INFORME SOBRE DERECHOS HUMANOS

Esto es producto de la superpoblación, condiciones sanitarias y médicas inadecuadas, programas socioeducacionales inadecuados y altos niveles de violencia entre los internos.

El gobierno de Estados Unidos difundió este miércoles el informe anual sobre derechos humanos del Departamento de Estado, que denuncia la corrupción y la impunidad en la región.

Este documento, que sirve de referencia al Congreso estadounidense para determinar la ayuda exterior destinada a cada país, examina el comportamiento de los gobiernos de todo el mundo respecto a la situación de los derechos humanos.

¿Qué dijo acerca de Uruguay?

La situación de las cárceles en el país se llevó la mayoría de las críticas. Las condiciones en algunas prisiones y centros de detención continúan siendo u201cpobresu201d e u201cinhumanasu201d debido a la superpoblación, condiciones sanitarias y médicas inadecuadas, programas socioeducacionales inadecuados y altos niveles de violencia entre los internos.

El informe del Departamento de Estado estadounidense se hace eco de la labor del comisionado parlamentario penitenciario, Juan Miguel Petit, quien señaló que el 30% de las personas encarceladas en Uruguay sufrió un tratamiento u201ccruel, inhumano o degradanteu201d.

Además, el reporte también menciona el trabajo del Institución Nacional de Derechos Humanos del Uruguay (INDDHH) e indica que, junto a Petit, han señalado por u201caltos niveles de violencia institucional e interpersonalu201d en algunas de las prisiones nacionales.

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El informe también apunta otros temas, como la libertad de expresión. En este terreno menciona el episodio de febrero de 2018, cuando el presidente Tabaré Vázquez fue llamado u201cmentirosou201d por el colono Gabriel Arrieta, cuya información personal fue divulgada por el sitio de Presidencia de la República luego de este incidente, y recuerda que el INDDHH instó a Presidencia a retirar esa publicación.

Por otro lado, a la hora de hablar de la corrupción y la falta de transparencia en el gobierno, el reporte sostiene que la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) carecía del personal permanente necesario para "operar efectivamente como una agencia anticorrupción". Asimismo, en este apartado se hace mención al caso del exvicepresidente de la República Raúl Sendic, procesado en mayo pasado por abuso de funciones y peculado. 

A su vez, el trabajo del Departamento de Estado indica que, de acuerdo a actores de la sociedad civil, la ley de violencia hacia las mujeres basada en género -promulgada en 2017- no ha sido implementada en su totalidad debido, en parte, a "barreras logísticas", especialmente a nivel judicial. 

Con información de EFE