En 2014, en un juzgado de Corrientes, Argentina, se firmó un oficio judicial que ordenaba la intervención telefónica de dos líneas que, supuestamente, estaban vinculadas a una investigación por narcotráfico.
El documento fue firmado por el funcionario judicial Pablo Carlos Molina y del ahora exjuez federalCarlos Soto Dávila.
Sin embargo, lo que parecía una medida legal en el marco de una investigación criminal, escondía un uso personal e ilegal del aparato estatal: las líneas intervenidas pertenecían a la esposa de Molina y a un allegado a ella, de quien el funcionario sospechaba que era el amante de su mujer.
La maniobra salió a la luz recién cuatro años y medio después, en marzo de 2019, cuando personal judicial encontró 28 discos compactos con grabaciones de esas escuchas, realizadas entre el 18 de septiembre y el 1º de octubre de 2014. En muchas de ellas, se escucha al propio Molina que le propina insultos y amenazas a su pareja.
El hallazgo derivó en una causa penal que hoy lo tiene sentado en el banquillo de los acusados y por el que podría recibir una pena de 5 años de prisión. El juicio oral comenzó el 13 de junio pasado ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Corrientes, y el veredicto se conocerá el próximo 29 de julio, según se detalló en la web del Ministerio Público Fiscal.
Durante su alegato, ocurrido en las últimas horas, el fiscal general Carlos Schaefer y el fiscal coadyuvante de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) Martín Uriona solicitaron una condena de cinco años de prisión e inhabilitación absoluta por el doble de tiempo para Molina, a quien acusan de abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica.
La defensa pidió la absolución. Aunque en esta causa solo Molina llegó a juicio, Soto Dávila también fue imputado, y su situación está en revisión ante la Cámara de Casación.
El uso de recursos estatales para fines personales no fue un hecho aislado en la trayectoria de Molina. En 2023, fue condenado junto a Soto Dávila por integrar una asociación ilícita que cobraba coimas a cambio de resoluciones judiciales favorables a narcotraficantes. En diciembre de 2024, la Cámara Federal de Casación Penal agravó esas penas: seis años de prisión para el exjuez y cinco para el exsecretario, al considerarlos jefe y miembro de una organización criminal.
Un dato clave que la fiscalía destacó en el juicio actual es que el mismo día en que Molina firmó el oficio para intervenir los teléfonos de su esposa, también rubricó una resolución que benefició con la exención de prisión a Carlos Alberto Bareiro, alias “Cachito”, un conocido líder narco de Itatí. Según la acusación, ambos funcionarios recibieron $1.000.000 [al cambio de ese momento serían unos US$70.000], como dádiva por esa decisión judicial.
La Nación/GDA
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