Plan para asesinar a ministro provincial y jueces argentinos en Punta del Este: sicarios cobrarían US$ 40.000

La Justicia argentina investiga un sofisticado plan criminal que tenía como epicentro la costa uruguaya: una organización criminal pretendía contratar a dos sicarios uruguayos por un monto de US$ 40.000 para ejecutar una serie de asesinatos presuntamente en Punta del Este, según consignó el portal argentino Infobae.

Según supo El País, el Ministerio de Interior de Uruguay se comunicó con las autoridades argentinas a nivel de Interpol por este hecho y, de momento, no hay ninguna información confirmada respecto de actividades locales relacionadas al caso ni personas identificadas.

El objetivo, según la investigación en Argentina, era aprovechar el descanso veraniego de importantes figuras públicas de Entre Ríos para llevar a cabo los ataques. La directiva de la banda narco era matar al ministro de Seguridad y Justicia provincial, el comisario general retirado Néstor Roncaglia; al juez federal de Paraná, Leandro Ríos, y al fiscal federal José Ignacio Candiotti, quienes debían ser emboscados durante sus vacaciones en la República Oriental del Uruguay.

A raíz de esta información, se realizaron allanamientos de urgencia en la Unidad Penal N° 9 de Gualeguaychú, donde se planificaba la coordinación de estos ataques. Las emboscadas contra esos blancos estaban preparadas para los próximos días, ya que el objetivo central del grupo mafioso era, de acuerdo con la información judicial, evitar el inicio del juicio por narcotráfico contra Leonardo Roberto Airaldi y 13 de sus cómplices. Ese debate oral debe comenzar el martes próximo.

De acuerdo con fuentes oficiales, el Tribunal Oral Federal de Paraná mantiene la fecha pautada para el comienzo de ese juicio. No habrá cambios pese a la amenaza narco, aunque si se reforzará de manera considerable la seguridad en los alrededores de la sala de audiencia y en el traslado de las personas involucradas en ese debate oral.

Más allá de decidirse el fortalecimiento de las medidas de vigilancia en el momento del juicio que el grupo narco quería alterar con la planificación de asesinatos de alto impacto, se dispuso que la Policía Federal Argentina (PFA), con apoyo de la Policía de Entre Ríos, custodie a los señalados objetivos del complot criminal, el juez Ríos, el fiscal Candiotti y el ministro Roncaglia.

Foto: Servicio penitenciario de Entre Rios

El funcionario del gobierno de Rogelio Frigerio tiene por demás experiencia en investigar y desmantelar a organizaciones narcocriminales. Fue jefe de la Policía Federal Argentina durante la primera gestión de Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad y antes de asumir ese cargo fue durante varios años el titular de la Superintendencia de Drogas Peligrosas. Estaba en ese puesto cuando en 2013 recibió un disparo en el pecho al tirotearse con delincuentes frente a su casa en Vicente López.

Airaldi, de 46 años y que fue apodado el “Gaucho narco”, se volvió famoso, no por su labor como productor agropecuario o por su gestión como expresidente de la Sociedad Rural de la ciudad entrerriana de Diamante, sino por ser acusado por el delito de tráfico de estupefacientes luego de que se descubriera que almacenaba casi 30 kilos de cocaína y la distribuía a lo largo del río Paraná para abastecer a los narcotraficantes de la zona.

En julio de 2022, la investigación sobre la red de narcotráfico que involucra al “Gaucho narco”, tomó un giro crucial cuando efectivos de Gendarmería Nacional interceptaron la camioneta marca Volkswagen, modelo Amarok, que conducía en la calle Goritti al 5600, en el barrio Ludueña de Rosario. Ese vehículo fue vinculado luego con la banda de Mameluco Villalba, el jefe narco que comanda desde la cárcel el movimiento de drogas en el partido bonaerense de San Martín.

En el procedimiento, los agentes secuestraron drogas, armas, municiones, dinero en moneda nacional y extranjera, y seis teléfonos celulares, que luego fueron sometidos a pericias forenses.

Los análisis de los dispositivos, cuyos resultados fueron plasmados en primera instancia en un informe de la Delegación de Inteligencia Criminal e Investigaciones Paraná de Prefectura Naval y posteriormente en otro estudio realizado por la Dirección General de Narcocriminalidad de la Superintendencia de Drogas Peligrosas de la PFA, revelaron conversaciones comprometedoras entre Airaldi y su círculo cercano.

Airaldi estaba fuera del radar judicial, bajo la cobertura de su rol en la sociedad de Diamante, donde había llegado a ocupar un lugar como presidente de la Sociedad Rural. Pero sus lazos narco parecen haberse expandido en silencio hasta transformarse en un jugador de cierto peso como abastecedor de cocaína para bandas de narcomenudeo en tres provincias. El uso de una camioneta de la banda de Mameluco Villalba sostiene la relación de Airaldi con los narcos del conurbano bonaerense, mientras que en Santa Fe tiene un expediente con pedido de elevación a juicio una causa originada por el hallazgo de los 30 kilos de drogas que derivaron en el arresto. A ese juicio llegará el “Gaucho narco” con el veredicto que surgirá del proceso penal en Paraná.

Un testigo, cuya declaración fue clave en la causa tramitada en Santa Fe, expuso una de las circunstancias que habrían dado impulso a Airaldi en el territorio narco. Es que el expresidente de la Sociedad Rural de Diamante se jactaba de tener en su estancia “una pista como para que aterrice una avioneta”. Aportar el lugar para el aterrizaje de vuelos ilegales o bombardeos de hasta 400 kilos de cocaína puede consolidar un emprendimiento delictivo. La nueva denuncia que enfrenta Airaldi como presunto organizador de atentados eleva más aún ese perfil, dejándolo en el nivel de atrevimiento de Guille Cantero, jefe de la banda de Los Monos y condenado a 28 años de prisión por instigar balaceras para amenazar a jueces, y Néstor Fabián Rojas, ideólogo de un intento de asesinato del juez misionero Verón con sicarios brasileños del Primer Comando Capital.

Trascendió que la investigación judicial que permitió evitar los atentados planificados desde la cárcel de Gualeguaychú se sustentó con diversos testimonios que alertaron sobre la inminencia de esa maniobra narco. “Los sicarios de Uruguay me salen dos mangos”, es una frase atribuida a Airaldi en el expediente judicial.

También figura el relato de un testigo que dijo estar al tanto de la planificación de las emboscadas. En ese caso, fue preciso cuando detalló que la organización criminal contaba con información sobre los movimientos del ministro Roncaglia.

Ese hombre dijo que “Airaldi quería matar mediante un sicario a Roncaglia, pero ese le salía más caro porque iba a ser en la Argentina. Él había averiguado que Roncaglia iba a un pueblito cerca de Paraná, a una quinta de amigos, y que el ministro iba solo, en moto. Con la gente que hablaba (por Airaldi, preso en Gualeguaychú) le decía que vayan con un tarro de cal. Para ser más exacto, que vayan en dos vehículos, que uno vaya con un tacho de cal y el otro con los sicarios, y que no debían dejar nada, ni un rastro”.

Fuentes de la investigación explicaron que la información inicial sobre la posibilidad de un triple atentado contra figuras de relevancia pública llegó por un aviso del Servicio Penitenciario de Entre Ríos. A partir de ese dato inicial se inició la pesquisa encabezada por el juez federal de Gualeguaychú, Hernán Viri, y el fiscal Pedro Rebollo. Esos funcionarios judiciales ordenaron el allanamiento en el pabellón E de la Unidad Penal N° 9, donde está alojado el llamado “Gaucho narco”, supuesto cabecilla del complot. En esas celdas fueron secuestrados, además de dosis de cocaína, teléfonos celulares y anotaciones que serán analizados por los investigadores. El operativo fue desarrollado por personal de la Gendarmería.

“El plan criminal buscaba interrumpir el inicio del juicio oral contra Airaldi y otras 13 personas por narcotráfico, previsto para el próximo 24 de febrero. Según las declaraciones de un testigo clave dentro del penal, el jefe narco pretendía ‘vengarse’ del juez Ríos por la instrucción de la causa y de Candiotti ante la inminente condena de 15 años que solicita la fiscalía”, señalaron fuentes oficiales del gobierno entrerriano.

Ese complot para causar un gran impacto público causó “profunda preocupación” en la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional: “Hechos como los que han quedado al descubierto son de extrema gravedad y causan honda consternación en tanto no solo afectan la seguridad personal de los involucrados, sino que atacan directamente los pilares del Estado de Derecho, la independencia judicial y el normal funcionamiento del sistema democrático”.

Por su parte, la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación también expresó su inquietud frente al complot descubierto: “Este tipo de sucesos (ataques y hostigamientos a la persona o a los lugares de trabajo de los operadores judiciales), que cada vez son más frecuentes, evidencian la necesidad que los organismos gubernamentales competentes, inmediatamente confeccionen y actualicen, a los fines preventivos, la evaluación de riesgos en la tarea diaria de todos los fiscales, aún más ahora, que el sistema acusatorio los responsabiliza como directores exclusivos de las investigaciones”.

“Queda claro”, se agregó en un comunicado de prensa, “que la reacción punitiva no disuade este tipo de conductas criminales, por lo que requiere una actitud proactiva y urgente, en especial cuando se observa que la hipótesis delictiva, en el caso que nos ocupa, parte de haberse desbaratado un plan criminal de un acusado por narcotráfico, conformado en una unidad carcelaria, que tenía por objetivo matar a los magistrados a través de un sicario, durante sus vacaciones en la República de Uruguay. Modalidad, que por otra parte, lamentablemente tuvo como consecuencia la muerte de un reconocido fiscal en un país vecino”, en referencia al asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, ejecutado por sicarios durante su luna de miel en la ciudad colombiana de Cartagena.

Con información de La Nación (Arg)