Chile le reclama a Argentina la extradición de un ex guerrillero

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En un viaje relámpago, sacudido por la tensión diplomática de las últimas horas, la presidenta Cristina Fernández escuchó el sábado, en persona, el reclamo de su par chileno, Sebastián Piñera, de que acepte extraditar a un ex guerrillero.

Galvarino Apablaza Guerra vive en Argentina y es acusado de haber asesinado al senador derechista chileno Jaime Guzmán en 1991.

Los presidentes se reunieron en el Palacio de La Moneda y, aunque intentaron dar señales de distensión, no llegaron a un acuerdo por el caso Apablaza, al que el gobierno argentino concedería el rango de refugiado político pese a que la Corte Suprema falló el martes pasado en favor de la extradición.

La presidenta Fernández viajó a Santiago para participar de los festejos del bicentenario. La reunión, agendada para las 19:30, comenzó a las 21:12, producto del atraso de la mandataria en un evento en la embajada argentina. Eso produjo nerviosismo en el gobierno chileno.

En la cita con Piñera, que duró 35 minutos, el mandatario chileno manifestó su preocupación por la situación de Apablaza y la probable negativa de la Comisión Nacional para los Refugiados (Conare), dependiente del Ministerio del Interior, a ratificar la extradición.

El jefe de Estado chileno le confirmó la voluntad de todo el arco político de juzgar en su territorio a Apablaza. Esto pasó después de que declarase a la prensa: "Yo creo que una persona que cometió un crimen tan grave, y lo cometió en Chile, debería ser juzgado en los tribunales chilenos".

La Presidenta, según cuentan fuentes del gobierno, optó por bajar el perfil al tema y dijo que la posición definitiva debe tomarla la Conare en los próximos días. Eso sí, acordaron que el proceso no debe enturbiar las hasta ahora "excelentes relaciones bilaterales".

En escuetas declaraciones dadas a su salida de la embajada, antes de juntarse con Piñera, Fernández dijo que "no hay tensión, ni la habrá" con Chile. "Tenemos que respetar el orden jurídico de cada país. Eso lo vamos a hablar con Piñera. Apablaza está en el país desde 1993 y ya hubo otros pedidos de extradición a otros gobiernos. No hay que dramatizar, estas son cuestiones legales, hay que respetar los convenios internacionales y las leyes, y por supuesto el marco jurídico de cada país", señaló la Presidenta.

Refugio. El encargado de monitorear el posible asilo que le concedería a Apablaza la Conare es el embajador chileno en la Argentina, Adolfo Zaldívar.

"Es un tema en el cual voy a actuar con toda la prudencia del caso. Es una situación delicada", dijo este fin de semana Zaldívar, dando a entender el sigilo con el cual debe moverse.

El embajador argentino en Chile, Ginés González García, no quiso dar mayores luces sobre el posible asilo a Apablaza.

"Este es un caso no igual a los anteriores, pero nosotros hemos procedido a la expulsión de un chileno en conflicto con la justicia -Juan Aliste, buscado por el asesinato de un carabinero, expulsado a fines de julio-. Hace más de un año hicimos lo mismo -en los casos de Freddy Fuentevilla y Marcelo Villarroel, prófugos por el mismo delito-. Chile tiene claro cuál es la institucionalidad de la Argentina", señaló el funcionario argentino.

La derecha enojada. Fuentes de la Unión Demócrata Independiente (UDI), el partido fundado por el asesinado senador Guzmán, dijeron ayer no comprender la politización del caso, por cuanto la justicia chilena y la Corte Suprema argentina ya dieron su parecer sobre la necesidad de juzgar a Apablaza en Chile.

La UDI hará sentir su molestia a través de las vías adecuadas, como explicó un parlamentario del partido. Esto será por intermedio del comité político oficialista, encabezado por Piñera, que sesiona todas las semanas. La otra vía consiste en insistir sobre la justicia de la extradición a través del embajador González García.

Piñera evitó referirse al tema durante su visita el sábado a la mina San José, donde habló con los 33 mineros atrapados desde el 5 de agosto.

SANTIAGO | Los dos únicos condenados por el delito de Jaime Guzmán -Mauricio Hernández Norambuena, el "Comandante Ramiro", y Ricardo Palma Salamanca, "el Negro"- se fugaron junto a otros dos integrantes del grupo subversivo en un cinematográfico escape en helicóptero desde la Cárcel de Alta Seguridad de Santiago, a fines de 1996. Ambos también habían participado del secuestro del directivo de El Mercurio, Cristián Edwards.

Hernández Norambuena, tras un paso por Cuba y las FARC colombianas, terminó en Brasil. En 2002 fue detenido allí por el secuestro del publicista Washington Olivetto. Recibió una condena a 30 años de cárcel y la negativa a la extradición.

La aparición de Galvarino Apablaza, máximo dirigente del FPMR cuando se cometió el crimen de Guzmán, en 2004, volvió a encender la ilusión de juzgarlo en Chile. El trámite fue solicitado por los gobiernos de Ricardo Lagos y de Michelle Bachelet.

Una reciente entrevista a Hernández Norambuena, en la que admitía que la cúpula del FPMR era dirigida en ese entonces por Apablaza y por Juan Gutiérrez Fischmann, "el Chele", yerno de Raúl Castro, permitió que la justicia chilena reabriera la causa hace quince días.

De no conseguirse la extradición, Piñera tendrá problemas dentro de su propia coalición. Eso explica el nerviosismo de las últimas horas. LA NACIÓN/GDA