Un sacudón inesperado en el mapa político

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La campaña para bajar la imputabilidad presiona al gobierno y divide a la oposición.

Por Martín Aguirre

Sin temor a exagerar se puede decir que la campaña de recolección de firmas para bajar la edad de imputabilidad a 16 años, marcará un antes y un después en el mapa político nacional. Un mapa que hasta ahora se veía estable, incluso somnoliento, ante un gobierno con sólida mayoría parlamentaria, y una oposición que no conseguía encontrar una línea para "incomodar" la tranquilidad oficialista. Hasta ahora.

La campaña impulsada por Pedro Bordaberry ha logrado lo que la oposición no parecía capaz de conseguir. Alterar la percepción de invulnerabilidad de un oficialismo que se ha visto obligado a replantear su visión, y a mostrarse activo en un tema de gran impacto social y que le genera hondos conflictos internos. A la vez, ha puesto al Partido Nacional en una posición compleja, que desnuda ante la opinión pública las diferencias de visión, estilo, y estrategia de sus distintos dirigentes.

Donde pocos esperan que ocurran cambios de fondo con la propuesta es en la raíz del problema: el drama de los delitos protagonizados por menores que tiene a un importante porcentaje de la población entre la alarma y la indignación.

El planteo colorado consiste en recolectar firmas para forzar una consulta popular, que ocurriría en 2014 con las próximas elecciones nacionales, con el objetivo de incluir en la Constitución una rebaja en la edad de imputabilidad que permita juzgar con el Código Penal en plenitud a los jóvenes de 16 años en adelante. Además, obliga a que se mantengan los antecedentes delictivos de los menores una vez llegados a la mayoría de edad (hoy se borran), y prevé la creación de un servicio descentralizado para la internación y tratamiento de delincuentes menores de 18 años.

El escepticismo se basa en que los cambios entrarían en vigor, en el mejor de los casos, recién dentro de 4 años. Además se afirma que en la situación caótica, desbordada e inhumana del sistema carcelario actual, sumarle de golpe un número importante de jóvenes conflictivos, difícilmente sea solución.

En cuanto a la creación de ese gran centro de rehabilitación, los problemas parecen ser más burocráticos que de fondo. Si pese a los millonarios recursos volcados en estos años, y a los varios cambios de jerarcas, no se ha logrado hacer que el INAU funcione mínimamente bien, ¿qué garantiza que este nuevo instituto lo vaya a hacer?

Pero la propuesta de Bordaberry parece tener un horizonte bastante más cercano que el 2014. Al llevar este tema a la calle con la recolección de firmas se ha puesto a la cabeza de un movimiento que tiene fuerte base popular. Cada encuesta deja en claro que el tema de la delincuencia juvenil está al tope de la preocupación de la sociedad. Una sociedad que ve cómo el problema, más allá de cifras y "sensaciones", ha crecido a niveles insospechados hace pocos años, y que sin embargo no recibe una respuesta contundente de los gobiernos de turno.

Es claro que para el oficialismo frentista se trata de un asunto escabroso. Por un lado un porcentaje importante de su dirigencia aún se aferra a la postura ideológica de que quien delinque lo hace obligado por una coyuntura social y económica injusta, y que por lo tanto la única solución de fondo vendría de cambiar esa coyuntura.

Por otro, hay dirigentes frentistas, menos proclives a estas explicaciones causalistas, que ven con alarma que la falta de una postura contundente ante un problema real puede determinar que un porcentaje de sus votantes termine adhiriendo a la campaña impulsada por los colorados. La propuesta de Bordaberry los obliga ahora a confrontar con esas diferencias conceptuales internas, lo cual puede tener efectos serios a futuro.

Pero donde el tema ha impactado en forma más estruendosa es en la interna del Partido Nacional. Allí la sensación es de frustración por el hecho de que Bordaberry haya ganado la iniciativa en un tema tan delicado, y encima asumiendo como propios varios postulados que los blancos habían manejado en el pasado. Además, la posición del senador Jorge Larrañaga, saliendo agresivamente a atacar el planteo de Bordaberry, y a buscar un acuerdo con el gobierno para implementar medidas urgentes que neutralicen la mayoría de los planteos de la reforma, ha generado desconcierto y preocupación.

Con su postura, Larrañaga vuelve a hacer una apuesta arriesgada para ganar el centro del espectro político, mostrándose como un dirigente con capacidad de diálogo con el gobierno, a la vez que lejano de las visiones más draconianas que impulsa el Partido Colorado. Pero la realidad que inquieta a un gran número de dirigentes blancos, es que a nivel de la población existe una visión muy consolidada de que el gobierno ha estado omiso en la cuestión de la delincuencia.

La sensación de mucha gente es que las soluciones que se plantean ahora a nivel parlamentario como alternativas lucen tibias y poco contundentes. La población parece buscar un gesto, más que otra cosa, de que se cambia radicalmente la orientación en este tema. Y, lo que más inquieta a algunos blancos es que con esa posición de Larrañaga, el panorama queda servido para que Bordaberry asuma el liderazgo de ese sentimiento de frustración colectiva, que le puede dar un impulso invaluable para erigirse en la única alternativa real a la visión frenteamplista del país.

En tal sentido, la cuestión parece tener dos miradas bien distintas. Desde el punto de vista de los resultados concretos, habrá que ver quién tiene más éxito a la hora de obligar al gobierno a cambiar su enfoque del problema: si la visión confrontativa de Bordaberry en la calle, o el diálogo de Larrañaga en el Parlamento. Y desde el punto de vista de estrategia electoral, la jugada de Larrañaga puede forzar definiciones trascendentes en la lucha interna por el liderazgo en el Partido Nacional.

El senador Pedro Bordaberry removió el clima político con su propuesta de reforma constitucional y puso a la defensiva tanto al gobierno como al Partido Nacional.

La frase.

"Pedro Bordaberry quiere presentarse como el nuevo Chapulín Colorado, campeón de la democracia y de la libertad" (Senador J. Larrañaga).

El dato.

Entre 2008 y 2009 la participación de menores en delitos de rapiña aumentó un 81%, según datos oficiales.