la existencia de elecciones libres, justas y transparentes”. (Con información de AFP y EFE)
Una “rehén” para negociar levantar sanciones
La Comisión Europea pidió ayer jueves al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, liberar a la opositora Cristiana Chamorro Barrios. “Las acciones judiciales contra @chamorrocris (Chamorro Barrios) son incompatibles con un proceso electoral creíble, transparente y abierto a la oposición y sus candidatos”, dijo el portavoz comunitario de Exteriores Peter Stano, en un tuit. “La Unión Europea (UE) insta a que se la libere inmediatamente y se reviertan sin demora las medidas contra sus derechos”, abogó Stano en el mensaje, que fue compartido con la prensa por la delegación de la UE en Nicaragua.
Para el jurista opositor y exvicecanciller nicaragüense José Pallais, Ortega tiene “ahora de rehén” a Chamorro Barrios con el objetivo de “negociar” el retiro de las sanciones económicas que ha impuesto Estados Unidos, la UE, el Reino Unido y Canadá, a más de una veintena de familiares, allegados y empresas ligadas al líder sandinista, a quienes señalan de “serias violaciones a los derechos humanos” y de “corrupción”.
“Quieren callar a la prensa independiente”
El nicaragüense Octavio Enríquez, ganador del Premio Internacional de Periodismo Rey de España en 2014 y del Premio Ortega y Gasset de 2011, alertó ayer jueves que se está estigmatizando a los periodistas que critican al régimen del sandinista Daniel Ortega.
Enríquez acudió al Ministerio Público, en calidad de testigo, por el caso de Cristiana Chamorro Barrios, y por el que se ha citado a más de una veintena de periodistas. “Si nosotros estuviéramos del lado del poder, nada de esto estaría ocurriendo, entonces es un desfile (de periodistas ante la Fiscalía) para estigmatizarnos, para intentar amedrentarlos, pues le tengo una mala noticia: se equivocan, no lo van a lograr”, señaló Enríquez, que ganó el Rey de España con un reportaje sobre el tráfico ilegal de madera en Nicaragua titulado “Mafia del Granadillo”.
Enríquez, que se define como “un contador de historias escritas”, dijo a los periodistas que respondió preguntas de su relación con la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, que cerró en febrero pasado y dirigió Chamorro Barrios, quien se encuentra bajo “arresto domiciliar”.
Explicó que su relación con esa ONG fue de servicio profesional en calidad de capacitador de periodistas jóvenes y “capacitar no es un delito”. Enríquez dijo no entender la acusación que hace la Fiscalía a esa ONG sobre lavado de dinero, cuando el origen de la fuente provenía de la cooperación externa debidamente registrada y acreditada por el Ejecutivo nicaragüense. “No le encuentro lógica a esa acusación”, comentó el periodista, para quien el Gobierno, a través del Ministerio Público, cita a los comunicadores como “un intento de callar a la prensa independiente”.
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