Era de madrugada y todos dormían. A eso de las 5.00 el dueño de casa escuchó golpes en la entrada y el estallido de un vidrio. Se levantó alarmado a mirar por la ventana y vio un gran despliegue policial frente a su domicilio. Abrió la puerta y fue encañonado con un arma, esposado y arrastrado hasta la caja de una camioneta de la Policía. La misma suerte corrieron su hijo mayor y el inquilino del apartamento que se ubica en el fondo de su casa, que fue esposado y tomado a puñetazos en el estómago. Su hijo menor de edad fue despertado por los policías mientras dormía. Uno de los policías le apuntó al niño en la sien con una metralleta.
La esposa del dueño de casa también fue arrestada. La Policía buscaban a un delincuente de la zona conocido como "Perico".
Luego de las detenciones, los uniformados volvieron a la casa y se llevaron varias pertenencias de la familia, muchas de ellas de valor, como una radio para auto, herramientas y cuatro llantas deportivas con sus respectivos neumáticos. También dinero en efectivo.
Los detenidos fueron trasladados a la División de Hurtos y Rapiñas de la Jefatura de Policía de Montevideo. Allí no se formuló cargo alguno contra ellos. Próximo a la hora 13:00 de ese mismo día -sin dinero, en ayunas y sin asearse- fueron liberados sin mayores explicaciones. Al volver a su casa, constataron el desorden y el faltante de objetos, algunos de los cuales les fueron devueltos días después.
El violento allanamiento policial -que tuvo características propias de un copamiento, más que de un operativo coordinado y autorizado por un juez- motivó que los damnificados presentaran una demanda contra el Ministerio de Interior y el subcomisario actuante, reclamando en total una indemnización de $ 700.000 para cada uno.
Al contestar la demanda, la secretaría de Estado sostuvo que el procedimiento se realizó en forma correcta y pidió que se desestimara el reclamo. Sin embargo, la magistrada que intervino en el caso concluyó que se trató de un "violento e irregular allanamiento que causó daños psicológicos y trastornos nerviosos" a los demandantes, aunque desestimó parte de los argumentos planteados y estableció el resarcimiento en $ 25.000 para cada reclamante. A su vez, eximió de responsabilidad al policía que tuvo a su cargo el allanamiento, porque es el Ministerio del Interior el que debe responder civilmente por lo ocurrido.
En el juicio, el oficial responsable del operativo explicó que todo ocurrió en la búsqueda de "Perico", quien suponían que se encontraba escondido en la casa de las personas detenidas, aunque no existían mayores pruebas en ese sentido. La Policía pidió autorización judicial para el allanamiento, pero no existió una respuesta formal del magistrado.
Además, el operativo se realizó en horas de la noche, lo que está expresamente prohibido por la Constitución. La sentencia de la jueza de lo Contencioso Administrativo señala que el allanamiento tuvo lugar el 12 noviembre de 2002 entre las 5:00 y las 5:30 de la mañana, cuando ese día el sol salió a las 5:33.
"Todo el procedimiento resulta abusivo, falto de garantías, violatorio de elementales normas de rango constitucional, legal y reglamentario, de manera ilegítima, por lo que se configura la responsabilidad del demandado Ministerio del Interior por la directa vinculación al hecho que le compete en el ejercicio de su función policial", dijo el fallo.
Al filo de la ley
Allanamiento abusivo
ficha
Juzgado de lo Contencioso
Administrativo de 1er Turno.
Jueza: Cristina Cabrera.
Fecha: 12 de agosto, 2009.
Situación: cuatro personas demandaron al Ministerio del Interior por un allanamiento irregular que realizó la Policía en su casa, donde buscaban a un delincuente. Fallo: se trató de un procedimiento "abusivo". Se dispuso que los demandantes reciban una indemnización de $ 25.000 cada uno.