AFP
Dos años después de las manifestaciones antigubernamentales en Cuba, por las que cerca de 500 personas fueron condenadas, la isla sigue sumida en una profunda crisis económica y social que alimenta el descontento, pero también la represión contra las voces disidentes.
Las calles de La Habana permanecieron en calma ayer martes, con sus habitantes dedicados a las actividades cotidianas habituales, constató AFP, aunque bajo la observación de un sinnúmero de agentes de la seguridad del Estado vestidos de civil, apostados en muchas calles.
El 11 de julio de 2021, miles de cubanos se volcaron a las calles al grito de “tenemos hambre” y “abajo la dictadura”, después de meses de estricto confinamiento por la pandemia y de una crítica situación económica ante la ausencia de turistas, en unas protestas inéditas desde la Revolución de 1959.
Entre los más de 1.500 detenidos por esas marchas, casi 700 siguen en prisión, según la ONG Justicia 11J, ahora con sede fuera de la isla. De acuerdo con autoridades, cerca de 500 presos han recibido condenas, algunos de hasta 25 años.
El gobierno acusó ayer nuevamente a Estados Unidos de haber orquestado las marchas para derrocarlo.
“Desde EE.UU. se orientó e incitó a que en Cuba se cometieran actos de violencia y provocaciones contra las autoridades. Se montó una campaña para generar durante semanas la imagen de un país en crisis social”, dijo en Twitter el viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Fernández de Cossío.
De su lado, el secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, urgió en un comunicado a la comunidad internacional a unirse a la demanda de EE.UU. al gobierno cubano “para que libere a cientos de estudiantes, periodistas, artistas, jóvenes y otros injustamente encarcelados”.
“Reiteramos nuestro llamado a la liberación inmediata de los presos políticos injustamente detenidos”, reclamó en el comunicado, y aseguró que “el mundo no olvidará a quienes valientemente hicieron oír su voz frente a la represión extrema”.
Cuba hoy
Aunque el presidente Miguel Díaz-Canel dijo hace un año que el país de 11 millones de habitantes superaría la “compleja situación económica”, Cuba sigue luchando por salir del atolladero.
La inflación incontrolable, la lenta recuperación del turismo, la caída de la producción azucarera, los altos precios internacionales que agudizan la escasez, el endurecimiento de las sanciones estadounidenses y una emigración récord son factores internos y externos que se han combinado para llevar al país a su peor crisis desde los años noventa.
Ante estas dificultades, el gobierno aceleró la apertura económica, que es esencialmente estatal, hacia el sector privado, que alivió ciertas carencias, pero aumentó las desigualdades debido a los altos precios.
Por su parte, jóvenes activistas que fueron el rostro de la movilización, entre ellos el dramaturgo Yunior García y la historiadora del arte Carolina Barrero, se vieron obligados a abandonar Cuba. Otros fueron detenidos, como el artista Luis Manuel Otero Alcántara, condenado a cinco años y que el viernes inició una huelga de hambre.
En total, 15 organizaciones de derechos humanos latinoamericanas pidieron a la Unión Europea y a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) que “exijan” a La Habana “garantizar el derecho a la protesta y liberar” a los manifestantes presos.
El Vaticano y la Unión Europea pidieron también la liberación de los manifestantes encarcelados.