Uruguay tiene la única excepción de todo el continente

Uruguay es el único país de América Latina donde la Universidad pública no admite evaluaciones externas de su calidad, ya sea por parte del Ministerio de Educación, por organismos autónomos o agencias independientes.

Desde mediados de la década de los 80, la evaluación de la calidad de la educación universitaria se ha presentado "como uno de los principales temas en la agenda de las reformas educativas" a nivel mundial, según Ernesto Villanueva, ex rector de la Universidad de Buenos Aires.

Argentina sancionó en 1995 la ley que facultó al Estado para ejercer las funciones de control de la calidad de la educación universitaria, mediante la creación de un organismo de evaluación (Coneau), que el propio Villanueva presidió.

Antes que Argentina, Chile -y otros países más tarde, entre ellos España- reformaron sus leyes universitarias para implementar sistemas de evaluación de calidad, asumiendo el derecho de las sociedades a exigir "rendición de cuentas" y "garantía de calidad" por el dinero que aportan.

Con distintas características y procesos de desarrollo, las agencias evaluadoras se fueron incorporando al mundo universitario en el continente a lo largo de la última década.

RIACES. En 2003, se constituyó en Buenos Aires la Red Iberoamericana de Agencias de Acreditación de la Calidad de la Educación Superior (Riaces), de la que Uruguay forma parte junto con el resto de los países de Iberoamérica.

En su página web, se consignan los procesos que han seguido la mayoría de los países con el objetivo de contribuir a un standard de calidad que considere fenómenos de creciente impacto como la movilidad de la población, la educación transnacional o los servicios a distancia.

autonomía. Uruguay, con varios años de retraso frente a la región, recoge las aspiraciones de "Riaces" en el proyecto de creación de la agencia "Apacet", pero limita la regulación sólo al sector privado.

De hecho, es el único de los 18 miembros de la red (Cuba incluida) que hacen constar expresamente que la universidad pública "no puede ser objeto de evaluación por agencias externas a ella", porque goza de "autonomía total en su funcionamiento".

Ninguno de los países que integran la red ha puesto en cuestión el carácter autónomo de sus universidades públicas, pero muchos han precisado el concepto en sus legislaciones.

En España, por ejemplo, la Ley Orgánica de Universidades de 2001 asocia la autonomía al principio de "libertad académica" (libertad de cátedra, de investigación y de estudio), y la vincula con la responsabilidad de rendir cuentas "a la sociedad que la impulsa y la financia".

La ley creó una fundación estatal (Aneca) cuyo cometido, entre otros, es evaluar las actividades docentes, de investigación y de gestión del profesorado universitario. Una de sus misiones es mejorar los marcos de aprendizaje para responder a las necesidades del mercado.