La dificultad para comprar una vivienda es uno de los problemas que intentó encarar el gobierno con la creación del programa Entre Todos – Sueños En Obra. La premisa es sencilla: viviendas con un valor topeado —con un margen de aumento por parte de los privados según las características del edificio—, un subsidio de hasta un 30% no reembolsable ni revisable para los beneficiarios, y un convenio con el Banco Hipotecario del Uruguay. El objetivo es darle opciones a los sectores económicos bajo, medio-bajo, y medio de la población.

El tope del precio de las viviendas varía según su tamaño, de acuerdo con la normativa vigente. Es así que las de un ambiente pueden ir hasta 420.000 unidades indexadas (US$ 61.531), las de un dormitorio hasta 540.000 unidades indexadas (US$ 79.112), y así aumenta hasta cuatro dormitorios de 850.000 unidades indexadas (US$ 124.528). Pero esos valores pueden verse incrementados por distintos motivos, y ese margen es el que aumentó el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT) en diciembre, en especial para las construcciones que se realizan en Montevideo y Canelones.

En una primera instancia —en la normativa que se derogó— se podía subir un 10% del tope del valor de la vivienda por características excepcionales en los proyectos, pero ahora se dio la opción de incrementar un 15% en dos departamentos: Montevideo y Canelones. De esa manera, se implementó una diferenciación entre la zona metropolitana y el resto del país, algo que no existía en la resolución original.

No obstante, la posibilidad de aumento se dio en mayor medida para los proyectos que no requieran de participación financiera del Ministerio de Vivienda: antes era de 20% sobre el precio tope que estableció la cartera y ahora es de 35% para Montevideo y Canelones.

Además, la normativa de diciembre introdujo que los proyectos que se localicen en Ciudad Vieja que no requieran participación financiera del Ministerio de Vivienda pueden aumentarse un 35%. También se incluyó en el nuevo reglamento que se podrá incrementar un 20% el valor si se trata de “viviendas ambientalmente sostenibles”, siendo en Montevideo y Canelones de 35%. A modo de ejemplo, la resolución dice que las particularidades de las viviendas que permitan esta excepción pueden ser paneles solares, aberturas de vidrio DVH y generadores de energía eólica.

Dado que la normativa decía que la acumulación de excepciones al precio no podía ser superior al 20%, ahora se estableció que puede ir hasta el 35% por los cambios que se introdujeron.

La resolución ministerial en la que se cambia la normativa tiene la firma de Tabaré Hackenbruch en su rol de ministro de Vivienda interino.

Ante la consulta de El País de si no es cuestionable aumentar el porcentaje de incremento del valor de la vivienda, el subsecretario respondió: “Toda decisión es cuestionable y toda resolución se cambia por otra. Entendemos que permite ampliar la posibilidad de que se construya más en lugares donde la incidencia del valor tierra es mayor”, como es en Montevideo y Canelones.

“Se sigue apuntado a la clase media y media baja con el otorgamiento del subsidio. No vemos ningún inconveniente”, indicó, y añadió que con el nuevo tope una vivienda de dos dormitorios queda en el entorno de los US$ 90.000 con una cuota mensual de entre $ 20.000 y $ 22.000.

Según Hackenbruch, la decisión se tomó por los “resultados” que veían del programa. En los departamentos del interior —continuó el subsecretario— “se venían presentando bastante proyectos pero en Montevideo y Canelones había una incidencia menor”. Y reafirmó: “Fue más un estudio de la realidad que solicitudes de sectores, los que escuchamos. Pero siempre tomamos las decisiones pensando en el ciudadano”.

En el decreto a través del que se creó el programa se explicó que “existen sectores de la población, que por sí mismos, no acceden a viviendas permanentes”, por lo que se creó el plan Entre Todos para “promover y facilitar” su acceso —en zonas urbanas y suburbanas— a quienes están en los niveles “socioeconómicos bajo, medio bajo y medio de la población”.

Los desarrolladores privados pueden presentar proyectos de inversión, los que después son aprobados (o no) por la Comisión de Evaluación Técnica y Asesoramiento (CETA). Hasta el momento, según se informó a El País desde el Ministerio de Vivienda, se ingresaron 110 iniciativas para su estudio, de las cuales se recomendaron 86, que implicarían un total de 4.665 viviendas en distintos puntos del país.

De la cantidad de proyectos que se presentaron al CETA, el 86,6% eran para el interior del país y solo el 13,4% para Montevideo. A su vez, se indicó que se construyeron 397 viviendas, que hay 809 en construcción, y que hay 3.459 sin comenzar obras.

Por otra parte, el ministerio puede dar contribuciones no reembolsables —que, además, son no revisables, por lo que no varían en el tiempo si la persona mejora o empeora su situación económica— de hasta el 30% del precio financiado de la vivienda. El beneficio —se especificó en la normativa— puede tener un plazo mínimo de cinco años y un máximo de 25 años.