El juez especializado en crimen organizado Jorge Díaz y el fiscal Ricardo Perciballe, avanzan lentamente en la recolección de elementos probatorios en el expediente que indaga la actuación de Gonzalo Fernández en el proceso de derogación del artículo 76 de la ley 2.230, hecho que permitió la clausura del expediente de los hermanos Peirano.
Díaz y Perciballe ya cuentan con los antecedentes de la derogación de la norma tanto a nivel del Poder Ejecutivo como del Legislativo. El delito fue dejado sin efecto por el Parlamento a fines de 2008.
Sin embargo, todavía resta que se adjunte al expediente la copia de la causa original que se sigue contra los hermanos Peirano y los resultados de la comisión investigadora del Senado, que no encontró elementos para atribuir responsabilidad a Fernández.
En virtud de que todavía faltan pruebas y que el próximo 24 de diciembre se inicia la Feria Judicial Mayor que paralizará la actividad en los juzgados hasta el 1° de febrero, es muy difícil que las instancias de interrogatorios por este caso se puedan llevar a cabo este año, sino que quedarán pendientes para los primeros meses de 2011, dijeron a El País fuentes de la investigación.
La denuncia penal contra Fernández fue presentada por el abogado Gustavo Salle, quien pidió que se investigue la actuación del ex secretario de la Presidencia, a quien desde el Partido Nacional se señaló como el autor intelectual de la derogación del delito por el que fueron procesados los hermanos Peirano.
El estudio jurídico de Fernández defendió a Domingo Ratti, ex director del Banco de Montevideo, procesado en 2002.
A fines del pasado mes de julio, el Tribunal de Apelaciones Penal de 3° Turno clausuró el expediente al entender que el juicio no puede continuar ya que el delito por el cual se dictaron los procesamientos en su momento había sido derogado.