La fiscal Mónica Ferrero solicitó a la jueza penal de 6º Turno, Fanny Canessa, una serie de declaraciones y pericias contables sobre los negocios de la empresa Umissa -que vende casas prefabricadas al gobierno venezolano- y personas vinculadas a ese emprendimiento.
Esta solicitud de pruebas fue de las últimas acciones de Ferrero como fiscal penal, puesto que fue designada formalmente fiscal especializada contra el crimen organizado, cargo que desempeñó en forma interina junto al de la sede fiscal durante meses.
Este expediente tuvo su inicio en una denuncia penal presentada por el padre del empresario venezolano Franklin Durán -detenido en Estados Unidos por espionaje a favor del gobierno de Venezuela-, quien acusó a su ex socio Guido Antonini Wilson y a individuos vinculado a Umissa de desviar fondos que él aportó a la empresa.
Canessa recibió información del Banco Central sobre las cuentas bancarias en Uruguay de Antonini Wilson, Alejandro Lagrenade (ciudadano argentino propietario de Umissa), el uruguayo-venezolando Norberto Barcos y Gabriela Alcalá.
Dicha información será analizada por peritos contables del Instituto Técnico Forense, tras el pedido realizado por Ferrero.
Canessa informó a la Dirección General Impositiva y al Banco Central de diversas irregularidades en balances, facturas, giros de efectivo y movimientos de dinero sin justificación ni respaldo contable de Umissa. La magistrada también tomó declaraciones -entre ellas a Lagrenade- y lo seguirá haciendo en cumplimiento de lo que solicitó la fiscal.
valija. Antonini es conocido como "el hombre de la valija" por una maleta con US$ 800.000 que intentó ingresar sin declarar a Argentina, donde le fue incautada. En Estados Unidos, Durán fue acusado de operar ilegalmente con el fin de encubrir que el destino de los US$ 800.000 incautados a Antonini era la campaña electoral de la ahora presidenta argentina, Cristina Fernández.
Según la denuncia de Durán, personas cercanas a Umissa pagaron a abogados de Antonini en Estados Unidos. Esta información fue en parte ratificada por el propio Antonini, quien en un juicio en Miami declaró: "Pago a mis abogados con dinero que me da una compañía en parte radicada en Uruguay".