Alertan de que 15% inmigrantes regularizados en 2005 no pudo renovar permiso

Madrid.El presidente del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Carlos Carnicer, denunció hoy que cerca del 15 por ciento de los más de 577.000 inmigrantes regularizados en el proceso extraordinario de 2005 no pudieron renovar sus permisos porque los criterios exigidos son "completamente restrictivos".

Carnicer hizo esta denuncia en una rueda de prensa en la que presentó un sondeo sobre Extranjería y Asistencia Jurídica.

En la presentación del estudio, Carnicer explicó que, en materia de extranjería e inmigración, las instituciones del Estado "funcionan", pero que ante un fenómeno como éste, "absolutamente desconocido por su magnitud", todavía hay que "adecuar y mejorar muchos procedimientos administrativos" para que trabajadores que están regularizados no se queden sin papeles.

Aguelo explicó que los criterios del reglamento de extranjería establecen que, para renovar el permiso de trabajo, el inmigrante debe permanecer en la misma actividad laboral por la que consiguió el permiso, algo que cerca de 87.000 inmigrantes no consiguieron (el 15 por ciento de los más de 577.000 regularizados en 2005).

"Ese criterio es excesivamente restrictivo, especialmente en un país en el que la inestabilidad laboral está completamente institucionalizada", denunció Carnicer.

Carla Torres es una uruguaya que llegó a España en junio del 2001. Arribó como turista, con una "carta de invitación" hecha por un notario que establecía que sus tíos se harían cargo de ella y de su hermano durante la estadía. Esta carta tiene un valor de al rededor de 50 €. "No te garantiza entrar al país, conozco a mucha gente que la trae y la envían de vuelta a su país de origen. En nuestro caso no fue así, pero estamos hablando de 5 años y medio atrás" comentó.

No obstante, Aguelo aseguró que la mayoría de esos 87.000 inmigrantes que "volvieron a caer en la irregularidad", pudieron resolver su situación en los tribunales porque llevaban más de tres años en España y se acogieron al requisito de arraigo.

El requisito de arraigo implica presentar alguna documentación que acredite que se tiene intención de quedarse a vivir en ese país. "Mi madre había comenzado un curso de catalán, teníamos contrato de alquiler, recibos de giros que se hacían a Uruguay, todo valía. Mis padres tuvieron suerte de poder obtener el permiso de residencia por arraigo. Luego nosotros nos agrupamos a ellos, por lo tanto también presentamos documentación y gracias a que mis padres tenían la residencia nos la dieron a nosotros, pero al ser menores de edad solo nos dieron "Permiso de Residencia, que no nos permitía trabajar legalmente".

Asimismo, Carnicer recordó que hay otros aspectos, provocados por la desinformación de los inmigrantes, que causan situaciones tan "inhumanas" como no poder ayudar a un inmigrante con derecho de asilo únicamente porque "por miedo o desconocimiento de sus derechos" no ha querido precisar el país del que procede o su situación de represaliado allí.

Para obtener el permiso de residencia y trabajo es necesario un contrato no inferior a un año. "Yo estuve trabajando en una empresa donde me decían que si me lo harían y así regular mi situación, pero fueron mentiras, porque nunca presentaron nada, hasta que un día conocí a una persona que sí me hizo un contrato de un año y lo presente".

El tramite para ser residente legal y poder trabajar demora entre 6 meses y un año. " No es nada fácil legalizarse en este país ya que llegan millones de personas de varias nacionalidades y al empresario le sirve más tenerlos en "negro" que contratarlos".

Carnicer abogó por dar una mayor formación a los abogados que prestan asistencia a los inmigrantes, por una mayor colaboración entre este colectivo y el Ministerio del Interior.

También pidió "campañas de información" en los países de origen de los inmigrantes para explicarles que "sus derechos básicos fundamentales están garantizados y que no tienen nada que temer".

Sobre el estudio, hecho sobre una muestra de 600 entrevistas, Toharia explicó que, en general, los ciudadanos creen que la gente trata muy bien a los inmigrantes (el 60 por ciento), y que el trato que reciben los inmigrantes es mejor que el que recibieron los españoles que emigraron hace 40 años (el 36 por ciento).

"Hay de todo, me he encontrado con gente que no tiene ni idea de donde venís, y hasta me llegaron a preguntar en que parte de África quedaba Uruguay" declaró la uruguaya residente en España.

Torres, que actualmente reside en Vilanova del Cami, Barcelona dice que una de los factores que más apartan al inmigrante es el idioma "Acá son muy del catalán y lo defienden a rabiar, y te dicen que si eres de fuera que te adaptes a sus costumbres porque es nuestra obligación como inmigrante".

Según el estudio, dos de cada tres entrevistados creen que los inmigrantes con papeles deberían tener los mismos derechos que los españoles y el 80 por ciento opina que los inmigrantes deben tener asistencia jurídica gratuita (el 63 por ciento de los encuestados desconocía que éste es un derecho reconocido desde 2003).

El País Digital con EFE