"Y si se nos calla, ¿quién hablará?"

Alvaro J. Amoretti

La presidenta de la Andebu, María Celia Fontaina, dijo que "el Estado y algunos actores políticos" tienen "problemas" para comprender que la radiodifusión "es uno de los sustentos fundamentales de la soberanía nacional", criticó al gobierno por no escuchar a los radiodifusores y aprobar medidas que han puesto a varias emisoras "al borde del cierre", se mostró sorprendida de que en los partidos tradicionales haya dirigentes capaces de "coquetear" con la ilegalidad que representan las denominadas radios comunitarias, y advirtió que si la izquierda hubiera llegado al poder tras las elecciones de 1999 hubiera otorgado "incentivos" a las empresas cuya programación "fuera favorable" a la administración del Encuentro Progresista, a través de un plan que no dudó en calificar de "fascista" y "stalinista".

En una entrevista concedida a El País, Fontaina —quien en octubre próximo dejará el cargo que ocupa desde hace ya nueve años convencida de que debe ceder su lugar a personas que asuman el desafío con nuevos bríos— cuestionó la política gubernamental de asignación de la publicidad oficial y dijo que la misma sumió a varios radiodifusores en una severa crisis económica, que obligó a despedir personal y a afectar la calidad de la programación, y que es la causa de que algunas radios "ya han tocado fondo".

Fontaina también señaló que la administración del presidente Jorge Batlle no ha hecho "nada" para combatir a las más de veinte radios ilegales que, según Andebu, operan en la actualidad, y se mostró convencida de que detrás de las mismas hay "ideas políticas y personas" que son "extremistas" y que "no le hacen bien al país".

—Hace ya algún tiempo, en una asamblea de Andebu que tuvo lugar en Mercedes, usted dijo que los broadcasters uruguayos "no merecen los embates de que son objeto" por parte del Estado. ¿De qué "embates" estatales hablaba?

—De todos los que en los últimos tiempos se han producido como consecuencia de los problemas que el Estado y algunos actores políticos tienen para comprender que la radiodifusión, cuando se ejerce con profesionalismo y con cariño por el trabajo bien hecho, es uno de los sustentos fundamentales de la soberanía nacional. Y eso hay gente que no lo ve.

—¿No?

—No. El Estado y algunos actores políticos no lo tienen asumido.

—¿Por qué lo dice?

—Porque no nos toman en cuenta. Les hablamos, les explicamos lo que nos pasa, y no toman en cuenta nada de lo que les decimos.

—¿En qué cosas concretas se ha reflejado esa actitud del Estado y de algunos actores políticos para con los reclamos de los radiodifusores?

—En los últimos años en casi todo. ¿O usted cree que este gobierno escuchó a los radiodifusores cuando decidió, contra nuestro reclamo, prohibir la publicidad de las empresas y organismos del Estado en las radios de todo el país? ¿Usted piensa que tomó en cuenta el gobierno que cualquier radiodifusor que se precie vive de la publicidad, porque con ella paga la luz, el agua, el teléfono, los sueldos de los empleados y los aportes al propio Estado? Pues no, no nos escuchó.

—El gobierno alega que tomó la decisión de limitar fuertemente la publicidad oficial en medio de un programa de fuerte restricción del gasto y tras detectar que, en el pasado reciente, la asignación de pautas por parte de algunas empresas públicas se había realizado en base a criterios no técnicos, privilegiando a medios y comunicadores "amigos" en detrimento de otros.

—Y yo no niego que eso haya sucedido. Lo que creo es que, detectada la enfermedad, el remedio elegido no fue el correcto. Porque cuando algo no funciona bien, no hay que cortarlo. Hay que arreglarlo. Y el gobierno tiene las herramientas para que lo que funciona mal, empiece a funcionar bien. Porque el gobierno tiene organismos, normas y controles que le permiten asegurar que la publicidad oficial se asigne en función de criterios técnicos y racionales.

—¿Y cómo afectó esa medida a las emisoras de radio?

—Al principio les obligó a reducir muy fuertemente los gastos. Después ya no fue posible seguir pagando los sueldos, y hubo que reducir personal. Después se empezó a trabajar con el personal mínimo indispensable, lo que terminó reduciendo la calidad del servicio, y muchos empezaron a vender espacios a iglesias y cultos varios para poder seguir funcionando.

—¿Y qué sigue?

—Y... lamentablemente lo que sigue es el cierre. Hay radios que ya han tocado fondo y que ya no saben cómo van a seguir adelante, porque ya están al borde del cierre.

—¿El tema de la publicidad oficial es el único en el que Andebu ha percibido que su postura no es escuchada o compartida por el gobierno?

—No. Cuando se empezó a hablar de la llegada de Direct TV al Uruguay, nosotros no nos opusimos. Y no lo hicimos, porque una entidad como esta no tendría razón de ser si se cerrara a aceptar cualquier sistema nuevo que apareciera en el mercado. Lo que le pedimos al gobierno fue que Direct TV ingresara con los mismos derechos y las mismas obligaciones que ya regían para todos los radiodifusores uruguayos. ¿Y qué nos responde el gobierno? Que la transmisión satelital no es radiodifusión. Y esa respuesta la llevaré acá (se toma la garganta) hasta mi último día como radiodifusora.

—¿Hubieran esperado un mayor rigor en el combate contra las radios ilegales?

—Por supuesto, pero no se ha hecho nada.

—¿Nada?

—El año pasado, en el marco de la Ursec, se creó una comisión para generar una legislación que regule a lo que se ha dado en llamar emisoras de baja potencia, de modo que estas radios ilegales tengan su espacio. Y creemos que esa es una nueva muestra de que este gobierno no advierte el esfuerzo que los radiodifusores uruguayos que operamos en la legalidad hemos realizado en estos años tan difíciles para seguir a flote y para mantenernos en el espectro radiofónico. No lo ven. Y yo me pregunto, si se nos calla, ¿quién habla?

—¿Cuántas radios ilegales hay operando en este momento en el país?

—Creemos que más de veinte.

—¿Ustedes creen que las radios ilegales, que algunos llaman "comunitarias" y otros "piratas", son un fenómeno espontáneo?

—No. Estamos convencidos de que no surgen espontáneamente.

—¿Hay alguien que alienta su aparición y su funcionamiento?

—Sí. Por lo pronto, ya existe una Asociación Mundial de Radios Comunitarias, que tiene su sede en un edificio muy bien puesto de Quito y cuyos directivos viajan en primera clase. Y eso revela que detrás de este fenómeno hay una organización internacional. Por algo los radiodifusores legales brasileños enfrentan el problema de lidiar con 15 mil radios ilegales.

—¿Y existe alguna organización local que aliente en Uruguay la aparición y la actividad de estas radios ilegales?

—Y... en cada país el fenómeno de las radios ilegales tiene su especificidad. En Argentina es un fenómeno comercial, ya que se trata de radios que venden su propia publicidad y viven de ella. En Uruguay se trata de un fenómeno eminentemente político. Y eso lo hemos comprobado, y lo hemos advertido a las autoridades.

—¿Por qué?

—Porque se están usando estas radios ilegales para llamar a saquear comercios, como sucedió el año pasado, o para convocar a "escraches", como sigue pasando, o para generar toda clase de disturbios. Y por eso creemos que las autoridades deberían poner más atención sobre este tema. Porque hay gente que usa este instrumento para alterar la paz social. Y eso es serio.

—¿Hay grupos políticos detrás de estas radios ilegales?

—No me atrevo a decir que hay partidos políticos alentando la actividad de estas radios ilegales, pero sí digo que hay ideas políticas y personas detrás de los que operan desde estas radios ilegales. Y también digo que esas ideas y personas son extremistas, y no le hacen bien al país.

—Y si eso es así, ¿por qué cree que el gobierno no hace nada para combatir la proliferación de esas radios ilegales?

—No lo sé. Se dicen dichas muchas cosas...

—¿Por ejemplo?

—Por ejemplo que en la famosa Carta Intención firmada con el Fondo Monetario Internacional se acordó liberalizar completamente el espectro radiofónico. Pero uno va y lee la Carta Intención, y se da cuenta que no dice nada de eso.

—¿Y entonces?

—Y entonces uno concluye que cuando se trata de liberalizar y abrir la economía, acá hay gente que es más papista que el Papa. Y con su actitud va a hacer que las empresas se empiecen a fundir.

—En la otra vereda, uno escucha a la izquierda hablar de que si llega al poder va a revisar todas y cada una de las concesiones de radios y canales de televisión. ¿Lo cree posible?

—Creo que el que tenga alguna duda al respecto puede leer el programa de gobierno que presentó el Encuentro Progresista en las últimas elecciones.

—¿Qué dice?

—El capítulo que refiere a los medios de comunicación es de veras muy interesante y novedoso (se sonríe).

—¿En qué sentido?

—Creo que conviene leerlo.

—Antes de las últimas elecciones la directiva de Andebu recibió a una delegación del Encuentro Progresista, encabezada por su presidente, Tabaré Vázquez. ¿Se habló en ese encuentro de la política que la izquierda adoptaría en materia de radiodifusión si llegaba a alcanzar el gobierno nacional?

—Sí, se habló. Vázquez estuvo un ratito, porque se sentía algo indispuesto. Pero si mal no recuerdo se quedaron (José) Korzeniak, (Carlos) Pita y (Rodolfo) Nin Novoa.

—¿Y qué les dijeron?

—Ellos nos indicaron que su plan en materia de radiodifusión se apoyaba en un programa de incentivos para las empresas.

—¿Qué tipo de incentivos?

—Nos dijeron que las radios que tuvieran una programación "favorable" de alguna manera al gobierno de izquierda tendrían una serie de incentivos, que no explicitaron.

—¿Y ustedes qué respondieron?

—Nosotros nos asustamos un poco, porque la idea nos pareció extremadamente peligrosa, y les planteamos que las radios tienen programaciones extensas, y que en una programación puede haber alguien que habla bien de un gobierno y otro que habla mal. Y les pedimos que nos aclararan cómo operaría ese programa de incentivos, pero la verdad es que no nos aclararon mucho.

—¿La delegación del Encuentro Progresista habló de incentivos para aquellas radios que hablaran bien de un gobierno de izquierda?

—Sí, aunque cueste creerlo. Yo le juro que me costó creer lo que escuchaba y que cuando se fueron le pregunté a mis compañeros si había escuchado bien. Y lamentablemente me dijeron que sí.

—¿Y qué opinión tiene de la iniciativa?

—Creo que es un plan que asusta y preocupa, porque suena a cosa fascista o stalinista, ¿no?