“UNA CONFRONTACIÓN MÁXIMA”

El gobierno considera que la empresa Montecon, que realiza cargas y descargas de contenedores en los muelles públicos, se alió con el sindicato y ambos buscan una “máxima confrontación” en el puerto de Montevideo, según dijeron a El País dos fuentes ministeriales.

Una de las fuentes manifestó que tanto la empresa como el gremio no quieren que se solucione el conflicto portuario que hoy irá por su tercera paralización. Las medidas sindicales afectan el comercio exterior de Uruguay y de otros países y la salida de la cosecha de soja que en el sector agrícola se considera que podría ser histórica.

Los hechos revelan dos posiciones distintas de Montecon en el Ministerio de Transporte en un mismo día: en una reunión entre jerarcas de ese ministerio y directivos del consorcio se dialogó sobre los 150 despidos en esa empresa previstos para fin de mes. Horas más tarde, la compañía trasmite al Ministerio de Transporte que deja sin efecto dicho anuncio que fue el detonante del actual conflicto en el Puerto.

Pero, hay que retrotraerse a casi un mes atrás para comprender un rompecabezas inédito en la historia de la terminal portuaria que tiene a protagonistas a empresas multinacionales.

El 16 de abril pasado, el gerente general de Montecon, Martín González, dijo a El País que el decreto 115 -que otorga prioridad en los atraques a la Terminal Cuenca del Plata/Katoen Natie en función del acuerdo firmado entre la compañía belga y el Estado uruguayo- causó a la firma que dirige la pérdida de dos servicios navieros que generaban 180.000 movimientos de contenedores por año.

Los exclientes de Montecon, la naviera Mediterranean Shipping Company (MSC) y la línea GS1 de la naviera Hapag Lloyd, pasaron a TCP/Katoen Natie, dijo González.

Diez días más tarde, el 26 de abril pasado, la empresa chilena Neltume Ports S.A. y la compañía canadiense ATCO Ltd., accionistas de Montecon, dieron inicio a los mecanismos de solución de controversias -arbitrajes internacionales- previstos en los tratados de promoción y protección de inversiones rubricados por Uruguay con Chile y Canadá.

Según un comunicado de Montecon, la controversia tiene su origen en las medidas adoptadas por Uruguay en ocasión del acuerdo suscrito entre el Poder Ejecutivo y Katoen Natie que le otorga a la compañía belga la prioridad en la carga y descarga de contenedores en el puerto capitalino.

El martes 3, Montecon informó al sindicato portuario (Supra) que a fin de mes iba a despedir a 150 trabajadores y le reduciría la cantidad de jornales asegurados a otros empleados. Además, habrá una rebaja de hasta 50% en el salario de algunos empleados, informó el gremio en un comunicado.

Ese mismo día, el presidente del sindicato portuario, Álvaro Reinaldo, señaló en rueda de prensa que el conflicto “está en la puerta” y luego cuestionó el acuerdo alcanzado entre el gobierno y la firma belga Katoen Natie. “Hubiésemos preferido equivocarnos, pero lo venimos anunciando y sistemáticamente se vienen dando los anuncios: este acuerdo no es bueno y va a traer perjuicios en el puerto. Al irse otra línea más de Montecon a la Terminal Cuenca del Plata inevitablemente la empresa (Montecon) no puede sostener más a estos 150 trabajadores”, dijo el gremialista en defensa del consorcio.

El viernes 6 se cumplió el pronóstico de Reinaldo. Ese día comenzó un paro en el Puerto en apoyo a los trabajadores de Montecon. La medida generó filas de camiones cargados de hasta 12 kilómetros de extensión y demoras de hasta cinco horas para realizar las descargas. Ese mismo viernes, el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, dialogó con el gremio portuario pero puntualizó que la paralización se realizaba por un mero anuncio de despidos y sin que la empresa planteara oficialmente al MTSS que iba a realizarlos.

A las 7 de la mañana de este lunes, el sindicato resolvió una segunda paralización. Esta vez la medida afectó el ingreso y salida de mercaderías de los depósitos extraportuarios y de aquellos ubicados dentro del puerto. Ello impide la carga y descarga de buques portaconenedores.

La afectación económica al puerto era de entidad, según el vicepresidente de la ANP, Daniel Loureiro. El jerarca agregó que la medida afectó exportaciones, importaciones y mercaderías de otros países en tránsito.

Ante el impacto negativo de las movilizaciones, el gobierno apuntó este lunes a dos líneas de negociaciones: una, llevada adelante por el ministro de Transporte, José Luis Falero, y el subsecretario de la cartera, Juan José Olaizola, con jerarcas de Montecon, y otra, realizada por el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, con el sindicato portuario.

En la mañana del lunes, como ya se dijo, Falero y Olaizola dialogaron con Montecon para conocer detalles de los 150 despidos anunciados. Ambos jerarcas de Transporte también querían hablar sobre el hecho de que la empresa no podría cumplir con los jornales asegurados para todas las categorías de empleados. Se trata de un régimen establecido en el convenio firmado entre Montecon y el gremio. Por ejemplo, si un trabajador realiza 15 jornales, la empresa le paga 19 en función de la categoría. Otras categorías tienen asegurados el cobro de 23 y de 25 jornales.

Montecon trasmitió a las autoridades de Transporte que solo podría asegurar el pago de 15 jornales para todas las categorías.

Los intentos del gobierno para destrabar el conflicto portuario continuaron ese día en el Ministerio de Trabajo. A las 13:00 horas de ese lunes, Mieres trasmitió a los dirigentes del gremio portuario una propuesta generosa: la creación de un subsidio especial por un año para los trabajadores despedidos que alcanza hasta el 70% de sus retribuciones. (Ver nota aparte).

Por la tarde, los jerarcas de Montecon, en un giro que sorprendió a integrantes del gobierno, plantearon al ministro Falero y al subsecretario Olaizola que dejarían sin efecto los 150 despidos y que enviarían a 125 trabajadores al seguro de paro.

“La empresa cambió las reglas de juego y generó confusión para armar lío. Busca razones para trancar las negociaciones (entre el gobierno y el sindicato). Se procura una confrontación máxima en el Puerto de Montevideo”, afirmó un integrante del Poder Ejecutivo a El País.

En tanto, fuentes de Montecon dijeron a El País que “la empresa tomó esta medida para descomprimir la situación” y “en el convencimiento de que ya está habiendo congestionamiento en el puerto de Montevideo”, situación que “se va a agravar en 30 o 40 días a causa de toda la operativa que TCP no está pudiendo atender y que se está yendo del puerto de Montevideo”.

“Tenemos un compromiso con el Puerto de Montevideo y esta medida busca poner primero al puerto y al país”, explicaron las fuentes.

El conflicto continúa.