Vence plazo para desocupar la planta

S. CABRERA / E. DELGADO

Es un final de película para una historia repleta de complicaciones. Después de dos años y medio, el gobierno decretó el desalojo de imprenta Vanni, uno de los conflictos históricos del período. La Justicia Civil debe definir si da la llave al empresario.

En la madrugada del lunes, ex integrantes de la Cooperativa de Producción Gráfica (Coprograf) que hicieron un acuerdo con el empresario Juan José Vanni, se metieron de sopetón en la imprenta. Al grito de "salgan, salgan, se terminó la ocupación", tomaron por sorpresa a cuatro ocupantes, entre ellos Juan Venturini, sindicalista del ala radical y ex integrante del Secretariado del Pit-Cnt.

Cerca de las 4 de la mañana sonó el teléfono del ministro Eduardo Bonomi: un periodista de El Espectador le informaba de la situación. Una hora y media antes, cinco personas -entre ellos un menor- se apoderaron de la planta, munidos de linternas potentes. "Es bastante tonto. Ellos estaban durmiendo y salieron. El factor sorpresa jugó a nuestro favor", contó Gerardo Sosa, que hasta el año pasado integró Coprograf y ahora está en trámite su expulsión del SAG. Sosa hizo un acuerdo con Vanni: si vuelve a funcionar la fábrica, el empresario le daría trabajo a todos los ex obreros.

Anoche, adentro de la planta era todo oscuridad (UTE cortó la luz hace varios días) y los ocupantes no sabían cuántos eran los que atacaban, dijo Sosa. ¿El objetivo de la operación? Entregar la planta al dueño y dar fin a una ocupación larga y peculiar, que incluye una división entre los sindicalistas que iniciaron el conflicto.

Hubo forcejeos y momentos tensos hasta que llegó la Policía. Según la versión del grupo de Venturini -que terminó herido- había armas de fuego y hubo "tiros". Los otros lo niegan. Venturini entiende que "los mandó" el propio Vanni. Anoche había una guardia policial en el lugar, mientras que los grupos (ambos adentro de la planta) aún no habían recibido la notificación del desalojo. El Consejo de Ministros trató el tema ayer y acordó firmar una resolución donde se apercibe a los ocupantes a desalojar en 24 horas. Los trabajadores accederían al desalojo, pero el gobierno le entregará las llaves a la Justicia Civil, que definirá quién toma posesión. Ayer circularon rumores acerca de que el gobierno daría la planta al empresario, lo cual fue negado.

Para el director de Trabajo, Julio Baráibar, al gobierno "no le compete resolver quién es el depositario" de los bienes. El BROU inició acciones ante la Justicia Civil en 2005, que incluyen ejecuciones hipotecarias y prendarias. Hace 20 días hubo una resolución judicial que ordenó el remate de la planta, indicó Venturini. Pero el abogado de Vanni, Carlos Curbelo, cree que hasta que el remate no se concrete, la Justicia debe entregar la planta al dueño.

Según asegura Bonomi, la ocupación fue promovida en 2005 por Vanni para poder cobrar un préstamo. Luego comenzó la gestión obrera y procesaron a todos los trabajadores que usaron las máquinas. A fines de 2006 fueron revocados los procesamientos. Ahora se encuentra en la Suprema Corte un recurso de casación presentado contra esa resolución. Sobre ese expediente habrá una resolución en breve: sólo falta que lo redacten.

Los involucrados fueron interrogados por el juez Jorge Díaz y la fiscal Ana Tellechea. Hubo un careo entre Sosa y Venturini. Los ocupantes denunciaron lesiones, violencia privada, amenazas y disparos de armas de fuego. La Policía Técnica no encontró indicios de uso de arma de fuego. Tellechea decidirá si pide más pruebas, archiva el caso o procesa.

La toma de la imprenta Vanni venía siendo preparada desde hace varios días. El sindicalista Gerardo Sosa adelantó la semana pasada en el Parlamento que estaban pensando en ocupar la planta, pero que los detenía la posibilidad de "generar una escalada de violencia". "Para nosotros sería muy sencillo saltar el alambrado y por medio de la violencia sacar" a los que están adentro, reveló. Sosa estaba aliado hasta hace pocos meses con el sindicalista Juan Venturini, pero ahora están enfrentados. El Sindicato de Artes Gráficas (SAG) tiene a estudio una moción de expulsión contra Sosa. El conflicto en la imprenta ha generado diferentes posiciones en la interna sindical. Una delegación SAG se reunió ayer con el Secretariado del Pit-Cnt: había representantes de tres listas y manifestaron posiciones distintas, sin darle expreso respaldo a Venturini, que lideró el conflicto desde 2005.

La cúpula del Pit tomará posición hoy y se observa el conflicto como "muy intrincado y largo". "Ellos se pelean y después tenemos que resolver nosotros", se quejó el coordinador del Pit, Juan Castillo. "La única coincidencia que tenemos todos es que lo peor que puede pasar es darle las llaves de la planta al empresario Vanni", apuntó Castillo a El País.

Cerca del mediodía llegó pizza para los obreros que entraron por la noche a la planta y que ahora ocupan. La pizza la mandó el empresario Juan José Vanni. "En esta empresa, yo le doy de comer a mi personal. Me comentaron que querían comida y fui a buscar unas pizzas. Estos obreros representan a la mayoría y yo tengo el compromiso de tomarlos a todos. ¿Es un delito manejar las cosas con un rostro humano?", preguntó Vanni. Para el abogado del empresario, Carlos Curbelo, el grupo de obreros hizo "lo que el gobierno debió haber hecho, sacar a Venturini y dejar a los trabajadores" en la planta. A juicio de Curbelo, la medida se tomó en ejercicio "del derecho a la defensa legítima del trabajo". Vanni y su abogado dicen que no aconsejaron al grupo a llevar adelante esta estrategia, pero está claro que por lo menos se enteraron ni bien ocurrió: Vanni estaba en el lugar a las cuatro de la mañana. "Me avisó Curbelo y me vine volando", contó. Curbelo entiende que la única forma que tiene el Banco República para cobrar la deuda es que la empresa trabaje: "Si rematan, las cosas no las pagan ni por la décima parte". Vanni confía en que el banco le dé "una manito". Nació en el pueblo Isla Mala en Florida y tiene cuatro hijos. A los 16 ingresó como pupilo a talleres Don Bosco y a los 19 empezó a trabajar en Mosca. Hoy dice que está "en situación de calle".

El País