Gobierno de Milei denuncia a un streaming de Uruguay por difusión de audios basados en "espionaje ilegal"

Redacción El País
El gobierno argentino, liderado por el presidente Javier Milei, presentó una denuncia penal contra un canalde streaming de Uruguay por la difusión de audios que entiende surgen de un "espionaje ilegal".

La denuncia fue presentada ante un juez federal por el abogado Fernando Soto en representación del Ministerio de Seguridad Nacional, que dirige Patricia Bullrich, y fue contra el canal de streaming Dopamina.

En la documentación presentada, a la que accedió El País, se indica que esta es una ampliación de una denuncia previa que ya se realizó en Argentina contra medios locales que habían difundido audios de similares características.

Los audios difundidos en Uruguay corresponden a palabras atribuidas a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, hermana del presidente. Se divulgaron en Campaña del miedo, un programa conducido por Marcos Casas y Fernanda Kosak. Esto sucedió después de que un juzgado en materia civil prohibiera la difusión de los audios en medios locales.

Previamente, la publicación del material en Argentina motivó un escándalo político porque entre los audios había uno del exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo, que mencionaba presuntas coimas para la compra estatal de medicamentos, un episodio que motivó detenciones y allanamientos y que está en una etapa primaria de investigación.

Luego de los audios de Spagnuolo, medios argentinos comenzaron a divulgar otros de Karina Milei. Pero un juez ordenó el cese de la difusión, y los audios se siguieron revelando en Uruguay.

Foto: AFP

La denuncia de Soto indica que en Dopamina "se ha difundido un nuevo audio que también habría sido obtenido en forma clandestina e ilegal" y cuya veracidad no se puede "afirmar".

El audio habría sido "obtenido en forma ilícita y clandestina en la oficina de la Presidencia de la Cámara de Diputados", que está a cargo de Martín Menem.

"Los hechos ahora denunciados demuestran una labor desarrollada deliberadamente, reservando audios obtenidos ilícitamente para luego ir revelándolos en 'episodios', a medida que se acerca el tiempo de las elecciones provinciales y nacionales, ya próximas, lo que verosímilmente implica una actividad de 'grabación, tiempo de espera y ejecución en tiempo electoral'", indica la denuncia, que luego añade: "Todo ello implica una actividad que demuda la labor de un grupo de personas organizadas con fines claros de espionaje ilegal con el objetivo de dañar al Gobierno y provocar escándalo social".

En diálogo con El País, Soto afirmó que la Justicia argentina tiene competencia en este caso porque sería "una acción delictiva realizada en el extranjero" pero que tendría "efecto en Argentina".

Soto señaló que, de ser auténticos los audios, fueron obtenidos en una "grabación ilícita" en el marco de "una maniobra que es de espionaje ilegal y de acción contra el Estado".

El País accedió a la respuesta de Dopamina, que elaboró un equipo de abogados que asesora al medio.

La respuesta consta de cinco puntos. El primero indica que "la denuncia carece de fundamento jurídico" porque "la medida cautelar dictada en Argentina" para evitar la difusión de audios "tenía un alcance limitado: se aplica únicamente en territorio argentino y sobre audios grabados en la Casa Rosada en una fecha determinada".

"Tal como lo reconoció el propio presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, los audios difundidos no pertenecen a la Casa Rosada, sino a otro ámbito institucional, por lo que la medida no les resulta aplicable", indica el escrito.

Por otro lado, señala que "la propia medida cautelar es violatoria de la Constitución argentina" y "configura un claro caso de censura previa".

A su vez, desde el medio señalan que aún no fueron "notificados de la supuesta ampliación de la denuncia".

En cuarto lugar agregan que la labor del medio en este caso "se limita a la difusión, no a la obtención del material". "Nuestro medio no tuvo ninguna participación en la grabación ni en la obtención de esos audios. Lo único que hicimos fue difundir una pieza de interés público, en solidaridad con colegas argentinos a quienes se les intentó censurar, y amparados en la libertad de prensa".

El quinto y último punto refiere a la "defensa de la libertad de expresión", ya que, a su entender, "la denuncia contra periodistas de un medio uruguayo no tiene antecedentes en la región y abre la puerta a un conflicto diplomático innecesario".

"Lo que se evidencia es más bien un reflejo de incomodidad política que un planteo jurídico serio", agrega el texto.