LA SITUACIÓN EN LAS PRISIONES

A falta de un mes para acabar el año, en este 2021 murieron en las prisiones uruguayas al menos 70 personas privadas de libertad. Son 22 fallecidos más que todo el año anterior, 26 más que en 2019 y 33 más que en 2018. Este triste récord parece recordar la frase del ministro del Interior, Luis Alberto Heber, ante el Parlamento: en algunos módulos “existe el infierno de Dante”.

En las cárceles uruguayas había hasta ayer 14.007 personas privadas de libertad. Hoy es probable que esa cifra se supere. Porque la población carcelaria crece día a día y Uruguay ya se ubica entre los 15 países del mundo con más presos per cápita.

Pero en lo que va de 2021 la cantidad de muertes aumentó incluso más que el crecimiento de la población reclusa. Si el año pasado hubo 39 fallecidos cada 10.000 presos, ahora se acerca a 51 cada 10.000.

El fin de semana, tras el suicidio de una persona en el módulo 2 del ex Comcar, lo que informó La Diaria, se alcanzaron los 70 fallecimientos. Hubo 13 casos de autoeliminación, 17 homicidios y 40 muertes por enfermedad o muerte natural, de las cuales diez son “dudosas”, según las estadísticas que lleva el comisionado parlamentario para las cárceles, Juan Miguel Petit.

“¡Y eso que falta todo diciembre!”, comentan algunos operadores penitenciarios, tomando en cuenta que con las fiestas de fin de año se incrementan las muertes violentas.

“Todas las muertes bajo custodia se consideran potencialmente ilícitas por el lugar en el que ocurren”, dice Hugo Rodríguez Almada, profesor titular de la Cátedra de Medicina Legal de la Universidad de la República. Porque “las personas privadas de libertad están bajo custodia del Estado. El Estado les impone una pena, pero asume la obligación de garantizarles condiciones mínimas... tan mínimas como el derecho a la vida”, explica.

Rodríguez Almada está acostumbrado a ver la muerte frente a sus ojos. Está acostumbrado a que los cadáveres le hablen, como dicen los forenses con un dejo de poesía a esa tarea de encontrar en el cuerpo de un fallecido los signos que explican la muerte. Pero desde el año pasado, cuando su equipo comenzó a trabajar para el comisionado parlamentario, este profesor de Medicina Legal insiste con que “la ausencia de información sobre las muertes en cárceles, de las cuales podría saberse hasta el detalle de qué comió la víctima el almuerzo anterior, es parte de la dificultad para abordar el tema. Porque los cuerpos de los muertos hablan muy poco”.

Marcelo Ayala apareció muerto en la mañana del 17 de mayo. Su cuerpo, encontrado en el ala de pacientes psiquiátricos del ex Comcar, no tenía heridas. Ni siquiera las cámaras del lugar mostraban hechos previos de violencia o intentos de autoeliminación.

Fue uno de esos casos en lo que el comisionado parlamentario tuvo que indagar más de la cuenta para entender la causa de fallecimiento. Y eso que las pistas habían aparecido desde hacía más de una década, cuando el joven estaba aún en la escuela.

“Es un niño que agrede su cuerpo con cualquier objeto que se encuentre cercano a él, y a veces hacia el adulto (docente)”, reza un informe pedagógico que incluye el reporte que elevó el comisionado parlamentario para advertir “algunos desafíos urgentes para nuestro sistema de ejecución penal”.

En ese mismo reporte se da cuenta de que el joven no había incurrido en delitos graves y que la noche previa a la muerte lo cambiaron de módulo cargándolo en una manta porque “no podía caminar”.

Todavía estudian si murió por un exceso de medicación psiquiátricas que le suministraron los enfermeros.

Haya o no haya intencionalidad, dice el forense Rodríguez Almada, “no hay que naturalizar estas muertes... porque incluso un fallecimiento por tuberculosis, infección que tiene más prevalencia en las cárceles, es prevenible”.

En este sentido, concluye el médico, estas historias recuerdan la frase que el exrelator de Naciones Unidas, Manfred Nowak, le comentó al forense en un congreso en Portugal hace una década: Uruguay tiene “de las peores cárceles que vi en el mundo”.

El País intentó comunicarse sin éxito con el director del Instituto Nacional de Rehabilitación, Luis Mendoza.