NEGOCIACIÓN

A más de dos años y medio desde que asumió el gobierno, de todos aquellos grandes cambios que se hablaba para la administración pública, poco se avanzó. Ahora están en plena negociación el gobierno y la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) para la reestructura del Estado, en la que se encuentran más avanzados, y la reforma de la carrera administrativa, que está más “verde” porque hay puntos en los que no hay acuerdos.

Quien lleva adelante la reforma es el director de la Oficina Nacional de Servicio Civil, Conrado Ramos. El integrante del Partido Independiente cree que “para avanzar en las negociaciones el gobierno tiene que tener una definición clara de hasta dónde va con la carrera administrativa”. Y añadió: “Hay un diseño que se refleja en un articulado” y hay que “discutir cómo será la implementación”.

El jerarca explicó a El País que se están haciendo un “montón de mejoras” pero sin lo “estructural de la carrera administrativa” -que las personas ganen lo mismo por determinado rol, que conozcan bien su función, que “haya un sistema salarial que no dependa de políticos que te den más plata o no”, que los funcionarios puedan “moverse entre un ministerio y el otro porque da lo mismo”, entre otros puntos- “se sigue en el siglo XIX”.

El pasado martes se reunieron Ramos, el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, y el vicepresidente del Pit-Cnt y secretario general de COFE, Joselo López. Hay varios temas arriba de la mesa, y habrá que ver hasta dónde va cada una de las partes en la negociación para que salga adelante la reforma.

El dirigente sindical contó a El País que están de acuerdo con cambios que le “permitan a los trabajadores crecer en sus funciones y que, de una vez por todas, se termine con el amiguismo, el clientelismo y se empiece a llenar los cargos por concurso”. No obstante, no están en “condiciones de avanzar en un acuerdo con el gobierno” por una escala salarial que consideran “restrictiva”.

Uno de los puntos de la reforma de la carrera administrativa es la implementación de una escala salarial. Tiene como objetivo que un funcionario público en determinado rol tenga el mismo salario sin importar dónde realice su tarea. A las personas que ya trabajan en el Estado no se les bajará el sueldo: mantendrán sus remuneraciones más allá de la diferencia entre lo que reciben y deberían recibir.

COFE plantea un problema: si una persona hoy gana un sueldo que está por arriba de lo que se determina para su rol, no va a querer presentarse a un concurso para un cargo de mayor responsabilidad que, con la nueva escala salarial, no le implique mejoras en la remuneración.

No obstante, desde la Oficina Nacional de Servicio Civil se manejan alternativas para que no suceda. Una de las posibilidades es darle un aumento al que asciende, bajo determinados parámetros, sin importar que en su puesto anterior tenía un sueldo por arriba de lo que le correspondía. Aplicar ese camino implicaría un aplazamiento del emparejamiento de las remuneraciones en comparación al plan inicial.

Por ejemplo, un liquidador de sueldos gana $ 40.000 en un ministerio. Si el escalafón que le corresponde -donde se establecen mínimos y máximos- va de $ 45.000 a $ 70.000, se le pasará a pagar $ 5.000 más cada mes. Pero si un liquidador de sueldos en otro ministerio gana $ 110.000, la situación es distinta. La diferencia entre lo que gana y debería ganar se convierte en una compensación.

Ahora, ¿qué pasa si alguien que gana hoy $ 80.000 quiere ascender a un puesto en un escalafón que va de $ 50.000 a $ 70.000? Es poco probable que quiera ascender a un cargo de mayor responsabilidad si no tiene un aumento.

Por eso, desde la Oficina Nacional de Servicio Civil se evalúa darle un aumento mayor en determinadas condiciones para que tenga un incentivo.