Uruguay rebatió el "derecho al veto" que esgrimió la Argentina

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LA HAYA | JORGE SAVIA

El segundo día de audiencias en La Haya se desarrolló en un clima más tenso que el anterior. Los cruces de acusaciones entre los contendientes fueron más duros. A diferencia del jueves, la delegación argentina debió ceñirse a argumentos de naturaleza jurídica, aunque la delegación uruguaya enfocó sus baterías en exponer la debilidad de esos planteos.

El derecho al veto de un país sobre otro y la información que Uruguay cursó sobre la instalación de las plantas de celulosa, fueron en el cierre de estas primeras audiencias los ejes de la discusión.

Al levantar la sesión, la presidenta de la Corte, Rosalyn Higgins, pidió a los abogados de ambas partes que "permanecieran a disposición de la Corte" para futuras consultas y anticipó que la decisión se comunicaría "lo antes posible". El fallo de la Corte Internacional de Justicia, referido exclusivamente a las medidas cautelares solicitadas por Argentina, se dará a conocer en una audiencia pública, en un plazo que no excedería las seis semanas. No obstante, en el gobierno uruguayo existe la convicción de que la decisión podría darse mucho antes de ello.

"VISION DEFORMADA". Los tres expositores de la delegación argentina se concentraron en tratar de demostrar que Uruguay violó el Tratado de 1975 al autorizar "unilateralmente" la construcción de las plantas. También en negar que Uruguay haya proporcionado información sobre esos proyectos.

El jurista Philippe Sands, el primero de los expositores por Argentina, fundamentó su observación de que Uruguay nunca presentó información en el documento realizado por los expertos independientes del Banco Mundial de la consultora Hatfield. También protestó la alusión uruguaya al acuerdo firmado por los cancilleres Didier Opertti y Rafael Bielsa en 2004 sosteniendo que se trataba de "un acuerdo que nadie ha suscrito y que no está en ninguno de los anexos presentados a la Corte". Por su parte, el jurista argentino y profesor de la Universidad de Ginebra, Marcelo Kohen, sostuvo que Uruguay presentaba "una visión deformada" del diferendo. Al analizar las actuaciones realizadas tanto por las cancillerías como por la CARU, argumentó que el plan de monitoreo acordado en la comisión no significó "una aprobación" para los proyectos. "Nuestros amigos uruguayos tratan de transformar el plan de monitoreo en una especie de autorización para la construcción de las plantas". El jurista francés Alain Pellet defendió la competencia de la Corte, cuestionada el jueves por el jurista italiano Luigi Condorelli. Su planteo reforzó la línea de los otros expositores en cuanto a que Uruguay había resuelto "unilateralmente" los proyectos, sin consultar a Argentina.

VETO. La delegación uruguaya, a su turno, procuró rebatir los argumentos argentinos. Por esta razón los expositores se refirieron primero al nivel insignificante de daño ambiental que supondrá el funcionamiento de las plantas (Alan Boyle); a la inexistencia del "derecho al veto" según el Estatuto del Río Uruguay (Luigi Condorelli); a la violación de la soberanía que implicaría la medida cautelar para Uruguay (Paul Reichler); y por último en el resumen hecho por el embajador Héctor Gros Espiell con un lugar destacado para el bloqueo que se hizo al país. "Las presentaciones de Argentina no tienen asidero científico", argumentó el jurista escocés Alan Boyle. Luego de repasar someramente la legislación internacional más moderna sobre tratados y control del ambiente, Boyle hizo referencia a la contaminación que en cambio producen las plantas instaladas en Argentina. Por su parte, el jurista florentino Condorelli centró su exposición en el análisis del Tratado y Estatuto del Río Uruguay. De ello infirió la inexistencia de un "derecho al veto" por parte de Argentina para decidir sobre la construcción o no de las plantas. Este hilo argumental fue tomado más tarde por el abogado estadounidense Paul Reichler. El jurista norteamericano lo vinculó con la petición argentina de detener las obras en construcción.

Reichler llamó la atención a la Corte acerca de las implicancias de la solicitada medida cautelar. "Tendría el efecto de impedir en forma permanente que Uruguay construyera este proyecto", dijo.

La intervención uruguaya fue cerrada por el embajador Gros Espiell con un resumen de siete puntos sobre el caso.

Enfático

"Las presentaciones de Argentina no tienen asidero científico", señaló Alan Boyle

Al cerrar las exposiciones de ayer el embajador Héctor Gros Espiell hizo mención, por segunda vez en las sucesivas audiencias, al bloqueo realizado por Argentina a los puentes internacionales entre los meses de diciembre y abril pasados.

"La violación del Derecho Internacional es simplemente materia de la Corte. La presentación uruguaya habría sido incompleta si no hubiera tenido en cuenta este hecho profundamente contrario al derecho, que quiso aislar económicamente a nuestro país, violando no sólo el derecho del Mercosur, sino la libre circulación entre Estados, que es un principio de Derecho Internacional", argumentó Gros Espiell durante una breve entrevista concedida a la agencia AFP.

El diplomático uruguayo valuó las pérdidas ocasionadas por el bloqueo en unos 500 millones de dólares. Cabe recordar que, aún antes de que Argentina presentara formalmente su demanda ante la Corte Internacional de Justicia, Uruguay presentó un informe al alto tribunal sobre la situación de bloqueo e incluso solicitó a la CIJ el envío de observadores a la zona fronteriza.

Durante la preparación de la presentación ante La Haya se analizó la posibilidad de efectuar una contrademanda a Argentina por este tema. Los expertos prefirieron concentrarse en el pedido de medida cautelar formulado por el vecino país y dejar para más adelante esta instancia.

No obstante, fuentes de gobierno señalaron que una vez que la CIJ se pronuncie sobre este punto, es muy posible que la contrademanda se concrete.

De todas formas, en su exposición Gros Espiell advirtió que la situación creada por el bloqueo tenía "considerable proyección" sobre el tema que ahora La Haya debe resolver. En el marco de ese planteo el veterano diplomático estaba señalando la existencia de una violación concreta al Derecho Internacional, punto que no pasará inadvertido para la CIJ.