Tildan de "fascista" postura de la Facultad de Derecho

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PILAR BESADA / PAULA BARQUET

La negativa a otorgar el título de Profesor Emérito a Mariano Brito y a Daniel Hugo Martins en la Facultad de Derecho desató una serie de críticas de la oposición y de reconocidos abogados, que tacharon la decisión de "intolerante" y "fascista".

Incluso el diputado frenteamplista, Roque Arregui, presidente de la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara Baja, reconoció que tampoco está de acuerdo con la decisión del Consejo de la Facultad de Derecho, "si el elemento determinante (para no otorgar el reconocimiento) fue que los profesores trabajaron en instituciones privadas".

Arregui señaló que "en Uruguay existe libertad de enseñanza", y que aunque es "un ferviente defensor de la educación pública, eso no quita que haya otras opciones". El legislador aclaró que, sin embargo, no tiene "todos los elementos" para dar una opinión fundamentada.

La iniciativa de reconocer a Brito y Martins fue presentada por el abogado y ex ministro de Salud del gobierno de Luis Alberto Lacalle, Carlos Delpiazzo, quien este mes renunció al cargo de consejero de la Facultad de Derecho por la postura que adoptó la mayoría del cuerpo.

Por su parte, el abogado Leonardo Costa, ex prosecretario de la presidencia de Jorge Batlle, afirmó que se "congratula" de "no formar más parte de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República".

Costa fue docente en esa facultad, pero en 2005 renunció a su cargo y pasó a dar clase en la Universidad Católica. "Tomé esa decisión por un tema de libertad académica, basado en el principio de libertad de conciencia", afirmó Costa. "Parecería que en la Universidad de la República, si no se profesa lo que está en boga, se está destinado a no progresar académicamente", indicó el destacado abogado tributarista.

Para Costa, la Facultad, "es un antro de intolerancia, de fascismo, y por ende de nulo rigor técnico", y opinó que "se postergó a dos personas que no tuvieron nada que ver con la dictadura, integraron gobiernos democráticos, pero por encima de todo fueron excelentes docentes y son los padres de una generación de conocimiento del derecho administrativo".

En tanto, el abogado y senador colorado José Amorín tachó de "escandaloso, lamentable y horrible" el hecho de no haber reconocido a Brito y a Martins. "Es un enorme daño a la Universidad de la República la falta de tolerancia y la fobia de algunos integrantes de la Universidad a las instituciones privadas", consideró Amorín, que integra la Comisión de Educación y Cultura del Senado. Amorín dijo "compartir 100% lo que dice Delpiazzo en su carta de renuncia".

El senador nacionalista Eber Da Rosa también expresó su rechazo: "Lo deploro totalmente. Me retrotrae a la dictadura, cuando importantes juristas de la Facultad eran perseguidos por tener ideas de izquierda".

Da Rosa catalogó como una "barbaridad" que se haya rechazado el reconocimiento a "juristas de alto nivel", y opinó que "si se tratara de personas de poca trayectoria o jerarquía, sería discutible, pero en este caso no lo es".

Por su parte Jorge Abramo, presidente del Colegio de Abogados, señaló que no cree "adecuado que estas cosas se resuelvan por cuestiones políticas, si es que hubo razones políticas". Abramo coincidió en que tanto Brito como Martins son "docentes muy destacados" pero advirtió que "la evaluación de este tipo de cuestiones es de índole interna de la Facultad".

En su carta de renuncia, Delpiazzo afirma que la mayoría del consejo no votó la moción "por tres motivos, uno falso y dos deleznables, a saber: a) que ocuparon cargos de confianza durante la dictadura (falso); b) que tuvieron actuación política en un gobierno de corte neoliberal (en realidad, fueron ministros de un gobierno democráticamente electo, con mayoría nacionalista); y c) que se desempeñaron en universidades privadas (verdadero pero irrelevante)".

Un grupo de egresados de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República denunciará la "falta de transparencia" en el manejo de los fondos por parte de la decana, Dora Bagdassarian, según afirmó el integrante del consejo electo por el orden de egresados, Gastón Gianero.

"Tenemos auditorías financieras del manejo que se hace de los fondos de la Facultad que muestran, por ejemplo, que la decana adjudica contrataciones por sí y ante sí y no da cuenta al Consejo", señaló Gianero.

El abogado indicó que "no decimos que Bagdassarian se esté poniendo dinero en su bolsillo, pero sí que está permitiendo que un grupo de personas que se quieren perpetuar en el poder gestionen la Facultad".