DEBATE

Las redes sociales, esas que surgieron hace más de un cuarto de siglo para el contacto entre excompañeros de los centros educativos, ahora están bajo la lupa. Un informe que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Observatorio Latinoamericano de Regulación de Medios y Convergencia (Observacom) presentaron ayer al Parlamento concluye que “la moderación de contenidos de las grandes plataformas y la creciente concentración en pocas corporaciones constituyen una amenaza a la deliberación pública y la libertad de expresión en Internet”.

Hace más de un cuarto de siglo, cuando surgieron las redes sociales, se pensaba que era un espacio privado de contacto entre pares. Pero luego su relevancia en la comunicación humana y la producción, circulación y selección de contenidos fue creciendo a tal punto que el informe presentado recomienda que “los Estados tienen la obligación de aprobar regulaciones (siempre que sean democráticas) para garantizar el ejercicio de los derechos humanos en línea”.

Aunque, aclara esa misma conclusión, “existen riesgos de que esa intervención afecte los derechos que se quieren proteger y a la propia Internet”. Para llegar a estas y otras posturas, el documento realizó una consulta a 40 referentes uruguayos sobre gobernanza de Internet y libre expresión. Más del 80% de esos consultados consideraron que las principales redes sociales deben ser entendidas como espacios públicos, más allá de la propiedad privada de las mismas. Incluso una cifra similar entiende que las grandes plataformas de contenidos deberían ser consideradas responsables por acciones propias como la remoción de contenidos de interés público protegidos por el derecho a la libertad de expresión.

Como ejemplo, dice el informe, las redes sociales deberían informar sobre sus algoritmos de selección de información, porque “hay un alto nivel de desconocimiento por parte de los usuarios sobre cómo moderan las plataformas los contenidos en las redes sociales y sus derechos allí. Por eso se percibe un bajísimo número de denuncias de moderación de contenidos por parte de las personas usuarias. Hay una tendencia a naturalizar esta acción de las plataformas”. Todos los referentes consultados coincidieron con que las grandes plataformas de contenidos deben publicar informes de transparencia acerca de todas las restricciones de contenido adoptadas, incluyendo las realizadas ante peticiones gubernamentales, judiciales, privadas, así como a raíz de sus políticas de restricción de contenidos.