Argentina: caso de corrupción salpica a empresas españolas

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BUENOS AIRES | EL PAÍS DE MADRID

La investigación sobre las irregularidades cometidas en el ministerio de Transporte durante el gobierno de Néstor Kirchner involucra a empresas extranjeras, principalmente españolas, según mails que la justicia argentina divulgó días atrás.

Otras filtraciones que no son las de WikiLeaks han hecho estallar varios escándalos estos días en Argentina. Un juez federal de Buenos Aires se incautó de 11 ordenadores con más de 20.000 correos electrónicos de un ex asesor del Gobierno argentino sobre presuntos casos de corrupción que afectan a empresas españolas, tanto públicas como privadas. Los e-mail también afectan a compañías de otros países, como la línea aérea chilena LAN, en la época en la pertenecía al actual presidente de Chile, Sebastián Piñera. Fuentes judiciales argentinas confirmaron que había recuperado los correos borrados por el ex asesor, a los que ha tenido acceso EL País de Madrid.

Uno de los casos más comentados ha sido el de la venta de material ferroviario de España a Argentina. En 2005, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, firmó con el entonces presidente argentino, Néstor Kirchner, un convenio para la venta directa de trenes usados de Renfe y Ferrocarriles Españoles de Vía Estrecha (FEVE). Una carta del ex secretario de Transporte argentino Ricardo Jaime, que se encuentra procesado en una causa por presunto soborno, designó como intermediaria de su Gobierno en la operación a la consultora de su asesor Manuel Vázquez y de un socio español: Miguel Ángel Lorente, de Controles y Auditorías Especiales (Cyaes).

Del lado español, la venta fue materializada por la empresa pública de comercio exterior P4R, entonces llamada Expansión Exterior. En uno de los correos, Lorente discutía en julio de 2005 con su socio Vázquez el precio de la venta. "No es presentable que el pasado viernes aparezcan unos costes políticos que triplican el millón de dólares del que habías hablado. El efecto de eso ha sido demoledor sobre Juan Barba (director general comercial y financiero de P4R). Aquí eso es delito penal y más para una empresa pública", decía Lorente.

En otro correo, el intermediario español comentó lo que Barba le habría dicho: "Es una vergüenza que los políticos de ahí pidan dinero y luego se hagan los dignos. Aquí, nadie del Gobierno ni de Renfe se lleva un duro".

Vázquez le contestó el correo a Lorente y acabó por determinar que la factura de la compra ascendería a 32,7 millones de euros y detallaba algunos conceptos: "Cyaes, 1,4 millones de euros; desguace, 1 millón -según gente que entiende mucho de esto el coste no supera los 400.000-; materiales y asistencia técnica, 10 millones -nunca se habló de más de 7,5 millones-. Los restantes 1.611.000 solo Dios sabe cómo lo explicarán". En otro correo, Vázquez atacó a Barba: "La verdad es que quieren robar descaradamente en nuestras narices a costa de la república sudaca de Argentina".

Lorente, que confirmó la veracidad de los mensajes, muestra a El País el contrato que firmó en abril de 2007 con P4R por 32,6 millones. "Esta operación fue absolutamente legal", se defendió Lorente ante el periódico argentino La Nación, que junto con su competidor Clarín han develado los correos. Barba negó que hubiera firmado un contrato con la consultora de Lorente y Vázquez y añadió: "Nunca se habló de pagos políticos". En Renfe y FEVE se desligaron de la responsabilidad de la venta a Argentina al alegar que ambas habían transferido las locomotoras y vagones a P4R. Los correos del asesor del ex secretario de Transporte argentino también se refieren a una petición de fondos para la campaña de la actual presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, cuando en 2005 se postulaba a senadora. La legislación argentina prohíbe la financiación política con aportes de empresas extranjeras.

Vázquez le dio a Lorente una lista de 21 grandes compañías españolas -incluida Prisa, editora de El País de Madrid- que, según él, el "presidente" -entonces era Néstor Kirchner- le había dado para que se les pidiera dinero. Lorente le respondió: "Todos coinciden: queremos entregarlo personalmente a quien nos indique directamente el número uno. Imagínate la involucración directa que tengo con el banco (no aclara cuál), Indra o Telefónica y la respuesta ha sido similar: que lo pida directamente". Lorente declaró al diario La Nación que, finalmente, ninguna empresa aportó dinero.

El presidente de Telefónica Latinoamérica, José María Álvarez Pallete, dijo que todo euro que entra y sale de su empresa está auditado en su informe de responsabilidad social. En Indra argumentaron que las normas éticas del grupo impiden la financiación de campañas políticas.

Cuestión aparte es la labor de Vázquez para diseñar contratos a medida del Gobierno argentino para Indra, como el billete electrónico para el transporte público, cuya subasta Indra terminó por ganar. En esta empresa española se asegura que no conocían a Vázquez ni a Lorente.

La constructora española Isolux Corsán, que logró el contrato con el Estado argentino para construir un tren de alta velocidad que nunca se ejecutó por la falta de financiación, también aparece mencionada.

"Las negociaciones con Isolux van relativamente bien. El atasco está en la cifra total -que incluye coste político-", le decía Lorente a Vázquez antes de que un consorcio integrado por esta empresa y la francesa Alstom ganaran la subasta. "No tuvimos ningún contrato con Vázquez ni con Lorente", dice el presidente de Isolux en Argentina, Juan Carlos de Goycoechea.

En 2006, LAN, la empresa de la que Sebastián Piñera (actual presidente de Chile) era director y socio, pagó un contrato de asesoría de 1.150.000 dólares a Vázquez, según los correos. Fue dos meses después de que el Gobierno de Néstor Kirchner resolviera que el grupo chileno podía aumentar la participación en su filial argentina. Ni LAN ni el Gobierno de Piñera han querido hacer comentarios al respecto, pese a que diputados de la oposición chilena reclamaron explicaciones al actual presidente.

Las explosivas revelaciones que surgieron de los mails de Manuel Vázquez, asesor del ex secretario de Transporte Ricardo Jaime, desatarán una tormenta judicial: en los próximos días se abrirá una decena de causas para investigar posibles negociados que, hasta ahora, no están bajo estudio de ningún juez, adelantaron fuentes.

Los 20.000 correos, fotos, facturas y documentos que ya revelaron detalles vinculados con la recaudación de fondos para la campaña kirchnerista y negocios ferroviarios y aeronáuticos serán clasificados para dar origen a nuevos expedientes. Con un detalle de alto impacto político: no se analizarán sólo las conductas de Vázquez y de Jaime, sino las de todos los funcionarios que firmaron contratos.

A ese impulso que tendrán las investigaciones sobre los correos se suma otra estrategia para saber si entre los destinatarios de los "costes políticos" que se cobraron por los negocios internacionales se encuentran Jaime u otros miembros del gabinete nacional. LA NACIÓN / GDA