Fiscalía argentina identificó a 39 empleados públicos que habrían participado en maniobra delictiva

Hugo Alconada Mon - La Nación (GDA)
La Fiscalía que investiga la conformación de una asociación ilícita que desvió cientos de millones de pesos de las arcas públicas bonaerensesa través del uso intensivo de “ñoquis” y prestanombres en la Legislatura bonaerense identificó a otros 39 empleados que habrían participado en la maniobra delictiva, pero desde el Senado provincial. Y los primeros datos sobre esos sospechosos resultan inquietantes, según reconstruyó La Nación.

Al menos cinco de esos 39 empleados del Senado bajo sospecha trabajan o trabajaron en la Municipalidad de La Plata, otro en la Cámara de Diputados provincial y otra más en la Dirección General de Escuelas. Varios figuran como empleados de comercio o gastronómicos; otro, en una empresa de caudales y otro más en los clubes River Plate y Estudiantes. Y tres aparecen en el Programa Hogar que subsidia las garrafas de gas, otros tres como beneficiarios de planes sociales y al menos una como jubilada.

El listado muestra, además, vínculos entre varios de esos 39 empleados públicos, que tienen entre 18 y 69 años y se inscribieron ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) como monotributistas, peluqueros y vendedores de cosas muebles, entre otras opciones. Y aparecen, además, seis posibles grupos familiares, según constató La Nación, radicados en esta capital, Ensenada, Melchor Romero, San Carlos y Tolosa.

Esos 39 empleados del Senado bonaerense quedaron en la mira de la Fiscalía tras un análisis de las cámaras de seguridad del Banco Provincia, donde los investigadores detectaron que Julio “Chocolate” Rigau, quien permanece detenido, coincidió y se saludó, entre las 5 y 6 de la mañana de tres días de agosto y septiembre de 2023, con un hombre y una mujer que también extrajeron dinero de los cajeros automáticos con múltiples tarjetas de débito.

La fiscal Betina Lacki requirió entonces al Banco Provincia que le informara qué tarjetas de débito registraron movimiento a esas horas, de esos días, en esos cajeros, de esas sucursales. Y la respuesta fue que correspondían a 39 empleados del Senado bonaerense.

Con los nombres de los titulares de esas tarjetas en sus manos, la fiscal Lacki avanzó otros dos pasos. Le requirió al Senado que le informe si esas 39 personas figuran en sus registros como empleados de planta permanente o temporaria, y le solicitó al BaPro que le precise qué domicilios consignaron los titulares de esas tarjetas en los formularios habituales.

La Fiscalía busca así avanzar otro paso en la investigación criminal que comenzó el 8 de septiembre pasado, cuando “Chocolate” Rigau fue detenido mientras extraía dinero de 48 tarjetas de débito que estaban a nombre de supuestos empleados de la Cámara de Diputados provincial, considerados presuntos partícipes necesarios de una estafa al Estado bonaerense.

Para la Justicia, ese supuesto entramado criminal también alcanza al subdirector de Personal de la Cámara, Claudio Albini, y su hijo, Facundo, concejal platense, pero los máximos responsables todavía permanecen en las sombras, según afirmó el juez de Garantías, Guillermo Federico Atencio, al igual que las identidades del hombre y la mujer que extrajeron fondos de las 39 tarjetas del Senado provincial.

Con los avances de la pesquisa queda probado que el entramado criminal no se acota a la Cámara de Diputados bonaerense.