El gobierno de Colombia suspendió ayer miércoles el alto al fuego que había declarado con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) un día después que los guerrilleros se negaron a cesar sus operaciones ofensivas.
“Ante la posición asumida públicamente el día de ayer (por el martes) (...) hemos decidido suspender los efectos jurídicos del decreto” que establecía el cese al fuego bilateral con el ELN desde el 1 de enero hasta el 30 de junio, anunció ayer el ministro del Interior, Alfonso Prada.
Los rebeldes alegaron que esa tregua fue parte del primer ciclo de las negociaciones de paz que sostuvo con delegados del gobierno colombiano en Caracas entre noviembre y diciembre. No obstante, se planteó la posibilidad de tocar ese tema cuando se reanuden las conversaciones en México.
“En el siguiente ciclo se reactivaría el diálogo sobre este particular”, agregó Prada junto al ministro de Defensa, Iván Velásquez, el consejero presidencial de paz, Danilo Rueda, y la cúpula militar.
Según el ministro, el ejecutivo no considerará un cese al fuego bilateral “hasta tanto no se reactive la mesa” de diálogo en una fecha aún por definir en México.
Al filo de la medianoche del 31 de diciembre, el presidente Gustavo Petro aseguró haber acordado un cese al fuego bilateral con los principales grupos armados del país, incluido el ELN.
El gobierno y las Fuerzas Militares guardaban silencio desde el martes cuando los rebeldes desmintieron la versión oficial, desatando una tormenta política.
También es el mayor revés de la iniciativa de “paz total” con la que Petro, que asumió en agosto, pretende extinguir el conflicto armado que continúa pese a la desmovilización de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 2017.
Con unos 3.500 combatientes, según estudios independientes, el ELN opera en al menos 22 de los 32 departamentos de Colombia, lucrándose del narcotráfico y la minería ilegal.
Prada invitó a la guerrilla a “declarar una tregua verificable en respuesta al imperativo” llamado de las comunidades más afectadas por la violencia.
Los disidentes de las FARC que continúan en armas, el Clan del Golfo -la mayor banda narco del país- y los paramilitares de las Autodefensas de la Sierra Nevada también hacen parte del alto al fuego bilateral proclamado por Petro.
Solo el ELN ha rechazado públicamente esa declaratoria.
En armas desde 1964, el ELN solo ha pactado una vez un cese al fuego bilateral, mientras mantenía un proceso de paz con el gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018) en 2017.
La tregua se rompió después de 100 días tras ataques con explosivos de los rebeldes a oleoductos estatales.
Las negociaciones entre el gobierno de Petro y los grupos armados, que tienen un total estimado combinado de 15.000 combatientes, hasta ahora no han logrado poner fin a la espiral de violencia que envuelve al país.
El centro de investigación Indepaz registró cerca de 100 masacres en Colombia el año pasado.
Gustavo Petro y 72 horas de paz ficticia
El gobierno de Petro anunció el 31 de diciembre un cese al fuego bilateral con cinco grupos armados, entre ellos el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Pero el ELN desmintió al presidente el martes. “La delegación de diálogos del ELN no ha discutido con el gobierno de Gustavo Petro ninguna propuesta de cese el fuego bilateral”, señaló el grupo. En las siguientes horas se buscaron culpables por el primer gran patinazo de Petro en sus seis meses de gobierno. La pregunta es si a ese acuerdo se había llegado con el ELN o no. La guerrilla dice que no. El primer comandante del ejército del ELN, Antonio García, dio a entender que no existían las condiciones para un alto al fuego duradero, ya que, según él, ni la policía ni los militares respetaron el que ellos habían decretado en Navidad.
Confrontación
La tregua recibió un amplio respaldo de organizaciones humanitarias, pero es blanco de críticas de la oposición.
Miembros del partido opositor Centro Democrático consideran que el presidente mintió sobre los acuerdos a los que supuestamente había llegado con los insurgentes y se equivocó al hacer el anuncio, que fue apoyado por la ONU, la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Iglesia católica.
El jefe de la delegación negociadora del gobierno con el ELN, Otty Patiño, emitió un comunicado donde explica que la intención de Petro fue “abreviar los tiempos de la negociación armada y estimular al máximo espacios de la negociación política”.
En base a AFP y El País de Madrid
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