Atentado renueva el debate migratorio

El hombre acusado de provocar la matanza al disparar contra la congresista demócrata en Arizona volvió a agitar el debate migratorio en ese estado fronterizo.

El rastro de declaraciones incoherentes que dejó tras de sí en Internet Jared Loughner apuntan a un joven solitario y atormentado, obsesionado con el poder del gobierno federal.

Pero la ira contra Washington en el estado que recibe más inmigración ilegal desde México fue uno de los carburantes que alimentó la dura campaña política de 2010, tanto en el propio estado como en todo el país.

La representante Gabrielle Giffords, que se debate entre la vida y la muerte, es una demócrata moderada, reelecta en noviembre por un margen estrecho, tras hacer campaña en favor de reforzar la seguridad en la frontera, pero también a favor de una reforma migratoria integral.

Giffords había recibido repetidas amenazas de muerte, como sucedió con el juez federal de asuntos migratorios John Roll, que falleció a causa de los disparos de Loughner, y que se hallaba entre el público. La congresista defendía el derecho a portar armas contemplado en la Constitución.

Pero esta mujer de 40 años, que medios locales presentan como una esperanza política de su partido en el conservador Sur estadounidense, también se había opuesto a la polémica ley SB 1070, que Arizona promulgó en 2010, que declaraba la inmigración un delito estatal, y que fue parcialmente revocada por un juez.

"Arizona es conocida a partir de ahora en el mundo por haber promulgado una ley de inmigración extremista, en respuesta a la ineficacia del gobierno federal", criticó en su momento.

El sheriff del condado de Pima, donde ocurrió el incidente, Clarence Dupnik, denunció el "clima político" en ese estado y en Estados Unidos como causa del atentado. Pero los conservadores no se amedrentaron ante estos ataques.

"Los que culpan a la retórica de sus adversarios políticos por estos atroces crímenes cuando no existe ninguna evidencia sólo tornan nuestro debate en algo aún más áspero", criticó la Fundación Heritage en Washington, quien acusó al sheriff Dupnik de haberse negado a aplicar la ley SB 1070. AFP