Lacalle defendió reforma y rechazó oposición del Pit-Cnt: “No tiene voto en el Parlamento”

SEGURIDAD SOCIAL

joaquín silva

Desde que presentó el anteproyecto de la reforma jubilatoria a sus socios en la coalición de gobierno y al Frente Amplio, la agenda del gobierno de Luis Lacalle Pou va a estar en gran parte signada por la suerte que tendrá esta iniciativa. Es por ello que el primer mandatario busca con todas sus energías un consenso político lo más amplio posible.

Eso explica que en las salidas públicas que ha hecho desde que se reunió la semana pasada con el presidente de la fuerza opositora, Fernando Pereira, el jefe de Estado insiste justamente en el prefijo “ante” de la palabra proyecto, porque entiende que ese término compuesto define su intención política: llegar a un gran acuerdo entre todos los actores detrás de un texto que reúna los aportes y ajustes que sean entendidos como pertinentes y positivos. Eso sí, si con esas incorporaciones se “desvirtúa totalmente” el proyecto original, tampoco va a funcionar.

Pero en las últimas horas el mentado consenso ya mostró ser una meta ideal de muy difícil alcance. Rápidamente se hizo sentir, y de forma bastante clara, la postura de quienes se opondrán a esta reforma, diseñada por el especialista Rodolfo Saldain, quien además fue presidente de la comisión de expertos que elaboró las recomendaciones sobre este tema a fines del año pasado.

En el Frente Amplio todavía no hay una posición formal porque sus técnicos -unos 25- se encuentran en pleno proceso de análisis, pero ya hubo algún dirigente -como el senador del Movimiento de Participción Popular Daniel Caggiani- que, al unísono con la cúpula del Pit-Cnt, señaló de arranque que Lacalle Pou incumple una promesa de campaña.

Porque en 2019, tanto en su programa de gobierno como en declaraciones públicas, aseguró que, en caso de asumir como presidente, encararía la reforma del sistema jubilatorio por ser a mediano plazo inviable, pero que lo haría sin “vulnerar derechos adquiridos ni cambiar las reglas de juego a quienes llevan años aportando” -esto es textual del documento de su programa.

“Es cierto, lo dije, está en todos lados informado”, se apresuró a responder el presidente en la primera de las dos ruedas de prensa que hizo ayer sobre el tema.

A sus espaldas las cámaras mostraban el estadio Centenario, a donde se trasladó para participar del lanzamiento de la candidatura de Uruguay como sede del mundial de 2030, junto con Argentina, Paraguay y Chile. Este era el otro tema del día, pero el de la reforma, que afectará a las generaciones futuras, se impuso.

“Era imposible” cumplir con lo que había dicho en campaña, contestó, sin la intención de “poner excusas”. “Simplemente, y esto es fácilmente comprobable, en 2019 no teníamos los informes; o mejor dicho, los informes del gasto del producto en el sistema jubilatorio decían que al 2060 se iba a llegar a la situación que tenemos en la actualidad”, dijo Lacalle, que prosiguió: “Cuando nombramos un equipo de expertos, una de mis condiciones, uno de mis planteos, era cumplir exactamente con el compromiso electoral. (Pero) a las pocas semanas de estudio, el equipo de expertos, encabezado por Saldain, me dijo: ‘Es imposible’”.

Horas después, fuera de Montevideo, en la localidad de Independencia, en el departamento de Florida, Lacalle volvió a referirse al tema.

Minutos antes había participado de la ceremonia de inauguración de 23 viviendas de Mevir, un proceso de construcción que se hizo en poco tiempo, y gracias al influjo de un grupo de jóvenes que ya se había acercado en 2014 al entonces candidato presidencial. Lacalle, como es usual, tuvo saludos, se sacó selfies, y entregó la primera llave de las viviendas a familias visiblemente conmovidas.

Tras el acto, que tuvo una exposición de ballet del Sodre, Lacalle volvió a pararse ante la línea de micrófonos y, antes de comenzar, adelantó que todo el asunto de la reforma jubilatoria, junto con el lanzamiento de la candidatura al mundial, era el tema sobre el que quería hablar una vez más.

Al respecto, fue consultado por dos cosas: de nuevo por la promesa incumplida, y por las críticas que ya hizo el Pit-Cnt.

Sobre lo primero, repitió lo dicho en el estadio, pero aseguró que, en su defensa, hay dos elementos que buscan de alguna forma compensar el incumplimiento, y contemplar su visión: que el aumento de la edad de 60 a 65 años será gradual entre las generaciones nacidas en 1967 y 1971 -un año más por generación, hasta llegar al nuevo máximo-, y la exclusión expresa de dos áreas de trabajadores: la de la construcción y la de los rurales.

Sobre lo segundo, el presidente fue directo y al hueso. Le preguntaron por las críticas que hizo este lunes el presidente del Pit-Cnt, Marcelo Abdala, que cuestionó que Lacalle no haya elegido “el camino de tener una conversación” con la central sindical, y definió a la propuesta como un proyecto que “recorta derechos”.

“Primero, no entiendo por qué yo tenía que haber presentado el proyecto al Pit-Cnt”, respondió el presidente, que informó además que el diálogo con los sindicatos ocurrirá el jueves, cuando Saldain y el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, tengan un encuentro con la central obrera, según supo El País.

El mandatario también retrucó la acusación de que la reforma buscara recortar derechos. “El recorte de derechos se va a dar si no hacemos nada”, dijo, antes de recordar que la transformación del sistema fue algo anunciado en los gobiernos del Frente Amplio.

“Pero primero lo primero -siguió Lacalle-. Pit-Cnt no es gobierno, es un sindicato (sic). Es como si mañana la Cámara de Industria se queje porque no recibió el proyecto. Capaz que antes estaban acostumbrados a estar más cerca del gobierno o a cogobernar. No es el caso”.

Luego, al ser preguntado por el consenso que quiere a toda costa alcanzar, especificó que “el Pit-Cnt no tiene voto en el Parlamento”, y que lo que está abierto en este momento, mientras dure agosto, es justamente un período para que todos los partidos políticos hagan sus aportes.

El dilema que se le abre ahora a Lacalle es qué hará si no hay siquiera acuerdo en la interna de la coalición de gobierno. Y respondió esto: “En lo persona, me gustaría cumplir con ese compromiso final, que es presentar el proyecto al Parlamento. (Pero) tampoco hago un saludo a la bandera. Porque si no están los votos, ¿para qué lo presento?”.

El sol ya se había puesto, y el presidente Luis Lacalle Pou acababa de terminar la recorrida por una de las 23 viviendas que Mevir inauguró ayer en la localidad de Independencia (Florida). Entonces comenzó la rueda de prensa, y una de las primeras preguntas que contestó fue relativa a la crítica de algunos dirigentes del Frente Amplio en cuanto a la incertidumbre sobre los recursos para financiar el programa Avanzar, que tiene por objetivo trabajar en 15.848 hogares de 120 asentamientos, según la presentación que hizo el gobierno semanas atrás.

“Me perdí esa discusión”, respondió Lacalle ante la consulta de uno de los periodistas. “Están los recursos. De hecho ayer hubo una reunión” para continuar con el diseño de la ejecución del programa, agregó. Para esta iniciativa está previsto que se inviertan cerca de US$ 240 millones, financiado a través de un fideicomiso creado en la anterior Rendición de Cuentas, luego de un largo proceso de discusión en la interna de la coalición de gobierno.

“El dinero está como se comprometió, de la manera como lo comprometió (el Ministerio de) Economía. El problema es hacer que las cosas pasen, no solo tener el dinero. Es coordinar a mucha gente en un tema tan variado como asentamientos hay”, añadió Lacalle, que explicó que “no todos los asentamientos tienen las mismas condiciones ni los mismos problemas, y no todos están sentados en los mismos lugares o terrenos con las mismas características”.

Quien había criticado en el Frente Amplio la financiación de este programa fue la diputada del MPP Bettiana Díaz. Lo hizo hace unos días en su cuenta de Twitter, luego de recibir en la comisión de Presupuesto integrada con Hacienda a la ministra de Vivienda, Irene Moreira, en el marco de la discusión del proyecto actual de Rendición de Cuentas.

“El gobierno anunció una inversión de 240 millones de dólares destinados a la erradicación de asentamientos. ¿Cuál es el problema? Los 240 millones no aparecen”, escribió la diputada en esa red social.